VALÈNCIA. El megaproyecto urbanístico bautizado como el 'Manhattan de Cullera' ha estado a punto de morir por el silencio administrativo del Ayuntamiento del municipio de la Ribera Baixa (del PSPV-PSOE), pero la Generalitat le ha concedido una última oportunidad para ponerlo en marcha después de que la propia corporación municipal votara el pasado mes de febrero a favor de adaptar este plan junto a PP y Vox.
En concreto, la Dirección General de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente ha advertido al consistorio de Cullera que tiene dos meses de plazo para entregar la documentación que justifique el retraso de las obras del Manhattan o declarará el suelo como no urbanizable, tal y como establece el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL).
El escrito, al que ha tenido acceso Plaza, subraya que el consistorio no ha demostrado que las obras empezaran antes de que venciera el plazo fijado por el PATIVEL, el plan autonómico que protege la franja litoral de la Comunitat Valenciana. Tampoco ha justificado ninguna causa externa que impida el desarrollo del suelo. Además, subraya que el ayuntamiento no ha respondido a ninguno de los requerimientos previos de la Conselleria, pese a que han sido varios.
"De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/15, conceder al Ayuntamiento de Cullera, un trámite de audiencia de dos meses, a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes", reza el documento, que establece también que el Sector NPR-5 Vega Port del municipio de Cullera, donde se asienta el megaproyecto, se somete a las consecuencias previstas en el punto 2 de la Disposición Transitoria Primera del PATIVEL.
En el marco del PATIVEL se contempló una oportunidad limitada a los llamados "suelos transitorios", aquellos que ya tenían un programa aprobado, para que iniciaran y completaran sus obras en un plazo concreto. Tal y como recuerda Urbanismo en el escrito, no cumplir con esa condición implica que esos terrenos pasan a estar sujetos al régimen de protección del PATIVEL. Por tanto, el megaproyecto Manhattan decaerá si el Ayuntamiento no presenta la justificación del retraso de las obras en los próximos dos meses.
Al igual que Cullera, los ayuntamientos con suelos transitorios deberían haber comenzado las obras de urbanización antes del 12 de mayo de 2023 para mantener la condición de urbanizables. Si por el contrario, tales obras no comenzaron en dicha fecha, se procederá a la desclasificación del suelo, que pasará a ser no urbanizable. Eso sí, si finalmente existe una causa impeditiva del desarrollo del suelo no imputable al ayuntamiento, no se empezará a contar el plazo de cinco años hasta que se resuelva. Es ahí donde el Ayuntamiento de Cullera podría encontrar la baza para resucitar el megaproyecto que apoyó el pasado mes de febrero junto a PP y Vox al votar a favor de una adaptación a nuevas reglas urbanísticas.
No obstante, el sector NPR-5 Vega Port lleva paralizado unos 15 años y sigue sin avances claros. De hecho, la Generalitat sostiene en el mismo escrito que no se puede garantizar que llegue a desarrollarse ni qué extensión exacta tendría, lo que, según el informe, "desvirtúa la naturaleza misma del PATIVEL".
En cualquier caso, antes de resolver, la Conselleria concede al consistorio un plazo de dos meses para alegar lo que considere oportuno y aportar la documentación que justifique esta actuación urbanística que lleva 15 años en el tintero y que ha suscitado la polémica por ubicarse en el litoral.
Más de mil VPO, un puerto depotivo y varios hoteles
El origen del proyecto se remonta al año 2010, cuando la corporación municipal que lideraba el entonces alcalde del Partido Popular (PP), Ernesto Sanjuán, aprobó el PAI Bega-Port con el respaldo de su grupo y la abstención del PSPV. Desde el principio, el plan se presentó como una gran operación que transformaría el litoral sur de Cullera.
El PAI contemplaba 610.000 metros cuadrados de suelo urbanizable junto a la desembocadura del río Júcar, con previsión de levantar hasta 35 torres de 25 alturas, varios hoteles, un puerto pesquero y otro deportivo, un colegio de doble línea, grandes zonas verdes y más de un millar de viviendas de protección oficial. Aquella visión, nacida en plena resaca de la burbuja inmobiliaria, no tardó en toparse con la realidad.
La crisis financiera de 2008 dejó sin financiación ni promotor al plan. En 2013, el propio Sanjuán anunciaba que el desarrollo quedaba en suspenso ante la imposibilidad de abordar unas obras valoradas en más de 90 millones de euros.
A partir de 2015, con el cambio político en el consistorio y la llegada del socialista Jordi Mayor a la alcaldía, se abrió una etapa de 'redifinición del proyecto' bajo premisas de sostenibilidad y racionalización del diseño urbanístico. Tres años más tarde, en 2018, el Ayuntamiento de Cullera llegó incluso a anular el convenio con el agente urbanizador.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) forzó al consistorio a asumir la gestión directa del PAI. Desde entonces, su tramitación ha seguido un curso errático y lleno de obstáculos. El último impulso se produjo el pasado mes de febrero, cuando el pleno municipal aprobó en una sesión extraordinaria una adaptación del plan para ajustarlo a los nuevos parámetros urbanísticos.
La medida obtuvo el apoyo del PSPV, PP y Vox, con el único voto en contra de Compromís. La propuesta incluía una reducción del coste de urbanización de los 100 millones de euros estimados en unos 91, al mismo tiempo que abría un plazo de dos meses para que los propietarios decidieran si pagarían su parte en efectivo o cediendo suelo al ayuntamiento.
El pasado 14 de abril, el grupo municipal de Compromís presentó un escrito de siete alegaciones en el que se cuestiona, desde distintos frentes legales, económicos y ambientales, la continuidad del polémico proyecto urbanístico.
En este sentido, considera que esa adaptación del plan para ajustarlo a los nuevos parámetros urbanísticos es un "intento de resucitar un modelo urbanístico agotado". En las siete alegaciones el grupo municipal advierte que buena parte del suelo sobre el que se proyecta el 'Manhattan' está afectado por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado en 2008.
El grupo municipal también apunta a la reciente normativa aprobada por la Generalitat Valenciana tras la Dana del 29 de octubre, que obliga a los municipios afectados a realizar estudios específicos de inundabilidad antes de iniciar cualquier actuación urbanística. Compromís sostiene que Cullera no ha cumplido esta exigencia y que avanzar la tramitación del PAI sin ese estudio podría condicionar todo el procedimiento.
