VALÈNCIA. "El verdadero problema para un ayuntamiento es disponer de un mecanismo de contratación que sea lo suficientemente simple" para poder encargar el diseño de "un proyecto, ejecutarlo, certificarlo y entregarlo". Así se pronunció este lunes el vicepresidente primero del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, acerca de uno de los obstáculos que existe en la administración para poder llevar a cabo las obras de la reconstrucción tras la Dana con toda la celeridad posible, y apuntó a algunas ineficiencias en los procesos que están dificultando la materialización de los proyectos con rapidez: "Están los recursos pero tengo la inquietud de si existirá la capacidad para gestionarlos".

El vicepresidente segundo del Consell abrio una mesa de debate organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia (COIICV) en la Fundación Bancaja, donde entre otras cosas hizo un repaso sobre la situación de la reconstrucción en la 'zona cero' de la catástrofe. Así, hizo referencia a los 16.600 millones de euros anunciados por el Ejecutivo central, dirigido por Pedro Sánchez, para atender la recuperación, "pero luego cuando se ve [en sus informes diarios] cuánto se ha invertido realmente, habla de 4.600, de los cuales 2.600 son del Consorcio de Compensación de Seguros y otros 48 del Seguro Agrario, que lo paga cada agricultor".

En ese sentido, cifró en unos 2.000 millones de euros los realmente ejecutados hasta la fecha por el Gobierno central, donde entrarían los más de 1.700 millones destinados a las tesorerías de los ayuntamientos afectados por la catástrofe para reconstrucción de infraestructuras municipales. Y fue aquí donde señaló lo que considera que es "el verdadero problema" para que los municipios hagan uso de todo ese dinero: "A pesar de que hay un mecanismo gracias a un decreto que hizo el Gobierno con una salvedad para que se pudiera contratar directamente con Tragsa, el problema es que Tragsa no es una empresa para gestionar todo eso y tiene que ir a un modelo de subcontratación",

Por ello, sostuvo que "colocar a un intermediario en un proceso tan complejo no parece lo razonable" y cuestionó el mecanismo de contratación que se esté siguiendo, el de la libre concurrencia. "Yo no estoy en condiciones de decir si es lo mejor o lo peor, pero lo que sí sé es que es lo más largo y complejo", apuntó, para añadir acto seguido que "todavía, le pese a quien le pese, seguimos dentro de la Ley de Contratos del Estado, que claramente marca que la contratación puede hacerse por emergencia".

En cuanto a la Generalitat Valenciana, Gan Pampols hizo hincapié en el presupuesto Dana para 2025 de 2.364 millones de euros, una inversión "sin precedentes" que, dijo, tendrá "un impacto directo en la recuperación económica, en la rehabilitación de sectores y en el refuerzo del tejido productivo". Así, aseguró que estos fondos permitirán crear "dos nuevos polos industriales y comerciales" y promover "la diversificación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento a largo plazo de la Comunitat Valenciana".

No obstante, remarcó que a esos recursos deben sumarse los del Gobierno de España, a quien pidió activar créditos extraordinarios a fondo perdido, y los de la Unión Europea, que debe movilizar "todos los recursos que tiene a su disposición para garantizar que nuestra recuperación no se vea limitada por la falta de fondos". En ese sentido, consideró "crucial reclamar con firmeza y sentido de Estado la activación del reglamento europeo Restore, que permitiría reprogramar los fondos estructurales ya asignados", y destinar fondos del programa Feder o del Fondo Social Europeo Plus a la reconstrucción.

Las obras de la CHJ

En su intervención, el vicepresidente también lamentó que no exista un "calendario compartido" con el Gobierno de España para la coordinación de actuaciones tras la dana del 29 de octubre. "No hay más coordinación en este momento que los anuncios, cuando los hay, de inicio de actuaciones", señaló. Así, advirtió, en relación con las actuaciones para la recuperación de barrancos que se vieron desbordados con la dana, existe un "sistema de jerarquía competencial", dado que el dominio público hidráulico pertenece al Estado, concretamente "al Ministerio de Transformación Ecológica, a una Secretaría de Estado, a la Dirección de Aguas y, en nuestro caso, a la Confederación Hidrográfica del Júcar".

Por eso mismo, expuso, en zonas como el barranco del Poyo y los demás cauces "solo puede actuar la CHJ", aunque "otra cosa es la parte de esos cauces que va por dominio urbano". En este segundo caso, apuntó, existe "una intervención por parte de la Generalitat", mientras que "la parte técnica de entender quién hace qué en ese momento ya se acordó en su momento". "Más allá de eso, no hay más coordinación en este momento que los anuncios, cuando los hay, de inicio de actuaciones", agregó.

Además, manifestó sus dudas sobre si están "las ideas lo suficientemente asentadas como para reclamarle a aquellos que tienen la titularidad en las distintas infraestructuras que apliquen esas obras de perfectibilidad que harían que su supervivencia fuera más elevada y su impacto fuera menor en las poblaciones de alrededor", en referencia precisamente a la CHJ.

Los ingenieros industriales piden planes de contingencia

Por su parte, los ingenieros industriales hicieron hincapié en la necesidad de que las empresas cuenten con un plan de contingencia y un puesto de mando de respaldo para afrontar las situaciones de emergencia como la dana del pasado 29 de octubre, cuando para muchas "o no existía o resultó insuficiente", tal como se puso de manifiesto durante las jornadas técnicas organizadas por el Colegio de Ingenieros Industriales de València, que analizaron a través de empresas de suministros básicos que actuaron en primera línea "qué fallo y qué mejorarían de cara a prevenir el caos organizativo" creado tras las inundaciones.

En la mesa debate final participaron responsables de empresas como Hidraqua, la EMTRE, Global Omnium, Iberdrola, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Nedgia y Consum, y al finalizar la mesa, el presidente de la comisión de colegiación, Julio Bel, presentó las conclusiones de las jornadas. En este sentido, algunos de los participantes han señalado que urge revisar el análisis de riesgos, procedimientos, recursos, roles y responsables para adaptarlo a este tipo de situaciones. Además, y de cara a acometer infraestructuras "clave" que puedan "evitar que se repita una catástrofe similar", sugirieron mantener los contratos de emergencia, "que han resultado eficaces en la reconstrucción".

Paralelamente, desde las empresas encargadas del suministro de productos de primera necesidad trasladaron la necesidad de contar con un marco regulatorio que defina "claramente" el papel de las empresas esenciales, como las de distribución de productos de primera necesidad, transporte y suministro, entre otras, de una manera "clara y precisa" para que no se produzca un "caos organizativo y una disfunción de autoridades como el que se produjo".

Otra de las cuestiones abordadas fue el "fallo" de la comunicación "a todos los niveles", puesto que las empresas "no estaban preparadas para gestionarla en momentos imprevistos y de alerta". Para ello, han considerado importante disponer de un plan de emergencias, con una "hoja de ruta clara que indique cómo proceder tanto a las empresas como a los ciudadanos". Y resaltaron, por otra parte, que tras la Dana se está acometiendo la renovación de "activos cruciales" como centros de datos y la necesidad de tener las tecnologías actualizadas, con "los últimos estándares técnicos o normativos", ha sido lo que ha permitido en numerosos casos "salvaguardar la información estratégica".