VALÈNCIA. Más allá de la guerra curricular desatada entre los dos grandes partidos, la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) sobre el presunto fraude en el currículum del excomisionado del Gobierno de España para la Dana, José María Ángel, que se ha saldado con su dimisión, ha puesto también el foco sobre la labor del organismo que dirige Eduardo Beut. La diligencia en la elaboración del informe en el caso del expediente del excomisionado contrasta con otras numerosas denuncias en las que Antifraude no ha mostrado la misma celeridad.

Y es que según el informe de la Avaf al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Antifraude recibe la denuncia anónima sobre la supuesta irregularidad en el expediente de Ángel el 9 de abril de este mismo año. Tan solo cuatro días hábiles después, el 15 de abril, Beut ya autoriza a los técnicos de la agencia a personarse tanto en la Diputación de València como en la Facultad de Geografía de la Universitat de València para recabar información y al día siguiente -el 16 de abril, Miércoles Santo- los funcionarios acuden a la institución provincial a realizar la inspección en la que obtienen la famosa fotocopia de un título universitario aparentemente falsificado.

En cuanto a las pesquisas en la UV, la Avaf se persona el 29 de abril en la Facultad de Geografía. El organismo que dirige Beut también reclama información a la propia Diputación o a Les Corts en ese período y finalmente, el 7 de mayo emite un informe de verosimilitud en el que se concluye que se aprecian indicios “presumiblemente constitutivos de delito” y se deriva el caso a la Fiscalía sin haber dado audiencia al investigado. Teniendo en cuenta los días festivos del mes de abril y el primero de mayo, en tan solo 16 días hábiles desde la recepción de la denuncia anónima, Antifraude realizó las pesquisas y emitió en informe.

Plazos de Antifraude

Para poner en contexto estos plazos cabe comparar con otras denuncias en las que la Avef no solo no ha actuado con tanta celeridad, sino que ha incumplido los plazos que marca su propio reglamento. Tras recibir una denuncia, la Agencia Valenciana Antifraude está obligada a emitir un acuse de recibo en un plazo máximo de 10 días hábiles. Este documento confirma que la denuncia ha sido correctamente registrada, aunque advierte que su presentación no implica automáticamente la apertura de una investigación ni confiere al denunciante la condición de parte interesada en el procedimiento. Es un paso formal que activa la fase de análisis previo por parte del organismo.

A partir de ahí, la Agencia dispone de 30 días hábiles para valorar la verosimilitud de los hechos denunciados y decidir si abre un expediente de investigación o procede al archivo. Si durante ese análisis solicita información adicional al denunciante, el plazo se interrumpe y vuelve a comenzar desde que se recibe la documentación requerida. En caso de iniciarse la investigación, la AVAF cuenta con un plazo de seis meses para concluirla, que puede ampliarse otros seis meses más si la complejidad del caso lo justifica y se motiva debidamente. Durante ese periodo, se desarrollan las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existe algún indicio de fraude, corrupción o mala gestión de fondos públicos.

Zorío reprocha la "sorprendente lentitud" de la Avaf

Uno de estos casos en el que se prueba la doble velocidad del organismo que dirige Beut es el de la denuncia que el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío presentó en enero de 2025 a la Avaf contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y otros 28 concejales, por la posible comisión de un delito de prevaricación por la aprobación de una moción en el pleno municipal de julio de 2024. Dicha moción dio luz verde a unas fichas urbanísticas que, según la denuncia, favorecerían ilegalmente los intereses del empresario Peter Lim y permitirían operaciones urbanísticas vinculadas al Nou Mestalla. La denuncia se fundamenta, entre otras pruebas, en un dictamen del letrado municipal, Manuel Latorre, que advertía expresamente que esa moción “es contraria a derecho” y que su aprobación supondría una “manifiesta infracción de los principios de legalidad y jerarquía normativa”.

Según Zorío, la Agencia Valenciana Antifraude solo ha emitido un acuse de recibo y le ha comunicado verbalmente que la denuncia “está en fase de análisis”, lo que implicaría que ha sido admitida a trámite. Sin embargo, han pasado más de seis meses desde su presentación sin que se le haya notificado por escrito la resolución de inicio o archivo, lo que incumple los 30 días hábiles que establece la normativa que regula la agencia. En palabras de Zorío, “la Agencia se ha negado reiteradamente a informar por escrito al denunciante de dicha admisión a trámite, como le obliga la ley”. Además, Zorío asegura que supo por vías no oficiales que Antifraude solicitó hace más de cuatro meses documentación oficial al Ayuntamiento —incluyendo el dictamen de Latorre y las actas de los plenos—, pero “hasta este momento no ha recibido ni un solo papel, en una clara estrategia de dilatar la investigación”.

Desde PSPV y Compromís también sostienen tener numerosas denuncias a Antifraude sin atender dentro del plazo legal o sobre las que no han obtenido respuesta.

Denuncias de Compromís 

En el caso del Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de València, son varias las denuncias que han presentado al organismo sobre las que todavía esperan resolución. Una de ellas es la denuncia por fraccionamiento de contratos en la Cabalgata de Reyes de 2024 de València. Compromís presentó dicha denuncia a Antifraude el 15 de diciembre de 2023 -cuando el organismo todavía lo dirigía Joan Llinares- y recibieron la admisión a trámite el 6 de febrero de 2024. Desde entonces, no han recibido ningún pronunciamiento más por parte de la Avaf pese haberse sobrepasado el plazo que marca la legislación. 

Algo similar ocurre con la denuncia que el grupo presentó el 9 de febrero de 2024 respecto a la campaña de Navidad de la fundación València Activa, en este caso, cuentan con acuse de recibo de Antifraude del 21 de febrero de 2024 pero tampoco se les ha notificado la apertura de investigación o archivo de la misma casi un año y medio después. 

Precisamente en la misma fecha (21/02/2024) también recibieron acuse de recibo de otra denuncia presentada días antes sobre presuntas irregularidades en contratos de la exaltación de las Falleras Mayores de València. Sobre este caso tampoco se ha comunicado la apertura de investigación o archivo todavía. Compromís también informa de otra denuncia del grupo, en este caso sobre la falta de información sobre los contratos de alquiler firmados por Aumsa, en la que Antifraude sí les notificó el inicio de la investigación. Esta denuncia se presentó el 16 de julio de 2024 y tres días después se comunica el inicio de la investigación. No obstante, y pese al plazo de seis meses, más de un año después no se ha producido comunicación alguna o novedad sobre este expediente.

Más allá del grupo municipal, también se encuentran otros ejemplos de denuncias presentadas por miembros de Compromís en las que tampoco la agencia de Beut se ha pronunciado en plazo.

Concretamente, la diputada Isaura Navarro denunció el 6 de mayo de 2024 a Antifraude que el president de la Generalitat hacía uso de sus redes sociales personales para difundir mensajes de publicidad institucional que deberían anunciarse en los perfiles institucionales. El pasado 21 de enero de este mismo año, Navarro amplió la denuncia sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna por parte de Antifraude pese a exceder los plazos.

Expedientes sin respuesta del PSPV

Algo similar ocurre con varias denuncias que ha presentado a Antifraude el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València y que tampoco han prosperado pese a haberse registrado antes que la denuncia anónima sobre José María Ángel. En el caso del PSPV de València, el 21 de febrero de este año llevaron a Antifraude la sanción del Ayuntamiento al PSPV por la colocación de una pancarta sobre el Corredor Verde en las dependencias municipales que ocupa el grupo municipal socialista al considerarla “arbitraria”. Una denuncia sobre la que no han recibido respuesta. 

Otro de los expedientes que el PSPV local ha llevado a Antifraude es el relativo a la cesión en derechos de superficie de varios solares municipales a una empresa vinculada al marido de una diputada del PP. Una denuncia que presentaron el 28 de enero de este mismo año sin que hasta la fecha se haya comunicado ninguna actuación por parte de el organismo que dirige Beut. Según aseguran los socialistas, habría al menos tres expedientes más sobre diversas denuncias presentadas desde septiembre de 2024 en los que tampoco se les ha notificado respuesta alguna de Antifraude.

El caso sobre José María Ángel, cuya denuncia fue investigada en apenas 16 días hábiles, contrasta con la actuación de la Agencia Valenciana Antifraude en los últimos meses, marcada por una ralentización y falta de transparencia. Desde la llegada de Eduardo Beut a la dirección en julio de 2024, y en el contexto del cambio de reglamento impulsado por la mayoría de PP y Vox, la agencia ha reducido drásticamente la publicación de informes, limitando además el contenido de las resoluciones y suprimiendo órganos clave.

Esta situación ha sido denunciada públicamente por varias organizaciones, que el pasado mes de junio alertaron sobre un desmantelamiento progresivo de la institución y una pérdida de independencia y capacidad de control. Ahora, tras conocerse los plazos en el caso del excomisionado, se reabre el debate sobre la imparcialidad y el modo de operar del organismo.