VALÈNCIA (EP). La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana ha rechazado llamar a declarar como testigos al que fuera conseller de Educación el 29 de octubre de 2024, José Antonio Rovira, y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ahora también portavoz del Consell, como había pedido la acusación popular que representa a Compromís, ya que la función para que se adoptara la "máxima diligencia" desde los distintos departamentos de la administración autonómica ante las riadas "recae sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, en las dos fases por las que atravesó la emergencia" y en la que nunca se declaró la situación de emergencia catastrófica.

Así lo señala en un auto de fecha de este miércoles, en el que la magistrada señala que ambas consellerias han certificado en sendos escritos remitidos al juzgado la "falta de coordinación" entre los distintos departamentos de la administración autonómica, y la "ausencia de instrucciones" con origen en la Conselleria de Justicia e Interior con competencias en materia de emergencias, o del secretario autonómico, referentes al riesgo que provenía de la Dana, un episodio meteorológico anunciado "con días de antelación".

En este sentido, y una vez "descartada" la responsabilidad del entonces 'president' de la Generalitat Carlos Mazón en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia, según ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "dicha función tendente a que se adoptaran la máxima diligencia desde las otras Consellerias durante la Dana, recae sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la CV, en las dos fases por las que atravesó la emergencia", señala en referencia a la exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos, el secretario autonómico Emilio Argüeso, ambos investigados.

"Los dos testimonios solicitados no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos", indica la magistrada, que añade que el análisis de esa coordinación "ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la Dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia".

No obstante, considera que el testimonio de la que entonces era la portavoz del Consell, Ruth Merino, --cuya declaración ya acordó-- "puede incidir sobre parte de dichos extremos, la coordinación, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz". A lo anterior agrega que ni Rovira ni Barrachina participaron en la reunión del Cecopi ni presencialmente ni de forma telemática.