VALÈNCIA. La temporada de incendios más devastadora en España desde que hay registros deja por el momento cerca de 380.000 hectáreas quemadas en todo 2025. Unas cifras de récord, con sus consecuentes daños ambientales y materiales, que han vuelto a poner en el foco la gestión de emergencias, que ha venido acaparando la atención en los últimos diez meses desde el pasado octubre, cuando la Dana arrasó decenas de municipios de l'Horta Sud provocando el fallecimiento de 229 personas.

Desde bien pronto, todavía la provincia de Valencia en 'shock', las carreteras bloqueadas y miles de personas sin suministros básicos, la deficiente gestión de la catástrofe se convirtió en motivo de una ruidosa batalla política que, de hecho, todavía persiste, de fondo con la investigación judicial abierta. Desde la conveniencia o no de la declaración de emergencial nacional hasta el despliegue tardío de medios para atender las primeras urgencias -complicado todavía más por el bloqueo de las vías de comunicación- pasando por el uso también tardío de la alerta masiva a la población.

Todo ello fue objeto de una contienda virulenta entre el Consell de Carlos Mazón y el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre la responsabilidad de cada administración en lo ocurrido. Ahora, resuena como un profundo eco en la gestión de la emergencia a cuenta del episodio de incendios que está devorando todo a su paso en el interior de la Península, especialmente el noroeste, y que ha reavivado el debate competencial del estado de las autonomías y los mecanismos de respuesta ante emergencias de esta envergadura.

Las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular replican la estrategia del dirigente valenciano enfrentándose al Ejecutivo central en materia de protección civi, competencia transferida a las comunidades autónomas. Sobre todo, las reivindicaciones de presidentes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alfonso Rueda (Galicia) o María Guardiola (Extremadura) han centrado el tiro en los medios humanos y materiales para hacer frente a las llamas, solicitando al Gobierno una mayor implicación del Ejército más allá incluso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al desbordar el fuego a los servicios de extinción regionales.

Este mismo martes, Rueda afeaba que el Gobierno no hubiese enviado todos los medios anti incendios que había reclamado la autonomía. Así, aunque admitía que han llegado hasta 200 efectivos del ejército para colaborar con la Guardia Civil, lamentaba que sólo se dispusiesen 3 de los 20 buldozers pedidos, una Brif y ninguna de las 30 motobombas solicitadas. Mañueco, por su parte, lamentó el domingo la desatención: "48 horas después de pedir al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados", dijo. En su caso, 25 buldozers, un millar de soldados, 15 vehículos nodriza y otros 15 puestos de mando, una treintena de helicópteros y drones con visores térmicos. Y este martes, insistió en esta petición, que consideró "inédita".

También la presidenta de Extremadura, Maria Guardiola, sigue la estrategia marcada por el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y este martes llegó a deslizar que la falta de celeridad del Ejecutivo ha agravado los incendios. “Si hubiéramos tenido los medios con la misma rapidez con la que nos los han facilitado las comunidades autónomas, igual estábamos hablando de otra cosa y de otra dimensión”, aseveró Guardiola poco después de admitir que el Gobierno sí ha movilizado lo que “hay disponible”.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, defendió este lunes que el Gobierno sí estaba ateniendo las peticiones de las autonomías, si bien admitió que, en ocasiones, tardan un tiempo en materializarse por la gestión logística de los dispositivos, que suponen desplazamientos lejanos de maquinaria pesada. Incluso la propia portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguraba que los medios de las comunidades "están al 100%" y reconocía que también "los medios del Estado, la UME y las BRIF [Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales] están al 100%", por lo que los populares solicitan "que extraordinariamente se utilicen capacidades concretas de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, desde la Comunitat, tanto el propio Mazón como la alcaldesa de València, la popular María José Catalá, aprovecharon para hacer referencia a la catastrófica Dana al anunciar el envío de efectivos valencianos para colaborar con las fuerzas de extinción en Castilla y León. "Somos conscientes de que el resto de España sigue atravesando una situación muy compleja, y queremos devolver la inmensa solidaridad que lleva recibiendo la Comunitat Valenciana desde octubre", explicó el titular del Consell. "Hace unos meses España estuvo a nuestro lado, hoy Valencia está con vosotros", aseguró también la alcaldesa.

La declaración de interés nacional

La declaración de la emergencia de interés nacional es otro aspecto que, como en la Dana, ha estado sobre la mesa de debate en los últimos días. La Ley define las emergencias de esta envergadura como aquellas en las que "sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico", aquellas en las que "por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional" o cuando se requieran decisiones que afecten a las libertades públicas.

En este nivel de emergencia, el número 3, sería el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, el que asumiría el mando, con todo lo que ello implica, también a nivel de responsabilidades. La declaración corresponde al propio ministro "bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas". Sin embargo, lo cierto es que ni el Gobierno la ha declarado, tampoco las comunidades autónomas.

El propio Grande-Marlaska explicaba el domingo en una entrevista en El País que si el Gobierno hubiera "entendido en algún momento que una comunidad autónoma se encuentra en una situación de incapacidad para la dirección técnica de las labores de extinción de los incendios", lo hubiera hecho, pero que no había estado "sobre la mesa". "Si entendiéramos que la gestión no fuera razonable, evidentemente asumiríamos de oficio directamente la competencia".

Lo cierto es que no lo hizo en la Dana, cuando ni la Generalitat Valenciana ni el Ejecutivo creyeron conveniente la declaración de interés nacional, pese a los dos días que tardó el Consell en reclamar la intervención del Ejército en las primeras tareas de recuperación de la 'zona cero'. Sí ocurrió con el apagón del 28 de abril, cuando lo pidieron ocho comunidades autónomas, todas del PP salvo una del PSOE: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha.

En la Dana, Feijóo señaló al Gobierno central por no asumir el mando, una postura que suponía admitir, por otra parte, la insuficiencia y las deficiencias de la gestión realizada por la Generalitat Valenciana. En el caso de los incendios, la estrategia ha sido diferente y los populares rechazan que sea necesaria la declaración de la emergencia nacional porque, sostienen, el problema es la falta de medios y con los niveles de emergencia 1 y 2, el Estado ya puede ponerlos a disposición. “Un nivel 3 en este momento no implicaría más medios", justificaba la propia portavoz parlamentaria del PP, como han venido explicando también sus barones.