VALÈNCIA. La comisión de investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados sigue bloqueada por la falta de acuerdo entre fuerzas de izquierda a cuenta de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dicha comisión. La disputa, todavía no resuelta, mantiene en el aire la aprobación de un plan de trabajo y de comparecientes a casi un mes del primer aniversario de la catástrofe.

Los socialistas buscan evitar la imagen del presidente sentado en la comisión como previsiblemente harán el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o la periodista que comió con él aquella tarde, Maribel Vilaplana, mientras que los socios parlamentarios a la izquierda del Gobierno quieren que el socialista comparezca. Así lo ha manifestado tanto Podemos como Més Compromís -la pata nacionalista de Compromí-, cuya diputada. Águeda Micó, abandonó el grupo parlamentario de Sumar precisamente por su veto a Sánchez.

La pasada semana, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, pidió "no desviar el foco" porque "la nefasta gestión de la Dana tiene un responsable, Carlos Mazón", de manera que circunscribió la discrepancia sobre la comparecencia de Sánchez "solo con alguna fuerza política, pero no con las víctimas". Y llegó a señalar que las víctimas "tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no".

Pero lo cierto es que esta es, como tantas otras, una disputa partidista desvinculada de cualquier exigencia que hayan podido hacer las principales asociaciones de víctimas y afectados por la catástrofe, que se desmarcan por completo de la polémica e insisten en que ellas ni piden ni vetan comparecientes y convergen en que lo último que quieren es que las comisiones de investigación se conviertan en un "circo".

"Nosotros no hemos pedido la comparecencia de ningún político; ni de Pedro Sánchez ni de nadie", reconoce la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez: "Solo hemos pedido la comparecencia de asociaciones y de técnicos de distitnas áreas", insiste en este sentido, para aclarar que tampoco han "vetado la comparecencia de nadie". Así, explica que una de las cosas que espera de las comisiones de investigación es que no se conviertan "en un tema de disputa política" sino que se busque conocer la verdad de lo que ocurrió.

"Siempre hemos reivindicado que estuviéramos las asociaciones de víctimas para dar voz a una parte muy importante de los afectados, pero después, quien haya de comparecer o no, ya no es cuestión nuestra", conviene la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals 29 d'Octubre, Mariló Gradolí. "De hecho -explica a preguntas de este diario- no hemos pedido que vaya o que deje de ir nadie". "Lo que queremos es que se aclare lo que pasó el 29 de octubre y para eso la mejor investigación es la del juzgado", opina, por lo que insiste en que una comisión de investigación parlamentaria "tampoco es un juicio" ni "se ha de tomar" como tal. De manera que, aunque considera que "cada institución" ha de adoptar "las medidas necesarias e investigar lo que pasó", son ellas las que deben saber "a quién han de invitar o no para que eso no se convierta en un circo"

También el presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Christian Lesaec, niega que hayan sido las asociaciones de afectados las que hayan planteado o vetado al presidente y cree que la polémica se trata de un "debate artificial". Su única pretensión es que las asociaciones de afectados estén representadas: "La idea es ir a que nos pregunten lo que consideren, participar y apoyar para que se sepa lo que ocurrió", apunta al respecto.

Mientras, la comisión de investigación que está más avanzada es la del Senado, donde PP y Vox tienen mayoría y por donde ya antes de verano desfilaron numerosos especialistas y técnicos. Está previsto que se citen a comparecer también a las asociaciones de víctimas. Igual que en la comisión de Les Corts Valencianes, donde los populares y voxistas mantienen un litmo aletargado, todavía con una sola sesión programada y sin aclarar, a falta de un mes para el aniversario, cuándo acudirán los representantes de los afectados.