VALÈNCIA (EP). La violencia laboral es ya "una realidad cotidiana" en los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana ya que cerca del cerca del 80% de las plantillas, es de decir cuatro de cada cinco profesionales, ha sufrido algún episodio violento en la última década con "gravísimas secuelas": casi el 90% padece cuadros de estrés y el 71,4% afirma sentir miedo o inseguridad en el desempeño de sus funciones.
Así, se desprende de un estudio de UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) sobre la violencia laboral externa que sufren los trabajadores valencianos de sanidad, educación y ayuda a domicilio (SAD) que detecta un "evidente sesgo de género", ya que las mujeres sufren esta violencia más que el doble que los hombres y con mayor intensidad, y da "un suspenso" en medidas de prevención por parte de las Administraciones, lo que "pone en jaque la viabilidad" de los servicios públicos y la salud de los trabajadores.
Por ello, el sindicato trasladará el informe con las soluciones que plantea, que pasan por un observatorio unificado de violencia de género y una coordinación interinstitucional efectiva para no dejar sola a la víctima ante su agresor, a las Conselleria de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. "La violencia laboral es una realidad estructural, creciente, multidimensional y sistémica", concluye el trabajo.
El estudio, presentado este martes en rueda de prensa, incluye entrevistas a 39 informantes clave y una encuesta general a 279 personas trabajadoras de las tres provincias del colectivo docente, sanitario y el servicio de ayuda a domicilio. Los resultados son extrapolables a los más de 160.000 personas trabajadoras de estos tres colectivos.
Al respecto, Miguel Ángel Gimeno, profesor de Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I de Castelló, ha explicado que los datos confirman que las agresiones "no son hechos aislados": el 90% del personal considera que es un riesgo importante para ellos. Además, con una intensidad alta de exposición ya que un tercio de los trabajadores está expuesto a altos niveles de violencia externa, prácticamente el doble que en la UE.
Por tipología, la violencia verbal es la más frecuente (97,4%); seguida de la psicológica (66,7%) y la física (46,2%) y las estrategias más habituales contra el personal son el desprestigio profesional, las amenazas y el desprestigio personal. Los agresores varían por sector y son casi tan relevantes los directos --en Sanidad y SAD provienen los pacientes y Educación los alumnos-- como los indirectos, sus familiares. "Se entiende que en Sanidad solo dejen pasar a un acompañante y en Educación el nivel de conciencia social , el desprestigio de los docentes", ha apuntado.
El impacto es "gravísimo": el 89,3% del personal afectado sufre estrés y ansiedad, el 71,4% siente miedo, y un 65% que reconoce que estos episodios afectan directamente a su salud mental. Además, el 64,3% de los encuestados reporta una pérdida de motivación y el 62,1% padece alteraciones del sueño.
Las consecuencias tienen "un efecto dominó" ya que de esta desprotección repercute también en el propio funcionamiento del servicio a la ciudadanía: genera síndrome de burout, bajas laborales, deterioro del clima laboral y una profunda desmotivación que puede llevar al abandono de la profesión.
Asimismo, el personal suspende con un 4,23 las políticas preventivas de la Administración, especialmente en educación. El 75,9% piensa que la protección real es inexistente o mínima; el 69,8% califica las medidas preventivas como escasas o nulas, y un porcentaje casi idéntico al de quienes perciben que el apoyo institucional ante una agresión no existe o es mínimo (69,1%).
El profesor ha recalcado que los trabajadores que ha sufrido violencia "no quiere paños calientes", sino medidas de seguridad "tangibles y directas" como personal de seguridad, o un pulsador de seguridad y advierte: "Si todos estos datos ya son preocupantes todo apunta a que va a seguir creciendo".
"Brecha de género"
Al respecto, la responsable Departamento Salud Laboral de UGT Serveis Públics PV Elena Espinar de las Heras advierte de que esta violencia no es neutra: las mujeres sufren una violencia más frecuente --un 31,3% en mujeres frente al 13% de hombres y con mayor impacto emocional.
Además sufren una violencia diferenciada ya que los hombres reportan más agresiones físicas y amenazas y las mujeres mayor incidencia psicológica, un 62,1% frente al 56,5% de los hombres. Las profesionales también padecen con más frecuencia tácticas de aislamiento y desprestigio profesional, formas de violencia "sumamente dañinas diseñadas para mermar su autoridad y erosionar sus redes de apoyo en el entorno laboral".
Por su parte, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, ha explicado que "las causas estructurales" de esta violencia en cada ámbito: en la sanidad el detonante principal es la saturación asistencial y las largas listas de espera; en el ámbito educativo, el origen radica en la erosión sistemática de la legitimidad y autoridad moral docente y en el SAD, la vulnerabilidad viene dictada por el trabajo en solitario y el aislamiento laboral dentro de los domicilios.
"Si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido agresiones, el problema no es la capacidad de aguante de las plantillas, lo que falla es el sistema de prevención de la Administración", ha señalado Montaner que ha subrayado: "Proteger a quienes curan, cuidan y educan es una obligación, no una opción".
Preguntada por la huelga educativa, ha señalado que ha tenido efectos "no solo en salud mental y conflictos en los propios centros entre los docentes que la apoyaban y los que no", sino también "en la salud económica" y ha señalado que los 18 liberados sindicales de UGT que secundaron la totalidad del paro indefinido para "dar ejemplo" cobraron 400 euros un mes de vacaciones. "Pedimos a Conselleria que si quería demostrar buena fe negociadora no descontara todo de golpe, pero no lo hizo nos parece violencia institucional", ha lamentado.
Propuestas
Ante esta situación, UGT plantea un paquete de medidas específicas adaptado para cada sector. En Sanidad, se urge a reforzar plantillas para evitar los tiempos de espera, instaurar el trabajo en pareja en contextos de riesgo y sustituir la identificación personal por el número de empleado en las denuncias. En Educación, se propone una bajada preventiva de ratios y planes de acogida para el personal interino y novel, mientras que en SAD exigen la evaluación previa y obligatoria de los domicilios antes de iniciar la atención.
También plantean soluciones transversales como la creación de un observatorio unificado de violencia laboral externa, la incorporación ineludible de la perspectiva de género en las medidas preventivas y el impulso de campañas de sensibilización ciudadana que pongan en valor el trabajo de los profesionales.
Además, reclaman reforzar la formación específica y obligatoria, tanto para las plantillas como para mandos directivos y promover una verdadera coordinación interinstitucional, porque "la violencia laboral externa no es inevitable, es prevenible".
