VALÈNCIA. La investigación penal abierta a causa de la Dana del pasado 29 de octubre se centrará en la demora de los avisos a la ciudadanía aquella tarde y dejará fuera la ayuda tardía a la 'zona cero' de la riada y la descoordinación entre las administraciones en las horas y días posteriores a la catástrofe. Así, la jueza del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja dirigirá la investigación para dilucidar los motivos que llevaron a que la población no fuera alertada a tiempo del peligro que venía, lo que habría motivado el trágico resultado del temporal, que acabó con 227 víctimas mortales en decenas de municipios de la provincia de Valencia.

La jueza instructora de la causa emitió este lunes varios autos, uno de ellos dirigido a responder la solicitud de varias diligencias por parte de Podemos, personado en el caso como acusación popular tras presentar una denuncia en los juzgados. Entre ellas, había pedido un informe detallado sobre la movilización de los bomberos dependientes de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València durante aquella jornada, pero la jueza cree que esta información no es necesaria por ser "evidante" la "imposibilidad absoluta" de los bomberos para "evitar" o "reducir" el "altísimo número de fallecimientos". Según la instructora, hay que indagar "el nexo de unión" directo con las muertes, dado que la investigación se sigue por homicidios y lesiones imprudentes -en otro auto señala que los daños materiales "no se podían evitar" pero "las muertes sí"-.

Y en ese sentido, insiste en que "la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos y el objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse", tal como han manifestado "reiteradamente las familiares de las víctimas". Por lo que subraya que lo que pasó después, "la tardanza en recibir ayuda en las poblaciones afectadas o la descoordinación se ha de dilucidar en otros ámbitos", bien en los juzgados de lo contencioso o bien en instancias políticas, porque en caso contrario, la investigación sería un análisis de la actuación de todas las administraciones "desvinculada de los tipos penales" en cuestión.

Es precisamente el envío del aviso a los teléfonos móviles de la población aquella tarde mediante el sistema Es-Alert una de las principales líneas de investigación que sigue el juzgado. Tras una primera solicitud de información a la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón, esta respondió con abundante documentación pero sin aclarar quién era la persona responsable de tomar la decisión de activar la alerta ni quiénes ejecutaron esta orden.

• Salomé Pradas y Carlos Mazón, a la salida de un Cecopi -
• Foto: EFE/Kai Försterling

Por ello, la jueza tuvo que insistir en la cuestión, y la pasada semana el departamento de Emergencias contestó que la dirección del plan de emergencias recayó en la ya cesada consellera de Interior, Salomé Pradas, tal como establece el Plan de Inundaciones, que le atribuye la función de "determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse", y que dos funcionarios ejercieron de "redactor" y "validador" del mensaje.

El Consell, especialmente el president y la portavoz, Susana Camarero, ha estado esgrimiendo la falta de información suficiente para conocer el estado de los cauces, señalando directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Pero la instructora quiere ir más allá, y dado el tiempo transcurrido entre la convocatoria del Cecopi a las 17.00 horas y la remisión del mensaje a las 20.11, ha pedido a la Conselleria de Emergencias que diga "de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje y se integró en el mismo", más allá de la relación de  las 29 personas y organismos, que fueron convocados aquella tarde. Una solicitud que posiblemente apunte al propio Mazón.

Este martes, Mazón rehuía las preguntas al respecto del nuevo requerimiento asegurando simplemente que "lo más importante" es respetar el procedimiento judicial y que "siempre" van a "responder al procedimiento judicial primero, por respeto al juez". La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por su parte, subrayó que la "realidad" es que el mensaje se envió después de que el titular del Consell llegara al Cecopi: "Son realidades, son hechos que pasaron y todo lo demás se podrá decir en sede judicial", donde "no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad", manifestó.

• La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé García, acompañada por el president de la Generalitat Carlos Mazón, en rueda de prensa tras la reunión del CECOPI -
• Foto: EFE/Kai Försterling

La representación de Podemos también había instado a que se solicitara al Ministerio de Interior información sobre su actuación aquel día. Pero la jueza insiste en la encargada de la emergencia fue directamente la Generalitat y no el Estado. "El Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil", indica, para añadir que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central".

Pide información a la Aemet, el 112 y la CHJ

Entre las diligencias solicitadas por la formación morada, se encontraba la petición de un informe a la Aemet sobre su actuación el día de la Dana, a lo que la instructora responde afirmativamente y solicita a la agencia de meteorología información específica sobre "los avisos producidos, modos de emisión y difusión de los mismos y destinatarios". Respecto a las grabaciones entre la Aemet y el Cecopi, recuerda que estas "solo podrían aportarse a este procedimiento por quien fuera parte de dicha comunicación", debido a la legislación sobre el secreto de las comunicaciones.

La jueza también ha pedido al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían las mismas, aunque señala que no se puede pedir la identificación de las personas que intervinieron en ellas ni el contenido de las mismas por el mismo problema planteado anteriormente: "Sólo respecto de cada uno de los familiares de las víctimas se podría solicitar información, previo su consentimiento, de las llamadas que llevaron a cabo".

Finalmente, en otra providencia, el juzgado requirió de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le aporte la información requerida en el último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días, pues el contenido del CD que remitió hace unos días no se corresponde con lo solicitado. Sin embargo, este martes la CHJ le respondió que estos datos "fueron remitidos el pasado jueves en papel, de ahí que haya podido haber una confusión con la remisión, pero se ha enviado lo que han solicitado". En este sentido, señalaron desde el organismo que lo que consta en el CD al que alude la magistrada es la información relacionada con las presas que se había solicitado con anterioridad.