VALÈNCIA. A pesar del señalamiento directo de varias acusaciones particulares y populares en la causa de la Dana hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la jueza encargada de la investigación ha rechazado en varias ocasiones la declaración como investigados tanto del presidente del organismo estatal, Miguel Polo, así como de otros empleados de la Confederación al considerar que sí hizo el traslado de los datos de los caudales del barranco del Poyo registrados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

La titular del juzgado de de Instrucción 3 de Catarroja sí ha considerado conveniente citar en calidad de testigos tanto a Polo como a la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola, si bien todavía no ha señalado fecha para su declaración, habida cuenta de la gran cantidad de damnificados y testigos pendientes, incluidos numerosos alcaldes de la 'zona cero'. Las partes, de hecho, siguen pidiendo algunas testificales.

Por ejemplo, este lunes una de las acusaciones particulares solicitó a la magistrada la citación como testigos de otros cuatro miembros de la Confederación. Más bien, reiteró la petición efectuada en otros escritos sobre la que la jueza todavía no se ha pronunciado. Destacan, por ejemplo, dos técnicos del organismo vinculados precisamente al SAIH, el sistema de registro de caudales que transmitía la información del barranco del Poyo con datos cincominutales y que, tal como ha defendido la CHJ, estaban disponibles en tiempo real para los responsables de la emergencia.

Se trata del jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y una operadora y documentalista de este sistema. Además de ellos, la acusación pide que la jueza siente a declarar como testigos también al director técnico de la Confederación, Manuel Torán, y el jefe de servicio de Policía de Aguas del ente, Ricardo Domínguez. Todos ellos, junto a la comisaria de Aguas y el propio presidente de la CHJ, fueron receptores de un correo electrónico interno a las 17:56 de la tarde fatídica donde se informaba de la crecida súbita del caudal en el barranco del Poyo.

Por el momento, la magistrada ha señalado en varios autos que no hay indicios de criminalidad del presidente de la CHJ al considerar que la "ausencia de información" denunciada por los investigados -la exconsellera Salomé Pradas y Emilio Argüeso- está "desmentida" porque la CHJ envió el famoso correo electrónico a las 18:43h con los datos del SAIH, y porque además existía "la posibilidad de acceso al mismo", de manera que "no procede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo".