BENIDORM. Parece que el capítulo por los terrenos de Serra Gelada llega a su desenlace. La familia Puchades ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de Benidorm para indemnizarles por los terrenos de su propiedad en el Parque Natural, tal y como ha podido confirmar este diario. El planteamiento municipal marca una serie de pautas para abonar los 350 millones de euros que han visto con buenos ojos sin cambiar una coma. Un visto bueno que llega antes de la celebración del pleno previsto para este martes y que después tendrá que ser homologado por el juez.
Como ha venido contando de largo este diario, las empresas ganadoras del contencioso reclamaban que se les hiciera efectivo el convenio firmado con el Consistorio por el cual se comprometieron a compensar a los titulares de estas parcelas con otros planes parciales, pero que nunca se llegó a cumplir. Un acuerdo que se firmó en 2003 bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, con una vigencia de cinco años. Se renovó en los años 2010 y 2013 ya con gobierno del socialista Agustín Navarro. Y dentro de esta cronología también destaca que es en 2005 cuando se declara como Parque Natural de Serra Gelada y en 2012 se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental donde la Generalitat requería proteger estos terrenos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenaba al Consistorio a una indemnización de 283 millones de euros más intereses, que finalmente se han acordado en un total de 350.442.406,01 euros.
Para empezar, el Ayuntamiento plantea un abono inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. Este importe lo afrontará a través del préstamo de 55 millones fruto de la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico y con recursos propios.
A su vez, se incluye un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030. En este plazo, el Ayuntamiento decidirá si amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado. Igualmente el acuerdo incluye una carencia de los intereses de la deuda, de modo que, desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, el principal no devengará intereses.
A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031. Un pago que no determina hasta cuándo se podría alargar en años hasta finiquitar la deuda con los Puchades, eso sí, el alcalde calculó que este año ese 8% sería de unos 12 millones de euros del presupuesto, aunque las cuentas varían con el paso del tiempo.
Pero para completar la indemnización, el Ayuntamiento se apoyará en la compensación con terrenos. Una fórmula que ya fue utilizada en su día en el convenio que dio inicio a todo este proceso por no cumplirse. Para ello, se prevén dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Con ello llegarían a una cuantía de 67.386.655,89 de euros, a satisfacer por el Ayuntamiento durante un plazo de cinco años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.
Estas daciones en pago propuestas deberán ser obligatoriamente aceptadas por los propietarios, señalando el Consistorio que los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y/o cualquier otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990, con un valor de canje del aprovechamiento que no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley. De este modo, la propiedad asumiría obligatoriamente casi 70.000.000 euros en terrenos durante cinco años a precio de mercado (justiprecio), con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento, ciñéndose por tanto al valor real y actualizado del suelo en cada momento.
Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.
