Comunitat Valenciana

Las quejas por transparencia crecen más de un 40% ante la "desesperante lentitud administrativa"

El Síndic de Greuges de 2024 denuncia en su informe de 2024 que el derecho a la información pública "pierde valor y utilidad" si hay retrasos en la entrega de documentación

  • El Síndic de Greuges, Ángel Luna, hace entrega de su Informe en Les Corts
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VALÈNCIA. El derecho a la transparencia y el acceso a la información pública se ha blindado en las últimas décadas con la elaboración de normativa que trata de garantizar que la ciudadanía pueda fiscalizar el trabajo de las Administraciones públicas. Una cuestión blindada en la teoría, pero que en la práctica se ve dificultada por la falta de medios, la lentitud o incluso "el abuso del silencio" por parte de las Administraciones. 

Así lo explica el síndic de Greuges, Ángel Luna, en el informe anual de 2024 entregado este lunes a Les Corts Valencianes. Un documento en el que recuerda que a comienzos del pasado año entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que insiste en que se pueda acceder a la información pública de la manera "lo más rápidamente posible". 

A pesar de ello, lo cierto es que el número de quejas relacionadas con la transparencia al defensor del pueblo valenciano aumentaron un 43,5% en 2024, hasta alcanzar las 432. De esta manera, la falta de transparencia se ha convertido en la segunda cuestión con mayor número de quejas al síndic, solo por detrás de servicios sociales. 

Las reclamaciones planteadas, según explica el síndic, se fundamentan sobre todo en la "desesperante lentitud administrativa" en las peticiones de información pública presentadas tanto por la ciudadanía como por personas con "un derecho más reforzado” a nivel legal como son diputados, concejales o representantes sindicales. 

El síndic, además, explica que durante 2024 se ha mantenido el "abuso" del silencio administrativo, es decir, de la ausencia de respuesta por parte de las Administraciones a las solicitudes de acceso a la información pública. Luna llega a definir esta problemática como "un mal endémico" que no se consigue “curar”. 

Falta de "medios" o de "voluntad"

Por otro lado, el informe recoge los posibles motivos que pueden llevar a los organismos a no atender a las peticiones dentro de los plazos establecidos. El síndic entiende que en el caso de los municipios más pequeños es "la falta de medios" aquello que les "imposibilita responder en tiempo y forma" a las solicitudes de información pública. No obstante, carga contra las entidades que cuentan con más recursos, sobre las que señala: "Es la falta de voluntad la que impide facilitar la información dentro del plazo legal". 

Concejales en la oposición, los más demandantes

Además, el informe revela que los concejales que se encuentran en la oposición fueron los que más quejas presentaron ante los "obstáculos que han sufrido para dificultar al máximo su acceso a la información". Una cuestión que, según el síndic, les impide a los ediles "participar en los asuntos locales y controlar las decisiones del gobierno municipal". Según detalla el documento, un buen número de las reclamaciones presentadas por concejales se deben a que no estaban siendo autorizados para acceder a la plataforma electrónica de expedientes municipales. 

Por este último motivo, el síndic reclama por cuarto ejercicio consecutivo la reforma de la ley de régimen local de la Comunitat Valenciana para que se regule "específicamente" el acceso de los concejales a los documentos e información de los sistemas de gestión electrónica de expedientes municipales, "salvo a los datos de las personas físicas especialmente protegidos y reservados". 

"Nadie puede participar en lo que no conoce"

Ante este escenario, Luna insiste en que las dificultades para acceder a la información pública "tienen una incidencia directa" en la participación en la gestión de los asuntos públicos: "Sin información es imposible la participación, así de simple". En este sentido, el síndic reitera en el informe que "nadie puede participar en lo que no conoce". 

Por ello, recuerda las diferentes normas que recogen a nivel nacional y autonómico el "derecho a participar" de la ciudadanía y las "obligaciones de los poderes públicos" de facilitar esta participación. "La finalidad última de los procesos de participación ciudadana es llegar a conseguir las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. Esto es básico en cualquier sistema democrático", defiende el informe del síndic.

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