VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana ha perdido cuatro puestos en el ranking regional de PIB per cápita desde 2002, año en el que se aprobó un sistema de financiación autonómica (SFA) que dejó a los valencianos en el furgón de cola en financiación per cápita. Un furgón en el que se mantuvo después de la reforma de 2009 y del que no parece que vaya a salir a medio plazo, dado el poco interés que muestra el Gobierno por abordar una reforma pendiente desde 2014.

En 2002 la Comunitat Valenciana ocupaba el octavo lugar del ranking autonómico en PIB per cápita, un 4,7% por debajo de la media. En 2024 ocupaba la duodécima posición, un 13,8% por debajo de la media, habiendo sido superado por Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, comunidades que están entre las más beneficiadas por el sistema de financiación autonómica.

El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Francisco Pérez, señaló este martes que "las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas -Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia- son comunidades que están por debajo de la media en PIB per cápita, no convergen a la media, y en algún caso, como el de la Comunitat Valenciana, divergen respecto a la media". Y lo mostró con un gráfico que muestra los cambios desde 2000 a 2023.

Según explicó el director del Ivie, la evolución del PIB "es una cuestión que no depende solo, pero también depende de las políticas de desarrollo regional, que están condicionadas por los recursos de los que se disponen para ella". Y estas cuatro comunidades son las que menos recursos tienen para esas políticas porque, al estar infrafinanciadas, son las que más porcentaje de su presupuesto dedican a gasto público fundamental año tras año.

Francisco Pérez, que intervino en la Jornada de Financiación Autonómica y Comunidades Infrafinanciadas, celebrada en Sevilla, explicó que para las comunidades infrafinanciadas es más difícil proporcionar a sus ciudadanos el mismo nivel de prestaciones en salud, educación y protección social que el ofrecido por término medio en el resto de los territorios. Para lograr esa meta necesitan dedicar al gasto en servicios fundamentales un porcentaje mayor de sus recursos no financieros. Así, el conjunto de estas cuatro comunidades ha dedicado a estos servicios el 86,3% de sus ingresos en el conjunto del periodo 2009-2022, frente a una media del 81,6%, y en 2022 el 89% frente a una media del 83%.

De esta forma, según el informe del Ivie elaborado por Francisco Pérez en colaboración con el investigador del Ivie Juan Pérez, "para las comunidades infrafinanciadas es imposible financiar las restantes políticas autonómicas −de desarrollo económico y territorial, política de infraestructuras y de vivienda, políticas activas de empleo, de medio ambiente, política cultural, etc.− a un nivel cercano al que las despliegan otras comunidades, y en particular las mejor financiadas". Una situación que "afecta a la capacidad financiera de las comunidades infrafinanciadas a la hora de poner en marcha políticas de desarrollo regional y las enfrenta a incurrir más al déficit para alcanzar el gasto medio en esas políticas".

A estas dos consecuencias, tener que destinar más presupuesto a gasto social y disponer de menos fondos para políticas de desarrollo regional, con el consiguiente impacto en el PIB, se une una tercera que agrava más la situación: la necesidad de endeudarse para financiar el inevitable déficit. Una situación que padece el conjunto de las CCAA de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra- debido a la insuficiencia general de recursos en el sistema de financiación, pero que padecen más las infrafinanciadas porque todas están mal financiadas -lo que Pérez denomina "insuficiencia colectiva"- pero unas más que otras -"infrafinanciación relativa"-. La deuda genera un gasto en intereses que merma aún más la capacidad de gasto de las CCAA infrafinanciadas.

Tres de las cuatro CCAA peor financiadas -Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, por este orden- ocupan los tres primeros puestos del ranking de deuda regional en relación al PIB. La excepción es Andalucía, situción que, según Pérez, se explica porque el nivel de endeudamiento tiene mucho que ver con la infrafinanciación pero no solo con eso, también con "los comportamientos frente al gasto" de los gobiernos autonómicos.

Según explicó, la deuda de las regiones peor financiadas es especialmente elevada porque en su caso se suma la infrafinanciación que todas padecieron en los años de crisis, con la derivada de su insuficiencia relativa. En las regiones infrafinanciadas la deuda alcanza "niveles incompatibles con financiarse en los mercados", por lo que estas autonomías dependen por completo de la asistencia financiera del Estado, a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que facilita recursos que se suman a la deuda anterior y por los que también se paga intereses.

El director del Ivie destacó que la propuesta de condonación de deuda que ha planteado el Ministerio de Hacienda este año no es suficiente para acabar con el problema del endeudamiento de las CCAA más infrafinanciadas, por dos razones. La primera, que solo cubre el 50% de la deuda provocada por la "infrafinanciación colectiva" que padecen todas las CCAA derivada de la gran recesión. Y la segunda, que no tiene en cuenta la infrafinanciación relativa que se traduce en desigualdad de recursos entre regiones.

Ruth Merino pide "valentía" a Montero

En la Jornada de Financiación Autonómica y Comunidades Infrafinanciadas participaron en una mesa redonda los consejeros de Economía y Hacienda de Andalucía, Carolina España, de Murcia, Luis Alberto Marín; de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino -las tres gobernadas por el PP-, y de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz, quienes coincidieron en tildar de "lesivo" el actual sistema de financiación autonómica y en la necesidad de acometer de manera "urgente" su reforma. No hubo representación del Gobierno central, a quien todos coincidieron en señalar como responsable de pilotar la reforma del SFA.

Ruth Merino reclamó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "valentía y responsabilidad" para plantear a las comunidades autónomas una propuesta de reforma del sistema de financiación "negociada y pactada entre todos, con más aportación de recursos por parte del Estado para garantizar la equidad y la suficiencia" en lugar de embarcarse en negociaciones bilaterales para "dar más a quienes más tienen".

"La ministra Montero tiene un pasado que está muy presente y ella misma tiene claro que la desigualdad entre españoles es una injusticia que se debería solucionar cuanto antes, pero la financiación singular de Cataluña es el elefante en la habitación", lamentó Merino en referencia a la "dependencia" del Gobierno de España de los acuerdos con sus socios independentistas.

Por su parte, el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, señaló que el importante problema de natalidad que sufre España, unido al envejecimiento de la población, es "un reto que no se está abordando" y que supone que los gastos en sanidad y dependencia de las CCAA ya supongan más del 80 % del gasto de las CCAA infrafinanciadas.

Monzó intervino en una segunda mesa sobre "Desafíos de la gestión presupuestaria autonómica ante escenarios persistentes de insuficiencia de recursos", junto a responsables técnicos y políticos en materia de hacienda pública y financiación autonómica de las otras tres autonomías participantes en esta jornada.