VALÈNCIA. Tras más de un año de investigación, y después de que hayan declarado los testigos clave en la causa de la Dana así como múltiples técnicos del departamento de Emeregncias de la Generalitat Valenciana, la jueza de la Dana puede hacerse una reconstrucción más o menos fiable de lo que ocurrió aquella tarde en el Cecopi. En ese sentido, no se espera que las últimas declaraciones de técnicos puedan aportar mucho más a lo que ya consta en la instrucción. Por ello, la declaración de un empleado del 112 sorprendió este martes a todas las partes.

El trabajador autonómico, operador de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), confirmó aspectos ya de sobra conocidos. Por ejemplo, que el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, pidió a los empleados del 112 que tramitaran peticiones de auxilio que le llegaban al móvil de parte de conocidos. También expuso los numerosos problemas que vivieron en la 'centralita' del 112, que si bien "no se cayó", sí "colapsó" por la "avalancha de llamadas e información" que llegó aquel día.

Lo impactante fue la parte del interrogatorio en la que el técnico aseguró que "todo el mundo" en el 112 conocía que los bomberos movilizados a mediodía para vigilar el barranco del Poyo se habían retirado. De hecho, aseguró que él se entero después de comer porque alguien lo dijo en la sala, si bien el empleado supo concretar quién lo dijo y dejó caer que él era el "último", por lo que cuando él se enteró, el resto de la sala ya era conocedora de todo esto.

Cabe recordar que la investigación judicial de la Dana ha constatado como uno de los errores más notorios de aquella tarde la ausencia de medios en la vigilancia de cauces in situ, que pudieran alertar de lo que estaba pasando. El centro de emergencias de la Generalitat Valenciana ordenó movilizar al Consorcio Provincial de Bomberos, una de cuyas unidades fue a comprobar el estado del barranco pero, al ver que había bajado el nivel del caudal, se retiró.

Así pues, la desmovilización de los agentes ha suscitado una suerte de batalla interna entre los técnicos de Emergencias de la Generalitat Valenciana y los agentes del cuerpo provincial de bomberos. Mientras los primeros insisten en que no ordenaron ninguna retirada y niegan que los bomberos les avisaran de la misma; los segundos, por su parte, achacan la decisión a la falta de instrucciones por parte del centro de emergencias y sostienen que sí avisaron de que se iban a través de un canal de radio que nadie en Emergencias pareció escuchar.

Hasta ahora, todos en Emergencias habían declarado que desconocían la retirada de los bomberos, por lo que la testifical de este martes a los presentes en el interrogatorio, tanto a los abogados como a la jueza de la Dana, que insistió en preguntarle por esto, dado que es un aspecto clave. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra intentó tirar del hilo para que el operador aclarara a qué hora fue consciente de la desmovilización y le afeó que este respondiera versiones contradictorias.

"Me ha dicho 14.45h, luego 16h y luego 19h, primero que se lo dijo Torres, luego Ezpeleta, luego mucha gente... Entonces, ¿todos lo sabían?", insistió la jueza, quien ha considerado que el testigo se estaba "arrepintiendo". El interrogatorio ha subido de tono hasta el punto de que la jueza le recordó que, como testigo, tiene obligación de decir verdad. "No puede decirme una cosa y luego que no está seguro", le espetó. El abogado de una de las acusaciones le llegó a recordar el delito de falso testimonio.

El operador se mostró dubitativo e incluso pidió perdón y acabó diciendo que el hecho de que todos lo sabían era una mera suposición porque si alguien lo dijo es porque habrían "oído algo". Ante la insistencia de la magistrada, declaró que le "hacía dudar" y defendió que no estaba mintiendo sino que no recordaba bien lo sucedido. Con todo, se reafirmó en que en la sala de Emergencias conocían la desmovilización, incluyendo a técnicos y "otros cargos" que entraban y salían de la sala como el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, quien en su declaración negó conocer este extremo.