ELCHE. El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha señalado este jueves que la denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, sobre un entramado empresarial por presunto fraude de más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, afecta a once empresas y se trata de ayudas concedidas entre 2021 y 2022, en la etapa del Botànic.

Así lo ha indicado en un comunicado tras informar la Guardia Civil de la operación 'Uncover', que ha permitido desarticular un entramado empresarial que presuntamente defraudó más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas y se investiga a otras dos, según el instituto armado. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que dio inicio a la investigación de la Guardia Civil.

Galvañ ha defendido en un comunicado que Labora ha implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas y ha asegurado que desde el Consell "se va a vigilar que el uso de las subvenciones llega a quien realmente lo necesita".

El responsable de Empleo ha detallado que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022, bajo el gobierno del Botànic. Según se ha hecho constar en la denuncia, Labora detectó actuaciones "sospechosas" en determinados programas de ayudas de empleo (Ecovul, Ecogju y Ecovut) en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas.

Así, se detectaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones, y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era "similar", o bien empresas que solicitaban subvenciones y antes de finalizar los dos años cerraban, y en las que el administrador era común.

Así, Antonio Galvañ ha destacado que desde Labora se han implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas como el aumento de los requisitos para acceder a las subvenciones, y se han establecido "más controles que eviten el fraude, como investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no tuvieran contratos indefinidos en los últimos tres meses".

Por otra parte, ha añadido que se han cambiado las convocatorias de ayudas y se ha reducido el importe a conceder por trabajador (han pasado de 28.000 euros a 10.000 euros este año), con lo que han logrado que el interés en defraudar "no sea rentable", ha defendido.

Asimismo, se comprueba el mantenimiento del alta del trabajador subvencionado durante los dos años que existe de obligación de mantenimiento mínima. "Es lamentable que haya empresas y personas que estén usando las ayudas para fomentar la empleabilidad de las personas con dificultades de encontrar trabajo en su propio beneficio de manera fraudulenta", ha declarado Galvañ.