VALÈNCIA. La investigación judicial de la Dana ya ha visto pasar por el juzgado de Catarroja a una gran cantidad de familiares y damnificados por la catástrofe así como a los máximos responsables políticos aquellos días y algunos técnicos. La jueza encargada de la instrucción mantiene un ritmo frenético de comparecencias que incluye también peritos y expertos para intentar conformar un puzle completo sobre lo que ocurrió la fatídica jornada del 29 de octubre. Pero sobre todo, lo que ocurrió en los peores momentos de la Dana en el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Así se demuestra en las citaciones acordadas por la titular del juzgado de instrucción 3 de Catarroja, encargada de la instrucción, que está poniendo el foco en especial en todos y cada uno de los escalones de la Conselleria de Interior -ahora de Emergencias- que dirigía entonces Salomé Pradas, y que tenía como número dos al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos únicos investigados en la causa. Además de ellos dos, la instructora ha pedido que desfilen al menos 23 trabajadores y cargos técnicos de dicho departamento.
La magistrada no ha escondido en ningún momento su consideración de la Generalitat Valenciana como responsable directa y, hasta el momento, exclusiva de la alerta tardía a la población, tal como ha reflejado auto tras auto, donde por ahora ha eximido de responsabilidad a otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Su objetivo, así pues, es reconstruir quién hizo qué y con qué información en la administración autonómica, por lo que es esta la institución que aglutina la mayoría de testigos citados.
No hay más que ver el calendario que maneja la magistrada para estas semanas, con una media de entre dos y tres comparecientes semanales vinculados a Emergencias. Desde el jefe de Unidad de Análisis y Seguimiento, que acudió este martes, pasando por dos jefes de servicio de Emergencias y la coordinadora de Recursos y Protección Civil hasta varios empleados de la empresa externa que gestiona el 112, Ilunion Emergencias. Pero también un técnico medio de Protección Civil, una técnica superior de Emergencias y una operadora de comunicación.
Eso sólo hasta la primera semana de julio. Pero hay decenas de declaraciones pendientes de concretar, entre las que destacan numerosos cargos y trabajadores de Emergencias. Sin ir más lejos, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, una de las piezas clave durante el día de autos al ser, según los relatos vertidos hasta el momento, un eslabón entre el Cecopi, donde se encontraban los máximos responsables de la emergencia, y la sala de mando técnica, a tan solo unos metros. También será muy útil la declaración del ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, responsable de los bomberos que fueron a vigilar el barranco del Poyo y más tarde fueron retirados.
A ellos se suman otros altos cargos como la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa María Touris, el hasta hace poco director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín, o el director general de Innovación de Emergencias y responsable de la empresa pública de bomberos forestales SGISE, Raúl Quílez. También la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi.
Como ellos, siguen a la espera de fecha para su declaración otros testigos de relevancia como la jefa del servicio de coordinación del 112, Inmaculada Piles. Incluso la responsable de comunciación de Emergencias, Aurora Roca, o la entonces jefa de gabinete de la consellera, la periodista Silvia Soria. Y más trabajadores del departamento de Emergencias: el coordinador de Prevrención de Emergencias, el jefe de equipo de atención al 112, un técnico de operación de comunicaciones o un operador de comunicaciones y emergencias, así como otra empleada de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Esta misma semana acordó la citación de tres de ellos.
Largo calendario
Son muchos rostros los que todavía han de pasar a prestar declaración y se prevé que el calendario se alargue al menos hasta entrado otoño. No hay que olvidar que, además de todos ellos la jueza ha citado a comparecer a otros testigos como el presidente de la CHJ, Miguel Polo, así como a la comisaria de Aguas del organismo, Cristina Sola, o un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME). También a una veintena alcaldes de municipios afectados por la Dana y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cuya declaración se ha retrasado ya dos veces, y que está citado -sí hay fecha en este caso- el 17 de julio.
