VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó el pasado viernes que en la Comunitat Valenciana se está "en un momento de extraordinaria necesidad" y al "borde del colapso" de los servicios sociales por no poder abonar a las empresas que prestan estos servicios los millones de euros que les debe, algo en lo que abundaron en días posteriores varios consellers, el Ejecutivo autonómico en una declaración institucional y la vicepresidenta Susana Camarero este miércoles.

Prueba de las dificultades de tesorería del Consell es que en enero tuvo que pedir al Gobierno un anticipo de 500 millones de euros a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2023, que se abonará a las CCAA en julio y que en el caso de la Comunitat Valenciana asciende a 2.000 millones. Pero no fue suficiente. Según ha confirmado la Generalitat, el Consell ha solicitado más anticipos a cuenta de ese dinero que tiene que llegar dentro de dos meses, aunque preguntados por este periódico, ni la Conselleria ni el Ministerio de Hacienda han revelado cuál es la nueva cantidad anticipada.

No es el primer año que la Generalitat solicita un anticipo de la liquidación en el primer semestre para aliviar las cuentas, sino que es algo habitual, lo que revela las tensiones de tesorería crónicas que padece la administración autonómica. De hecho, el Gobierno de Ximo Puig, que lo pidió durante varios años, llegó a solicitar en 2018 un anticipo de la totalidad de la liquidación de dos años antes, 1.568 millones, aunque el ministerio entonces dirigido por el popular Cristóbal Montoro -hasta que en junio se produjo la moción de censura- sólo le concedió la mitad, 784 millones.

El Consell de Puig, del que formaba parte el actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, solicitó con insistencia durante varios años que el Gobierno calendarizase, mes a mes de enero a junio, la entrega de la liquidación del modelo de financiación, o al menos el 80% de la misma, "con el fin de poder realizar una gestión ordenada de su tesorería y que las empresas no sufran retrasos en el abono de sus deudas". Ni Montoro ni su sucesora, la socialista María Jesús Montero, accedieron a esa petición, por lo que la liquidación se sigue abonando cada año en julio. Eso sí, con anticipos si se solicitan.

A vueltas con el Extra FLA

La misma calendarización mensual pidió Puig para el Extra FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a pagar las facturas que no se pudieron abonar el año anterior por el exceso de déficit, que se libera en dos tramos: un 75% en julio y un 25% en diciembre. Y con el mismo resultado, de manera que se sigue abonando en julio y en diciembre.

El Extra FLA, o más bien su ausencia, ya que el Gobierno no incluyó este habitual mecanismo de liquidez en la planificación de la financiación autonómica de 2025, es el motivo por el que el Consell ha intensificado sus protestas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien este jueves visita València sin que haya en la agenda ninguna reunión con el Gobierno autonómico. El Ministerio de Hacienda no ha respondido a las demandas de la Generalitat sobre el Extra FLA y tampoco responde a las preguntas de los medios de comunicación. Este periódico ha preguntado a diario desde el pasado jueves si está previsto activar el Extra FLA y cuándo. La cantidad que le tocaría a la Comunitat Valenciana es 2.495 millones de euros, correspondiente al déficit de 2024.

Con todo, el problema de tesorería de la Generalitat se ha visto agravado este año no tanto por la no aprobación del Extra FLA, que en condiciones normales no habría llegado todavía, sino por la falta de actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. Las CCAA reciben cada mes -ahí sí hay calendarización- una doceava parte del dinero que les corresponde del sistema de financiación autonómica, procedente de la recaudación de impuestos que realiza la Agencia Tributaria.

Sin embargo, en 2025 está recibiendo el mismo dinero que en 2023 debido a que no se han presentado ni aprobado los Presuspuesto Generales del Estado. Esto supone para la Generalitat unos 165 millones menos cada mes, un dinero que la Hacienda estatal sí está recaudando pero que no llega a las CCAA porque el Gobierno no ha actualizado dichas entregas a cuenta, como le han pedido insistentemente las comunidades. En 2024 ocurrió lo mismo, tampoco hubo presupuestos, y el Gobierno no actualizó las entregas a cuenta hasta junio y hasta septiembre no pagó a las CCAA la deuda que había ido acumulando desde enero.

Reunión en el Palau

Como adelanto Plaza, Carlos Mazón ha convocado a representantes de los sectores que prestan servicios a la administración autonómica a una reunión en el Palau de la Generalitat este jueves para explicarles por qué no están cobrando como es debido. A la reunión en el Palau están convocados proveedores de servicios públicos de ámbitos como sanidad, educación, limpieza, residencias de mayores o transportes, algunos de los cuales acumulan deudas millonarias con facturas pendientes de 2024.