VALÈNCIA. La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que obliga a la jueza de la Dana a tomar declaración como testigo a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro, Maribel Vilaplana, suscitó no poca sorpresa por varios motivos. Porque defendía la necesidad de que la periodista pudiera comparecer para ofrecer detalles útiles sobre aquella tarde, en especial en relación a la gestión del Cecopi a través de las llamadas que Mazón hizo con la entonces consellera, Salomé Pradas. Y porque lo hacía contra el criterio (más garantista) de la jueza, para quien la testifical supondría investigar de facto al president de la Generalitat Valenciana.
Es la primera vez que la sección segunda de la Audiencia, dirigida por José Manuel Ortega, revoca una decisión de la magistrada y lo hace para decirle que debe practicar las diligencias necesarias para la investigación, centrada en lo ocurrido en el Cecopi que derivó en la alerta tardía a la población, con independencia de que puedan encontrarse, de paso, indicios contra un aforado como el president, al que solo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pero todavía añadió más picante que la jueza se diera tanta prisa en cumplir el mandato de la Audiencia: poco después de su auto, la magistrada ya había citado a declarar a la periodista el próximo 3 de noviembre, en semana y media. Casualidad o no, la cita tendrá lugar apenas un día antes de que el Gobierno valenciano acometa la reestructuración anunciada por Mazón hace poco más de un mes, y la misma jornada en que dará inicio el juicio contra el Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo
La magistrada 'cuela' así a la periodista en la larga lista de espera de comparecientes que no solo están por declarar como testigos en la causa sino que ni siquiera tienen fecha para hacerlo. Es el caso de numerosos alcaldes de la 'zona' cero pero también de las figuras consideradas como piezas clave de la reunión del Cecopi aquella tarde: el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. La magistrada acordó su testifical en abril y aún se desconoce cuándo desfilarán por el juzgado. Ambos están citados a declarar como testigos pero varias acusaciones han dejado caer en sus escritos que no se cierra la puerta a pedir más imputaciones por lo que estas dos figuras están en el punto de mira, a falta de sus comparecencias.
El primero ha sido calificado por diferentes trabajadores como el que ejercía el "enlace" entre el Cecopi y la sala de mando donde se encontraban los técnicos, a tan solo unos pocos metros de la primera. En ese sentido, podría considerarse la correa de transmisión de información con la reunión de los máximos responsables, donde cabe recordar que no había pantallas. Los empleados de Emergencias han apuntado también que él era el que daba las órdenes por lo general en aquella sala, por ejemplo ordenando la preparación del sistema ES Alert.
El caso de Basset también es notorio, no solo porque fuera el responsable del Consorcio Provincial, cuyos bomberos fueron retirados del barranco del Poyo, o porque fuera el jefe operativo de la emergencia, sino también porque fue uno de los participantes en el debate interno sobre el envío de la alerta masiva a la población, el ES Alert, que llegó a las 20.11h cuando buena parte de las víctimas habían fallecido por las inundaciones en la 'zona cero'.
Según un escrito presentado por Pradas, fue a las 18.38h cuando los técnicos enviaron el primer borrador del ES Alert al subdirector de Emergencias, que lo leyó 15 minutos más tarde en el Cecopi, cuando este se reconectó tras la suspensión de una hora. Entonces, "comienza el debate sobre su envío" que implica sobre todo a Suárez y a Basset, "quien en la comisión de investigación de la Diputación llegó a admitir que puso objeciones al envío por el posible efecto estampida".
"Ambos se enzarzan en un debate", relata el escrito, "en el que participan todos", desde el presidente de la CHJ, Miguel Polo, hata el representante de la Aemet, José Ángel Núñez, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "como la consellera atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones". "En media hora se decide el contenido, la zona geográfica de envío y se debaten otra serie de medidas que finalmente se descartan por motivos técnicos, tales como la evacuación o el confinamiento", prosigue.
Es entonces cuando se inicia el "proceso técnico técnico de envío" y "en media hora está en los móviles de los valencianos". "¿Dónde está el supuesto retraso? ¿En atender las opiniones radicalmente contradictorias de los dos técnicos mayores expertos en la materia?", preguntaba la defensa de Pradas en alusión al subdirector general de Emergencias y al jefe de Bomberos.
