VALÈNCIA. La jueza de la Dana sigue tirando del hilo de la comida que mantuvieron aquel 29 de octubre la periodista Maribel Vilaplana con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en El Ventorro. La magistrada ha acordado dos nuevas diligencias de calado en este sentido: por una parte, una fotografía del reservado en el que se produjo aquel encuentro; y por otra, la factura del ágape.

Todo parte de sendas solicitudes de información planteadas por las acusaciones populares de Ciudadanos y Acció Cultural del País Valencià (ACPV), personadas en la investigación judicial que sigue el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Las acusaciones pidieron a la jueza de la Dana estas diligencias a partir de las declaraciones testificales tanto de la periodista, hace dos semanas, como del dueño del restaurante, que declaró el pasado viernes.

Cabe recordar que la magistrada acordó la testifical de Maribel Vilaplana porque podría haber escuchado algo sobre las llamadas que aquella tarde mantuvo el president con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, que estaba dirigiendo el Cecopi y ahora está investigada en la causa penal. Vilaplana declaró que no escuchó nada de aquellos contactos telefónicos y que Mazón no le informó en ningún momento de su contenido.

Sin embargo, la descripción que hizo el dueño de El Ventorro del reservado en el que se produjo aquella comida ha hecho dudar a la jueza sobre si es posible que la periodista no escuchara nada en una sala de tamaño reducido. Así pues, la jueza acuerda pedir una imagen del reservado por "la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el Presidente de la Generalitat".

En ese sentido, y "dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala", la jueza de la Dana considera que "es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".

La magistrada va más allá y pide la factura del encuentro porque, a su juicio, acreditaría "de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales". En ese sentido, cabe recordar que la periodista aseguró que abandonaron el restaurante sobre las 18.45h y se fueron directamente al parking donde ella tenía estacionado el coche. El dueño de El Ventorro aseguró que salieron entre las 18.30h y las 19.00h, cuando ya no había clientes ni trabajadores.

"Precisamente, la extensión de dicho ágape, que se inferirá de la factura y comanda, permite determinar la sucesión temporal de los testigos: la testigo Maribel Vilaplana, A.R.G. [el propietario del restaurante], escoltas y chófer", expone la magitrada en el auto. En cuanto a los dos primeros, insiste en que "la posibilidad de que oyeran algo en la prolongada estancia en el restaurante, cerca de cuatro horas, es diferente según las distintas fases de la comida y estancia en el local".

"Las posibles interrupciones de A.R.G. al objeto de servir a los comensales, y la posibilidad de oír cuestiones relevantes, varían según el momento en que tendrían lugar", asegura la jueza, para quien "no es lo mismo que la comida hubiera terminado" a "que los clientes estuvieran en la sobremesa". "También justificaría lo consumido una salida más tardía del restaurante y en qué momento los escoltas pudieran haber sido testigos de comentarios y conversaciones relativas a la emergencia".