VALÈNCIA (EP). Los empresarios valencianos han mostrado su apoyo al decreto del Consell contra la hiperregulación administrativa, en fase de tramitación como proyecto de ley en Les Corts, y han llamado al consenso político para garantizar una aplicación efectiva y con garantías que permita evitar retrasos de proyectos estratégicos y fugas de inversiones a otras comunidades autónomas.

Así lo han expuesto este martes los presidentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, en la comisión de Economía de Les Corts, dentro de la fase de participación ciudadana del proyecto.

Este decreto, aprobado por el Consell a finales del año pasado, supone la segunda fase del plan de simplificación administrativa, elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Afecta, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para vivienda o el reconocimiento del grado de dependencia.

En su intervención, el presidente de la CEV ha asegurado que la simplificación es un “clamor empresarial” en la Comunitat, pero ha sostenido que no solo beneficia a los empresarios sino a toda la sociedad. Ha defendido así que “no es una concesión al tejido empresarial”, sino “una herramienta para que la administración funcione mejor”.

“Una administración que simplifica no pierde capacidad de control: gana en eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta”, ha remarcado, y ha abogado por que el decreto vaya acompañado de inversiones para transformar la administración y de “un servicio de inspección potente” para garantizar que funciona.

Lafuente, que ha destacado que los sindicatos están a favor de la simplificación, ha señalado que las pymes son las que más la necesitan, ya que “cada retraso puede suponer perder clientes y un freno a la financiación bancaria”, algo que también sufren los emprendedores jóvenes.

Según ha expuesto, se dan retrasos significativos en proyectos urbanísticos, energéticos, industriales, logísticos e innovadores, con “duplicidades de informes, falta de coordinación interadministrativa, plazos inciertos y un silencio administrativo que no genera certidumbre real”.

Pérdida de competitividad

“El resultado es claro: proyectos que tardan años en materializarse o se acaban desplazando a otros territorios, y eso supone pérdida de competitividad frente a otras comunidades autónomas”, ha lamentado, y ha apuntado otras consecuencias de la hiperregulación en ámbitos como la vivienda o los servicios sociales.

Por todo ello, ha pedido que este decreto tenga consenso y una aplicación real, que no se “desvirtúe” durante el proceso de participación y que se consolide “como una política de consenso en la Comunitat Valenciana” más allá de cada legislatura y de los cambios de gobierno.

Por su parte, el presidente de las Cámaras de Comercio ha mostrado su apoyo al decreto “ambicioso” y ha instado a mejorarlo y a que tenga una aplicación efectiva. Ha defendido que la simplificación es una “necesidad urgente” para el tejido empresarial valenciano, basado en pymes, microempresas y autónomos, “el más vulnerable a la burocracia”.

Morata ha lamentado el “freno silencioso” que supone la hiperregulación al crecimiento económico, con proyectos que se retrasan meses o años y “oportunidades que se pierden o se trasladan a otros territorios con marcos más ágiles”. Un problema que ha indicado que se da sobre todo en los sectores industrial, energético y urbanístico.

“¿Cómo le podemos decir a un fabricante de componentes de automóviles que le va a costar tres años producir cuando hoy en día tiene que hacerlo en ocho o diez meses?”, se ha preguntado.

La reconstrucción, ejemplo de falta de agilidad administrativa

El presidente de las cámaras también ha señalado los trabajos de reconstrucción tras la dana como ejemplo de falta de agilidad administrativa: “El dinero que se ha dado a los ayuntamientos se tiene que gastar, no puede ser que falten medios técnicos”.

Además, ha hecho hincapié en que todas las normas de simplificación deben cumplir con la legalidad, para lo que ve necesario concienciar tanto a los funcionarios como a las empresas, y ha puesto el foco en la vivienda, “el principal problema social”, en el que “habrá que tomar las medidas necesarias” para generar suelo.

Por estas razones, ha pedido que el decreto no sea únicamente del Consell, sino “una herramienta al servicio de la sociedad valenciana”, para lo que ha llamado al consenso político. “Cada trámite que se simplifica es una oportunidad que se adelanta; cada proceso que se agiliza es empleo que llega antes; cada barrera que se elimina es ganar competitividad”, ha reivindicado.

Y en la actualidad, ante la guerra en Oriente Medio, Morata ha lamentado la falta de un mercado único europeo “para meternos hacia adentro cuando el mundo se ha complicado”.

Grupos parlamentarios

Entre los grupos políticos, Mª Carmen Contelles (PP) ha admitido que es una ley ambiciosa que "toca casi cien normas", pero ha remarcado que no hay "ningún informe en contra" de la Abogacía de la Generalitat sino únicamente "observaciones". También ha defendido que "la simplificación no es una agenda ideológica, es un problema económico y social".

Ramón Abad (PSPV) ha asegurado que los socialistas nunca se opondrán a "todo lo que signifique una administración más eficaz", al tiempo que ha criticado que el decreto incluya medidas para "pegar bocados al territorio" dentro de un modelo urbanístico "demoledor".

Desde Compromís, Aitana Mas se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de agilizar la administración y relocalizar la industria, pero ha cuestionado si la administración valenciana está realmente "preparada" para la digitalización: "Estamos a años luz de una administración totalmente digital".

Y la diputada de Vox Mª Teresa Ramírez ha afirmado que la simplificación es "una de las banderas" de su partido y ha pedido "dar un paso más" en este decreto para profundizar en medidas que permitan el relevo generacional en las pymes.