VALÈNCIA. Uno de los principales motivos de disputa en torno a la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre se ha centrado en la transmisión de los datos del caudal del barranco del Poyo desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al centro de emergencias (Cecopi), presidido entonces por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. El Consell acusa al organismo que dirige Miguel Polo de no haber informado de la subida del caudal hasta las 18:43 que envió un correo electrónico, pero la CHJ insiste en que los datos estaban disponibles en directo a través de un portal al que tiene acceso Emergencias.
Ahora, la jueza de la Dana parece converger con la línea sostenida por la Confederación y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En el último auto, donde acuerda la declaración como testigo -no como investigado- de Polo y otra docena de personas, la magistrada apuntala los argumentos contra los dos investigados, Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, especialmente contra este último, y considera negligente que no vieran los datos ofrecidos por la CHJ.
"No se puede alegar", señala la instructora, "un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH (Sistema de Alerta de Información Hidrológica, dependiente de la CHJ)". Ni de dicho sistema "ni de la posibilidad de acceso al mismo", por lo que rechaza "atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo".
A su juicio, más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, "ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", unos datos que según la Confederación eran cincominutales y estaban colgados en un portal al que tenían acceso los responsables de Emergencias. "La forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través de la aplicación la SAIHWIN. Aplicación que se afirma se dispondría por la CCE", explica.
- Imagen del Cecopi aportada a la causa. Foto: VP
En ese sentido, la jueza insiste en que "no es admisible en modo alguno que se desconozca por el Secretario Autonómico, el SAIH ni la forma de acceso a los datos". Pero va más allá: "En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia". "Ha de tenerse en cuenta el tipo de emergencia ante la que se encontraba la provincia de Valencia, un gravísimo riesgo de inundación", apunta.
Ademñas, recuerda a continuación que el propio Argüeso envió un mensaje interno a las 14:44h desde Carlet advirtiendo de que allí, en el Magro, los barrancos estaban "a punto de colapsar". Lo que "supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo", explica.
No investigará filtraciones
La jueza ha rechazado investigar la filtración a la prensa de documentos del proceso, ya que "carecería de sentido" porque "vulneraría gravemente derechos fundamentales y la libertad de prensa, uno de los pilares de un estado democrático".
Así lo afirma en respuesta a la petición del abogado de una de las dos imputadas en la causa, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, de que investigara la filtración del listado de llamadas aportado y que en el futuro los documentos confidenciales se revisen en el juzgado o bien se pusiera una marca de agua si las partes necesitan copia para poder determinar el autor de una hipotética filtración.
La jueza recuerda además que existe una cuestión "de orden práctico" para rechazar esa investigación, como es el hecho de que el número de partes en el procedimiento, entre acusaciones particulares, populares e investigados es "altísimo y convierte en "en materialmente imposible que se averigüe por dicha vía el origen de la filtración" a lo que añade que "el presente procedimiento posee un alto interés público".
