VALÈNCIA (EP). La jueza que investiga la gestión de la catastrófica Dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, ha solicitado más información sobre el barranco del Poyo. En concreto, reclama datos sobre los bomberos movilizados y el tiempo que estuvieron desplazados.

Así se desprende de una providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja), en el marco de la causa de la Dana.

En concreto, en el escrito, a petición de una de las acusaciones personadas, Acció Cultural del País Valencià, se acuerda oficiar a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de cinco días, remita al juzgado copia de la nota remitida por Emergencias a las 12.30 horas de la mañana del día 29 requiriendo vigilancia del río Magro y Barranco del Poyo. Se reclama que se identifique a emisor y receptores de la misma.

Además, se solicita copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, identificándolo, por el que se da el visto bueno para su activación, especificando que las zonas afectadas son dos: el río Magro (en el área del puente de Carlet), y el barranco del Poyo (en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta).

Por otro lado, acuerda oficiar al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de cinco días, remita al juzgado una copia de la comunicación del coordinador de los Bomberos Forestales del Consorcio de Valencia, identificándolo, por el que se da el visto bueno para su activación, especificando que las zonas afectadas son dos, el río Magro, en el área del puente de Carlet y el barranco del Poyo en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta.

Además, reclama un informe relativo a las unidades movilizadas especificando los puntos específicos en que realizaron su tarea, las horas de llegada y finalización y los informes evacuados sobre la situación.

Junto a ello se solicita que se indique el número de helicópteros de bomberos forestales disponibles por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día 29 de octubre, si se llegó a solicitar permisos de aviación civil para operar, y cuál fue el uso que se les dio dicho día.

Por otro lado, a petición de otra parte --Confederació Intersindical Valenciana--, la jueza acuerda oficiar a la Sala de atención de llamadas del 112 para que, en el plazo de cinco días, remita copia de los informes emitidos por el supervisor de la sala de atención de llamadas del 112, durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2024, y los tres informes redactados durante todo el día de la riada para traslado de información en el cambio de turno de los supervisores.

Junto a ello, solicita que remitan las dos grabaciones del mensaje 'VRU' emitidas desde la sala de atención de llamadas, así como certificación de la hora en que fueron publicadas y cambiadas dichas grabaciones en atención de la evolución de la emergencia.

"La causa penal no es una comisión parlamentaria"

La magistrada del Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la Dana ha acordado citar a declarar como testigos-peritos a dos ingenieros de caminos a propuesta de la acusación popular que ejerce el partido político Vox; ha rechazado la declaración de otros siete y ha recalcado que una causa penal no tiene la misma finalidad que una comisión parlamentaria, ya sea en el Senado, en el Congreo o en les Corts valencianes.

Así lo ha señala en un auto notificado este miércoles a las partes y en el que considera que la citación de hasta nueve arquitectos y peritos solicitados por Vox resulta "desproporcionada y reiterativa" respecto a otras pruebas ya practicadas y reiteraría, en la fase de instrucción, las declaraciones prestadas en la comisión en el Senado sobre la riada del 29 de octubre.

En cambio, acepta esas dos nuevas citaciones en calidad de testigos-peritos porque son las de un profesional que, según la acusación que lo solicita, "explicó las causas de la catástrofe", y de un exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, quien según la misma parte elaboró un artículo específico sobre la dana.

La jueza subraya para denegar el resto de peticiones que las finalidades de una comisión de investigación parlamentaria "son distintas a las que corresponde a una investigación penal por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes".

Y añade que "muchas de las manifestaciones que realizaron los testigos propuestos nos sitúan en otros ámbitos de responsabilidad, político o administrativo; no esclarecen ni la relación de causalidad con los fallecimientos y lesiones, ni tampoco la posición de garante de quienes aparecen como investigado; expresan soluciones de futuro o atienden a los daños materiales".

En esta línea, la instructora señala por ejemplo que no aprecia ninguna relación con el objeto de la investigación la propuesta de las testificales de un responsable de Feria Valencia --que fue el lugar donde se trasladaron los cuerpos de los fallecidos previamente a su entrega a los familiares-- ni tampoco la del presidente de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.

En el primer caso, señala que no se explicita ni "se acierta a entender" qué relación tiene esa declaración con la investigación ni qué puede aportar, y en el segundo, no se justifica qué elemento de conexión puede tener en el análisis de los homicidios y lesiones imprudentes investigados.

También rechaza la declaración testifical del jefe de Mando de Apoyo Logístico del Mando de Tierra porque el hecho de que participara en la respuesta a la Dana "no esclarce ni aporta ninguna cuestión relevante a la forma en que se produjeron los fallecimientos y las lesiones".

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