ALICANTE. La crisis desatada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 suma una nueva derivada: la gestión de las viviendas ya compradas y escrituradas a las que se pretenda renunciar. De entrada, se trata de una hipótesis inviable desde el punto de vista formal, según apuntan fuentes de la Conselleria de Vivienda y de la propia cooperativa. El trámite de la renuncia a una compra ya completada no estaría contemplado, por lo que no se podría dar el escenario de una devolución. 

En todo caso, podría instarse una anulación de la escritura, lo que, según fuentes consultadas, podría requerir de una resolución judicial. E incluso en ese caso existirían dudas de si el piso en cuestión puede volver a pertenecer a la cooperativa que las construyó. Máxime si se tiene en cuenta que, una vez vendidas las 140 viviendas, los responsables de la gestora de la cooperativa pretenden iniciar el proceso de su liquidación al haber concluido su cometido: la construcción y venta de las viviendas.

En principio, el objetivo de Fraorgi -la entidad gestora de la cooperativa- era el de mantenerla en funcionamiento para impulsar la construcción de futuros proyectos de VPP, optando a algunos de los suelos que se pretende enanejar en Alicante en el marco del Plan Vive. No obstante, según sus responsables, esa opción queda desechada tras la polémica suscitada a cuenta de la promoción de Playa de San Juan, de modo que se instará la extinción de la cooperativa en el momento en el que se despeje la controversia. Fraorgi, por su parte, quedará centrada en la promoción de vivienda libre.

¿En qué situación quedarían, entonces, las viviendas de los dos compradores que han registrado dos escritos de "ofrecimiento formal de renuncia" a sus pisos? La vía efectiva para desprenderse de ellos sería la de promover su venta para que la administración pueda ejercer el derecho de tanteo y asumir su compra: una posibilidad que solo puede aplicarse cuando se produce una segunda transmisión. De hecho, los propios propietarios de las dos viviendas -los dos miembros de una pareja divorciada- apuntan ya a esa alternativa en los escritos en los que manifiestan su voluntad de renuncia.

Los dos propietarios que han ofrecido su renuncia, una pareja divorciada, aseguran que cumplen los requisitos económicos de renta y que no tienen vinculación con el ayuntamiento, pero optan por desprenderse de los pisos al haber concertado su reconciliación

En ellos, se explica que, pese a cumplir los requisitos económicos de límite de renta, optan por la renuncia a las dos viviendas después de haber concertado una reconciliación y haber decidido volver a vivir juntos. Además, ambos añaden que no tienen ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Alicante. Y sugieren la opción de que sea la Conselleria de Vivienda la que asuma la propiedad de las dos viviendas a través del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

No obstante, el escenario de un posible tanteo requiere que los pisos se pongan a la venta, lo que, a su vez, supone que se deba solicitar autorización previa al mismo departamento autonómico. Por su parte, para que se pueda ejercer el derecho de retracto, tiene que haber una segunda venta ya consumada. Y en ambos casos, la administración solo abonaría el mismo precio por el que se produjo su primera transmisión: es decir, el precio pagado por sus dueños como socios cooperativistas.

La cooperativa sí renuncia

En todo caso, para que la administración pueda intervenir y convertirse en la nueva propietaria de esas viviendas, debe cumplimentarse, además, otro acuerdo previo. Se trata de la renuncia de la cooperativa a ejercer ese derecho de tanteo que la normativa le confiere de forma preferente. Eso sí, ese requisito no será un impedimento, ya que la cooperativa ya ha decidido que no ejercerá esa potestad. Es más, según sus responsables, así se pretende comunicar a la Conselleria de Vivienda de forma oficial en los próximos días. "Nuestro trabajo ya ha acabado y no queremos asumir nada más después de todo lo que está pasando", apuntan.

Con todo, lo cierto es que, desde que, este martes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, diese a conocer los escritos de renuncia de esos dos compradores socios de la cooperativa, Residencial Les Naus no ha dejado de recibir llamadas y de registrar interesados en la adquisición de esos pisos, a través de su página web. Se trata de contactos que habrían establecido tanto otros socios que habían quedado en la lista de espera para la promoción de Residencial Les Naus como personas ajenas que pretendían inscribirse ahora para poder optar a esas viviendas. 

Análisis de los empadronamientos

Entre tanto, al margen de la solicitud de documentación ya acordada por la jueza que incoa las diligencias sobre la gestión de la promoción, el departamento autonómico de Vivienda continúa revisando la información sobre los empadronamientos facilitados por el Ayuntamiento de Alicante para constatar que coinciden con los adquirientes de los pisos y evaluar si puede haberse cometido alguna transmisión en fraude. Ese análisis queda ahora sujeto a la remisión de información adicional por parte del Ayuntamiento, puesto que se había facilitado inicialmente de forma incompleta. En paralelo, se mantiene abierto el proceso de comprobación de los visados de los contratos, a la espera de que la cooperativa y parte de los compradores facilite la documentación adicional reclamada después de que se detectase omisiones de información respecto a las condiciones económicas de los cónyuges de los compradores en varios casos.

Al tiempo, el Ayuntamiento también promueve sus propias comprobaciones con el fin -también- de precisar la identidad de los moradores de los pisos, para lo que ya ha ordenado al menos dos inspecciones de la unidad de disciplina urbanística y barrios de la Policía Local: una en la tarde del martes y otra a primera hora del miércoles (en este caso, con cuatro patrullas, lo que hace un total de ocho agentes). Por el momento, no se tendría constancia del resultado de esas inspecciones. No obstante, esa labor de comprobación podría no ser del todo concluyente, ya que cerca de una treintena de propietarios que escrituraron sus viviendas a finales de 2025 todavía no habrían agotado el plazo de seis meses establecido en el decreto regulador de acceso a una VPP para residir en esos inmuebles.

Por útimo, tampoco se habría precisado que se haya concluido los expedientes abiertos respecto a los dos arquitectos municipales que compraron viviendas en el residencial, ni el relacionado con el manejo de información en la Concejalía de Contratación que desveló Barcala en su comparecencia de este martes.