VALÈNCIA (EFE). El PP y Vox han alcanzado esta legislatura en la Comunitat Valenciana tres acuerdos: en junio de 2023 el pacto de gobierno que convirtió a Carlos Mazón president de la Generalitat, en marzo de 2025 el acuerdo que permitió aprobar en mayo los presupuestos, y ahora el que ha avalado que Juanfran Pérez Llorca sea el nuevo president.
La aritmética parlamentaria había convertido en determinante a Vox, ya que sus 13 diputados sumados a los 40 del PP permiten rebasar en 3 votos la mayoría absoluta (fijada en 50 escaños) en un hemiciclo formado por 99 diputados, de los que la oposición de socialistas y Compromís tienen 46.
El pacto para hacer president a Mazón
Solo 16 días después de los comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, el PP y Vox cerraron el 13 de junio, en su primera reunión oficial, un acuerdo "firme" -al que la oposición llamó el pacto de "la servilleta"- para configurar un Gobierno de coalición presidido por Carlos Mazón en el que Vox tendría una "participación decisiva" y además presidiría Les Corts.
En una segunda reunión se acordó que Vox tendría tres carteras (la vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura, para Vicente Barrera, y las consellerias de Agricultura y de Justicia, Interior y Gobernación) y un documento de 50 puntos programáticos, como derogar la normativa sobre memoria histórica o sustituir la violencia machista por la "intrafamiliar".
Fue el primer acuerdo PP-Vox en España tras esas elecciones, que la oposición puso de ejemplo de lo que podía pasar en las generales de julio, y duró hasta que Vox decidió salir de todos los gobiernos regionales donde estaba coaligado el 11 de julio de 2024, día en que aprobaron en Les Corts la ley 'de Concordia' que sustituyó a la de Memoria democrática.
Mazón firmó esa misma noche el cese de los consellers de Vox y comenzó una etapa en la que el partido de Santiago Abascal sostuvo que pasaba de "socio leal" a "oposición constructiva", que ha estado marcada por la cordialidad entre ambos partidos.
El pacto de los presupuestos de 2025
Tras la dana del 29 de octubre de 2024, donde murieron 229 personas y parte de la provincia de Valencia quedó devastada, Mazón anunció el 17 de marzo de 2025 un principio de acuerdo con Vox para sacar adelante nuevos presupuestos autonómicos, que aprobaron en Les Corts el 28 de mayo tras asumir el PP algunos postulados de Vox.
En esa comparecencia, Mazón llamó a la acción contra el Pacto Verde, criticó la "mal concebida" agenda ambientalista europea y afirmó que la Comunitat "tiene un problema con la inmigración ilegal" y no admitirá más repartos de menores no acompañados, cuya expulsión para que vuelvan a sus países hay que "agilizar".
El nuevo acuerdo no se plasmó en un documento, pero se reflejó en unos presupuestos en los que Vox reivindicó su "sello" que recortaron las partidas para los agentes sociales y para la Acadèmia Valenciana de la Llengua e incluyeron medidas para limitar subvenciones a extranjeros o la creación de una oficina para asesorar a las víctimas de la okupación ilegal.
Además, el mes pasado el PP aprobó en Les Corts una iniciativa de Vox para hacer estadísticas diferenciadas entre la población nacional y la migrante sobre la recepción de ayudas, el absentismo laboral, el uso de las urgencias o la donación de sangre, y otra para fomentar la caza en los colegios con charlas o actividades extraescolares.
El pacto para investir a Pérez Llorca
La dimisión de Mazón abrió nuevas negociaciones entre ambos partidos para investir a Pérez Llorca como president de la Generalitat, de las que se avisó que no se firmaría un documento y que Vox decidiría su voto una vez escuchado el discurso del candidato, que se ha producido 24 días después de la renuncia.
No obstante, Vox había recordado sus "líneas rojas" -el rechazo al Pacto Verde, el freno a la inmigración "ilegal y masiva", la rebaja fiscal, la libertad educativa y el apoyo a la vivienda-, y mientras llegaba el acuerdo había registrado unas enmiendas para que no reciban la Renta valenciana de inclusión quienes usen burka y nicab, y una propuesta para prohibirlos.
En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha criticado la "amenaza" del Pacto Verde Europeo y ha defendido que se hagan pruebas para determinar la edad de los migrantes menores no acompañados, que regresen a sus países de origen y que se diga la nacionalidad de quienes cometen delitos, y se ha comprometido a exigir al Gobierno obras hidráulicas para la Comunitat Valenciana.
