VALÈNCIA. El Gobierno valenciano presidido por el también líder del PPCV, Carlos Mazón, se rearma de cara a los momentos delicados que se dispone a encarar en este primer trimestre del nuevo curso político.
Y lo hace con una estrategia que ya empezó a ensayar este verano: la venda antes de la herida. Tal y como ha venido informando este diario desde el inicio de legislatura, uno de los planes habituales de cualquier partido de gobierno en un autonomía pasa por criticar, exigir y reivindicar al Ejecutivo central si este es de distinto signo político, una circunstancia que ocurre en esta ocasión dado que el presidente del Gobierno es el socialista Pedro Sánchez.
Esta estrategia recurrente alcanzó una nueva dimensión tras la trágica Dana acaecida el 29 de octubre del año pasado, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Desde casi el inicio, el Consell presidido por Mazón ha tratado de redirigir la culpa -o al menos buena parte de ella- a las instituciones dependientes del Gobierno central, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tratando de fijar un relato centrado en el que estos organismos no suministraron la información suficiente o adecuada a la Generalitat, que sin embargo ostenta las competencias en Emergencias. En este tira y afloja, que ya dura 11 meses, se ha desarrollado una batalla política que gira en torno a la continuidad o no del presidente Mazón.
En este contexto, aparecen nuevas estrategias que merecen ser mencionadas para comprender y anticipar los discursos de las distintas formaciones. En este caso, desde el Gobierno valenciano y desde el PPCV se viene apostando por poner el acento con insistencia en las cuestiones que son competencia estatal ante cualquier cita que pueda resultar comprometida, con el objetivo de castigar doblemente al Ejecutivo central en caso de que se produzca cualquier incidencia.
Es el caso, por ejemplo, de la tradicional Procesión Cívica que se celebra el 9 d'Octubre por las calles de València. El presidente de la Generalitat confirmó el pasado miércoles su presencia en el acto, tal y como es habitual, pese a que habían surgido ciertas dudas debido a las críticas y abucheos que Mazón ha recibido en eventos públicos en los últimos meses.
Ahora bien, existe preocupación de la formación popular respecto a qué recibimiento puede tener el jefe del Consell en las calles de València, dadas las repetidas manifestaciones en este tiempo exigiendo su dimisión y las citadas protestas en varias de sus apariciones públicas. En este sentido, la propia alcaldesa de València, María José Catalá, también del PP, verbalizó el miércoles esa "preocupación" por que pudiera producirse "una situación especialmente convulsa socialmente" y, por ello, le pidió a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, que "extreme las medidas de seguridad" porque "son muchas las personas, las familias, niños, personas mayores que, normalmente, suelen salir a ver la Senyera en las calles de València, y no solo por ellos, que son muchos, también por la Reial Senyera, que pienso que hay que respetarla, debemos intentar que esa celebración se mantenga con absoluta normalidad".
Una observación que, vista desde fuera, podría antojarse normal pero que, desde el punto de vista del análisis político, desprende el deseo de poner el acento en que la responsabilidad respecto a la seguridad en la jornada festiva recae en la Delegación del Gobierno encabezada por Bernabé, quien además apunta a ser la candidata socialista a la Alcaldía en 2027 y, por tanto, rival de Catalá. Es decir, que si algún suceso, conflicto o incidente ocurre el 9 d'Octubre, el foco se pondrá sobre esta dirigente.
En consonancia con esta estrategia, también resulta interesante la reacción del PPCV frente a declaraciones de la formación socialista sobre la participación de Mazón en la Procesión Cívica. Así, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, acusó en redes sociales al presidente de "ensuciar el sentido del civismo" con su "sola presencia" en el acto. “Difícilmente será cívica una procesión con Mazón presente”, apostilló. Este viernes, su jefa de filas, la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, fue aún más dura al calificar de "provocación" que el presidente de la Generalitat acudiera a la mencionada cita.
Unos mensajes ante los que el presidente de la Generalitat mostró su sorpresa: "No doy crédito", dijo, para verse respaldado de inmediato por sus compañeros de partido. La alcaldesa de València, María José Catalá, mostró su alta "preocupación" respecto a que una ministra del Gobierno de España, "competente de la seguridad de todos los territorios, se dedique a provocar" y "a hacer estos enunciados o estas declaraciones incitando, provocando totalmente". En esta línea, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, calificó de "sorprendentes y surrealistas" las declaraciones de la líder del PSPV. "Está incitando a que sea una batalla campal", afirmó, para subrayar que como ministra debería "defender la institucionalidad del acto, no pedir que el president no acuda", zanjó.
Unas reacciones que, precisamente, concuerdan con la estrategia de profecía autocumplida en diferentes ámbitos que se viene tejiendo desde el Palau: si se producen abucheos o incidentes relacionados con la presencia de Mazón en la procesión, será en buena parte porque han sido alentados o incluso organizados por la oposición.
Pero esta misma estrategia también se ha podido observar tanto en el último temporal como en otras situaciones con amenaza de fuertes lluvias, por parte del PP de la Comunitat como el autonómico. Así, días atrás, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y senador por la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, y la senadora por Cuenca, María Jesús Bonilla, exigían al Gobierno de Sánchez que acelerara las obras hidráulicas para prevenir las inundaciones por las danas. “Sánchez está desperdiciando el tiempo y cada día que pasa sin actuar el riesgo crece. Hoy no discutimos de ideología, partidas presupuestarias o reparto competencial, hoy hablamos de vidas humanas, de pueblos que pueden verse arrasados y de familias que pueden perderlo todo”, afirmaron.
Precisamente el pasado lunes, cuando varias zonas de la Comunitat se encontraban en alerta roja por las lluvias, el portavoz del Grupo Popular en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, tachaba de "intolerable" que, once meses después de la dana del pasado 29 de octubre, el Gobierno central "siga sin acometer las obras hidráulicas ni implantar un sistema de alerta temprana en las zonas con más riesgo de inundación. Es fundamental para garantizar la seguridad de los valencianos ante presentes y futuros episodios de fuertes lluvia".
Unas denuncias y reivindicaciones necesarias pero que a su vez, especialmente en momentos previos a los temporales, buscan anticiparse a cualquier posible suceso crítico recordando o recalcando cuestiones competenciales del Gobierno central; con el objetivo de advertir a la sociedad ante citadas eventualidades pero también con el ánimo de estas exigencias queden registradas en caso de que se produzcan nuevas situaciones graves.
Una estrategia que ya inició Mazón el pasado mes de agosto, cuando remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -hecha pública en septiembre- en la que le alertaba de que, de producirse precipitaciones torrenciales en las zonas de la Dana del pasado 29 de octubre, no existían aún las condiciones de protección y minimización de daños necesarias ni la reconstrucción de los elementos afectados está finalizada, por lo que los perjuicios materiales podrían ser "del mismo orden, si no mayor". Una fórmula de reivindicación que incluye un importante elemento de autoprotección para el presidente de la Generalitat en caso de que vuelvan a producirse inundaciones.
