VALÈNCIA. Los consejeros de las doce Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y los de Ceuta y Melilla abandonaron este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que se votara la propuesta del Gobierno sobre condonación de parte de la deuda autonómica, propuesta pactada por el Ministerio de Hacienda y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en cumplimiento del acuerdo por el que los nacionalistas catalanes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

La iniciativa, que fue aprobada por el CPFF, beneficia a Cataluña muy por encima de otras CCAA y perjudica a otras, especialmente a Madrid. En el caso de la Comunitat Valenciana, la medida aprobada no tienen en cuenta la infrafinanciación sufrida desde hace 20 años, por lo que la quita se limitaría a 11.210 millones de euros, frente a los 18.444 que debería alcanzar si se atendiera el criterio de la infrafinanciación, según Fedea.

Los consejeros populares decidieron levantarse de la reunión del CPFF cuando se llegó al punto de orden del día del reparto entre las CCAA del nuevo impuesto a la banca, al que seguía el de la condonación parcial de la deuda para todas las comunidades. En el punto del reparto del impuesto a la banca la protesta se debió a que ya está aprobado por ley, por lo que no había nada que debatir, además de que el criterio no es progresivo sino que beneficia a las CCAA más ricas, especialmente Madrid y Cataluña, que se llevan casi el 40%. De hecho, Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por socialistas, expresaron sus discrepancia con el reparto, aunque permanecieron en el CPFF.

Pero era el siguiente punto el más controvertido. El acuerdo entre el Gobierno y ERC para que el Estado asuma parte de la deuda de Cataluña, haciéndolo extensivo al resto de CCAA, y su votación en el CPFF fue visto por diferentes consejeros del PP como una "trampa", un "teatrillo" o una "cesión a los independentistas". El plante lo protagonizaron los consejeros de Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (donde el PP gobierna en coalición con CC), además de los de Ceuta y Melilla. En el CPFF permanecieron los representantes del Gobierno, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, aunque esta última no votó al no afectarle directamente la medida por tener su régimen foral.

"Migajas", según Merino

"En ningún caso podemos apoyar unos criterios que no benefician en nada a los ciudadanos y menos aún a la Comunitat Valenciana. No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas solo por reducir unas décimas nuestro déficit. Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos”,  manifestó la consejera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, a la salida de la reunión.

Según Merino, "es una cuestión de justicia y de igualdad entre todos los españoles, hay que denunciar y decir alto y claro que ni siquiera en el peor momento que está pasando la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Sánchez es capaz de dejar de mirarse el ombligo y de pensar en su propio beneficio para mantenerse en la poltrona y mirar hacia la Comunitat Valenciana con un poco de responsabilidad para dedicarse de verdad a lo que interesa a los valencianos”.

• Eusebio Monzó, Ruth Merino y María Jesús Montero, en el CPFF. Foto: EFE/MARISCAL

A la entrada del CPFF, la consellera, que iba acompañada por el secretario autonómico Eusebio Monzó, ya había manifestado que el planteamiento de condonación de deuda "no soluciona ninguno de los problemas de la Comunitat Valenciana" porque no permite salir a los mercados a la región. "Nos convocan para aprobar un acuerdo que ya está amañado, que está pactado entre el Gobierno y un partido independentista y que se refiere a unos términos que en nada benefician a la Comunitat Valenciana y que no atiende a sus verdaderas necesidades", añadió. Merino, al igual que otros consejeros como el de Murcia o la de Andalucía, reivindicó que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica -Montero no quiso incluirlo en el orden del día- y que mientras tanto se apruebe un fondo transitorio de nivelación que las CCAA infrafinanciadas vienen reclamando desde hace más de cinco años.

"Actitud infantil", según Montero

En rueda de prensa posterior, María Jesús Montero explicó que esta aprobación es "un primer paso necesario" para una medida "inédita" que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados. Montero aseguró que esta condonación de deuda permitirá ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses a las CCAA. Y se mostró convencida de que las regiones gobernadas por el PP "van a suscribir el convenio" para beneficiarse de una ley "que es buena para sus ciudadanos", porque no hacerlo, como ha deslizado algún consejero, sería "un perjuicio" para sus ciudadanos.

Una vez aprobada la propuesta en el CPFF, Hacienda iniciará las reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas para determinar "exactamente" la cantidad y características de sus deudas y, en paralelo, se abrirán contactos con los grupos parlamentarios para aprobar la futura ley orgánica. La ministra espera que se pueda aprobar este año. Por último, ya cuando la ley esté aprobada en las Cortes, se abrirá una nueva ronda de reuniones bilaterales para que las comunidades autónomas que lo deseen suscriban el correspondiente convenio.

• María Jesús Montero, en el CPFF. Foto: EFE/MARISCAL

En ese proceso Montero asume que el PP va a mantener la "actitud infantil" de este miércoles, a pesar de que las regiones gobernadas por esa formación podrían ver condonados 60.000 millones de euros de deuda, el 72 % del total propuesto. La vicepresidenta subrayó que esta operación no afectará al global de la deuda española, ya que se trata de una "reasignación" entre subsectores y defendió que "de ninguna manera sustituye al debate sobre la financiación económica, no lo paraliza, no es un atajo", sino que debería servir de "incentivo" para abandonar posiciones de máximos.

También apuntó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presente en la reunión, se mostró favorable a esta medida, porque favorecerá que las regiones salgan a los mercados, aunque abogó por establecer algún tipo de condición. En concreto, según la vicepresidenta, la AIReF defiende la conveniencia de que solo se condone la deuda a las regiones que cumplan con las reglas fiscales, algo que no está contemplado en la propuesta del Gobierno, aunque en la tramitación parlamentaria podrían incorporarse "otros elementos".