ALICANTE (EFE/AP). La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial del ayuntamiento de Alicante, Paloma Romero, ha declarado este miércoles ante la jueza que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas (VPP) de la Playa de San Juan que el promotor presentó su oferta por los terrenos tan sólo 24 horas después de la publicación de los pliegos.

Según fuentes jurídicas, así lo ha relatado en calidad de testigo Romero a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad en una jornada en la que declarará como investigada la exconcejal de Urbanismo y beneficiaria de una de las viviendas públicas, Rocío Gómez, del PP.

Según las mismas fuentes, al pliego se presentaron cinco ofertas pero la que finalmente resultó adjudicataria, la promotora Fraorgi, presentó la documentación al día siguiente de conocerse los requisitos, sin que Romero haya podido aclarar a la magistrada el motivo de que esta celeridad fuera posible.

También ha comentado que entre 2022 y 2025 no había nadie nombrado por el ayuntamiento para controlar técnicamente la obra, pese a que internamente se solicitó en ocasiones a la Concejalía de Urbanismo, y ha añadido que el 15 de enero de 2026 ella se enteró de quienes eran los adjudicatarios al recibir de la mercantil Fraorgi el listado de los socios cooperativistas que compraron las viviendas.

Además, ha señalado que no hubiera permitido que el arquitecto municipal Francisco Nieto, uno de los compradores, hubiera participado en las reuniones de seguimiento sobre el contrato de enajenación del solar municipal en el que se construyó la promoción de Les Naus, si hubiera sabido que iba a tener una de las viviendas. Además, respecto al informe emitido en enero en el que advirtió de la posibilidad de que se hubiese incurrido en un supuesto conflicto de interés o de incompatibilidad al tener conocimiento de la identidad de los adquirientes, ha señalado que había un borrador con los nombres de los implicados, pero que no recuerda por qué posteriormente en el mismo se omitió la identidad de los adjudicatarios.

Por su parte, otro de los testigos, el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa, quien ha señalado que en varias reuniones el promotor de Fraorgi, Francisco Ordiñana, que está investigado, exigía al ayuntamiento una compensación económica con el argumento de que había pagado mucho por el suelo. Las mismas fuente jurídicas han indicado que su departamento pidió desde 2022 a la concejala que les asignaran un técnico arquitecto pero que no se les dio una respuesta clara.

Las declaraciones de los testigos han antecedido a la citación más esperada de la jornada, la de la exconcejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, a la que también seguirá, con tres investigados más, la de la exdirectora general municipal de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas.

El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha provocado las referidas dimisiones de la concejal de Urbanismo y la directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, además de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el ayuntamiento como en Les Corts Valencianes.