VALÈNCIA. La Diputación de València ha ordenado al cuerpo de bomberos el mantenimiento de los servicios mínimos en plena temporada de incendios y en medio de unas tensas negociaciones con los sindicatos, que acordaron una negativa a realizar horas extra desde el pasado 28 de junio ante la falta de personal que arrastra el cuerpo provincial. Este rechazo ha hecho que cada día haya entre tres o cuatro parques del Consorcio cerrados, afectando a servicios ordinarios, en protesta por el uso abusivo de las horas extra por parte de la administración para suplir las carencias estructurales de la plantilla.

Así pues, el pasado martes, el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el diputado del ramo, Avelino Mascarell, remitió un requerimiento a la jefatura accidental del cuerpo para que adoptara las "medidas necesarias" para cumplir con los decretos aprobados relativos al mantenimiento de la estructura operativa y distribución de mínimos "mientras persistan las medidas del conflicto colectivo. De esta manera, en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, ordena a todo el cuerpo "la prestación de los servicios que sean necesarios para asegurar la operatividad y la garantía de mínimos".

Por ello, la jefatura ha trasladado esta orden al cuerpo, poniendo especial énfasis en uno de los puntos de los decretos aprobados ante los paros, que obliga a "la presencia de personal de fuera de guardia para cubrir" los mínimos o, en el caso de una emergencia, "la necesidad de mayor personal". Y apunta que deben ser los oficiales jefes de guardia, como máximos responsables de su turno, los que han de dar la orden a los sargentos o jefesde parque para que "requieran por escrito al personal de su zona que sea necesario para cubrir los mínimos en su próxima guardia".

Además, el diputado de Bomberos ha recordado a la jefatura que "debe tener un registro de seguimiento diario de las medidas adoptadas por si fuera requerido". Así pues, la jefatura ha dado la orden de que se le informe diariamente del personal que ha sido requerido y "en su caso las incidencias que pudieran producirse".

La falta de personal que acumula el cuerpo desde hace años es, precisamente, una de las principales quejas de la plantilla, lo cual ha motivado el inicio de los paros al no llegar a un acuerdo con el Consorcio sobre las inversiones de los próximos años. La situación está afectando a los servicios ordinarios, como explicaron en su momento las mismas fuentes sindicales, quienes señalaron que alguanas actuaciones se están viendo retrasadas por la falta de efectivos e incluso, en algún caso, han teniendo que intervenir dispositivos de Alicante.

La negativa de los sindicatos residía en que el texto propuesto por la Diputación no cumplía con el preacuerdo de marzo, de 9 millones de euros. La corporación esgrime un informe del interventor según el cual aquel texto obligaría a la Diputación a vulnerar la regla de gasto para las entidades locales. Como ejemplo de la situación que atraviesa la plantilla, los sindicatos explicaron que, por ejemplo, durante la reciente emergencia provocada por la Dana, los bomberos trabajaron sin descanso y que casi el 40% de la plantilla estaba sin cubrir por falta de contratación.

La negociación, por ahora, continúa en la sombra y no se descarta llegar a un acuerdo. Sin embargo, la postura de la Diputación permanece invariable en cuanto al importe que puede invertir, limitado por la regla de gasto. Habrá que ver, por tanto, cómo se distribuye la partida y qué es lo que se prioriza, habida cuenta de que también hay reclamaciones sobre medios materiales e instalaciones.

La denuncia en Antifraude de 2022

Pero no es un problema reciente, como evidencia la denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude presentada en 2022, y que tras dos años y medio sigue sin tener una resolución. Ya entonces se denunciaba que se estaban realizando "horas extraordinarias estructurales en todas las categorías" sin que la administración "hubiera tomado las medidas pertinentes y suficientes para revertir" la situación.

En ese sentido, la denuncia exponía que la corporación provincial había sacado varios procesos selectivos pero sin "la celeridad debida" y sin ser "continuados en el tiempo según la necesidad", con múltiples consecuencias tanto para el servicio público como para el buen uso de los recursos públicos.