VALÈNCIA. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó este lunes por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la Dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

De esta manera, los cinco magistrados que integran el órgano judicial respondían a la exposición razonada de la jueza remitida semanas atrás y descartaban declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basando su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión. No obstante, esto no impide que la jueza pueda proseguir con la instrucción a la búsqueda de nuevas pruebas o testimonios.

Un auto de 72 páginas en el cual los cinco magistrados avalan la tesis expuesta por la Fiscalía días atrás e incluso van más allá, tachando de "conjetura" algunos de los argumentos de la jueza, como la "pasividad negligente" que le atribuye al ya exjefe del Consell. No es el único pasaje del texto en el que el TSJCV, en un contundente auto, pone el acento en la falta de asideros jurídicos de la exposición razonada de la magistrada de Catarroja, en lo que considera "apreciaciones" o argumentos "huérfanos de la acreditación indiciaria" que no justificarían la participación directa de Mazón en la toma de decisiones.

Más aún, respecto a la posible intervención del expresidente en el envío del ES-Alert, el auto señala la "ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud", por lo que descartan que la Sala pudiera declararse competente en la causa.

De esta manera, y al margen del detalle del auto, el contenido del escrito emitido por el TSJCV deja en una mejor posición política, no sólo a Mazón, sino también al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre quien se había incrementado la presión en los últimos días a raíz de la exposición razonada de la jueza solicitando la imputación del exjefe del Consell.

Así, la exigencia de la oposición y de varias de las principales asociaciones de víctimas de que Pérez Llorca pida a Mazón que deje el acta de diputado y abandone así su condición de aforado, había regresado al foco mediático después de solicitud de la jueza al TSJCV. Sin embargo, el auto emitido este lunes devuelve la causa a Catarroja con una conclusión de la Sala que, al menos de momento, deja muy alejada la posible imputación del expresidente.

En este sentido, cabe recordar que ya han pasado por el juzgado la práctica totalidad de testigos que tuvieron contacto con Mazón el día de la Dana por lo que, aunque queda un notable recorrido de la instrucción (por ejemplo casi una treinta de alcaldes faltan por comparecer), parece complicado que ninguno de los testimonios pueda proporcionar alguna novedad sobre la supuesta participación del expresidente en la gestión de la catástrofe. 

Desde el punto de vista político, esto apunta a ser un alivio para Mazón y también para Pérez Llorca, dado que si se produce una ausencia de novedades en el caso sobre el expresidente, también conllevará un alejamiento del foco mediático respecto a la continua exigencia respecto al abandono del acta del diputado.

De esta manera, puede entenderse que, con la decisión del TSJCV, el problema político se congela o, al menos, se encapsula quizá durante unos meses si no se produce ninguna novedad. No obstante, una de las posibilidades que contemplan las acusaciones para que el caso avance en lo que se refiere al expresidente, es que fructifique la comisión rogatoria solicitada por la jueza para conocer el contenido de los mensajes de Whatsapp y Telegram que hipotéticamente se enviaron Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, en aquella jornada. No obstante, los expertos dudan de que este contenido pueda llegar a recuperarse. 

Tal y como informó este diario, si no aparece ninguna prueba nueva, la posibilidad de que el expresidente fuera imputado pasaría por que perdiera la condición de aforado, lo que permitiría a la jueza de Catarroja citarlo como investigado sin necesidad de elevar la causa al TSJCV. Dado que dejar el acta no parece entrar en los planes de Mazón ni tampoco el PP se plantea -al menos por ahora- presionarle para ello, sólo la conclusión de la legislatura en primavera de 2027 podría conllevar la pérdida de sus condición de diputado y, por tanto, de aforado. La magistrada tendría, para ello, que mantener viva la instrucción hasta entonces: por el momento, este mismo lunes acordó una nueva prórroga de seis meses que expirará el 30 de octubre.