VALÈNCIA. Arranca el inicio juicio por el presunto fraude en el cobro de subvenciones públicas por parte del ya desaparecido Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido). La primera sesión, celebrada este jueves, permitió avanzar ya que la mayoría de los acusados en la causa han alcanzado un acuerdo de conformidad y han admitido los hechos vinculados a la justificación irregular de gastos inflados en la entidad entre 2011 y 2014 para conseguir ayudas y subvenciones otorgadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Generalitat Valenciana.
El juicio dio comienzo este martes con hora y media de retraso por la ausencia de uno de los acusados y se centró en las cuestiones previas del procedimiento. Así, la jueza de la sección tercera de la Audiencia Provincial anunció que se habían presentado varios escritos de conformidad donde 26 personas acusadas reconocían los hechos si bien se desconoce, por ahora, cuál es la pena definitiva que han aceptado. Las conformidades, que figuran en los documentos aportados a la causa, deberán ser todavía ratificadas en el juicio, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses con las declaraciones de numerosos testigos y la treintena de acusados.
La sección tercera de la Audiencia Provincial ha de dirimir sobre un supuesto sistema en el instituto tecnológico para inflar y falsear gastos en proyectos subvencionados por el IVACE con el objetivo de obtener ayudas públicas muy superiores a las que les correspondían. La Fiscalía considera que, para ello, los dirigentes de Aido —entre ellos el presidente del Consejo Rector, Rafael Ros, y el director gerente, Emilio Pérez— habrían coordinado presuntamente un mecanismo en el que se incluían horas de personal que no trabajó en los proyectos, facturas manipuladas o directamente ficticias y servicios inexistentes que se cargaban a las subvenciones.
La actuación presuntamente delictiva no habría sido puntual sino que se habría aplicado de manera “sistemática y planificada” entre los ejercicios 2011 y 2013 afectando a diferentes proyectos financiados con fondos públicos. Del plan habrían participado no solo una decena de directivos y trabajadores del instituto tecnológico sino también empresarios y responsables de compañías proveedoras del ente, que —siempre supuestamente— habrían emitido facturas falsas o habrían adaptado los conceptos de los gastos a petición del instituto.
Todo estalló cuando el IVACE inició una revisión extraordinaria de las subvenciones otorgadas. El examen emprendido por el organismo de la Generalitat Valenciana detectó irregularidades relevantes en la justificación de las ayudas y lo comunicó a Fiscalía, dando lugar a una extensa instrucción que incluye registros, análisis de expedientes y documentación interna del centro. Meses después de la denuncia y de inicio de la investigación, Aido despidió a sus 54 trabajadores y echó el cierre tras 27 años de actividad tras despedir a Pérez y antes de entrar en concurso de acreedores y posterior liquidación.
La acusación pública pedía hasta 15 años y diez meses de prisión para los directivos y parte del personal de Aido por fraude en subvenciones. En cuanto a los responsables de empresas proveedoras, pide entre cuatro y 15 años, si bien en un caso concreto, por falsedad documental, se pide un año y tres meses.
- Antiguo instituto tecnológico Aido. Foto: VP
La primera sesión se centró en las cuestiones previas, donde se abordó una última prueba solicitada por la Fiscalía e incorporada la pasada semana para concretar los gastos de personal con los que el instituto tecnológico justificó la petición de las subvenciones. El recuento, a la postre, era favorable para la posición de los acusados según explicó la acusación pública. Con todo, algunas defensas pidieron el aplazamiento por la falta de tiempo para estudiar la extensa documentación aportada pero el tribunal optó por no suspender la sesión y abordar así todas las cuestiones previas.
En ellas, por ejemplo, la defensa de Ros intentó tumbar el escrito de acusaciones de la Fiscalía presentado en 2024 al considerarlo "nulo de pleno derecho", no solo por "improcedente" y "extemporáneo" sino porque, según dijo, "incorpora párrafos incrementando la imputación fáctuca acusatoria". Así, criticó que el Ministerio Fiscal aprovechara un escrito donde retiraba acusaciones para, por otro lado, hacer "nuevas imputaciones fácticas". Asimismo, aseguró que el escrito de la Generalitat Valenciana, también personada como acusación, aquejaba de "exceso acusatorio" con "acusaciones sorpresivas".
Asimismo, incidió en que los delitos por los que se acusa al entonces presidente del Consejo Rector estarían prescritos porque el plazo de prescripción finalizaría en 2017 y no fue hasta 2018 cuando el procedimiento dirigió las imputaciones contra Ros. Por otro lado, el letrado afeó la ausencia del "traslado íntegro" de las acusaciones y aprovechó para insistir en que la causa ha sido un "caos". Todo ello entre numerosas cuestiones previas donde también destacó la aportación de justificación médica para justificar posibles "lapsus de memoria" por parte del acusado a lo largo del juicio.
El juicio continuará con dos sesiones en el mes de diciembre y otras previstas para enero, febrero y marzo.
