VALÈNCIA. Este lunes dará comienzo el juicio de una de las piezas de Taula, una de las macrocausas de corrupción más importantes de la Comunitat Valenciana que, en este caso, se centra en los presuntos amaños de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando era concejala María José Alcón. Diez años después de que estallaran las primeras detenciones del caso Taula, la sección quinta de la Audiencia de València juzga presuntos delitos de corrupción de cinco acusados, entre los cuales está el conocido como 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, como 'zombi' de la Fundación Jaume II El Just y presunto recaudador de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de València apuntó al cobro de comisiones en la adjudicación de diversos trabajos de la concejalía de Cultura entre los años 2003 y 2007 cuando dirigía este departamento la entonces pareja del vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau. Concretamente, se trata de los contratos de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.
El principal acusado es Benavent, exgerente de Imelsa y ya condenado en otras dos piezas de Taula. En su escrito de apertura de juicio oral, el magistrado le atribuye un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, antes de ser nombrado en Imelsa, Benavent estuvo "colocado" en la Fundación Jaume II El Just donde, "a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP". Durante esos años, "se dedicó a cobrar comisiones a empresas a cambio de contratos públicos", dice el fiscal, que pide seis años de prisión.
También se sienta en el banquillo el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, inicialmente exonerado en la causa por el magistrado instructor pero incluido a última hora a instancias de la Audiencia Provincial tras un recurso de la Fiscalía, que defiende el argumento de que por aquel entonces, la edil Alcón era pareja de Burgos y tenía capacidad de influencia en los contratos del consistorio. Con todo, se le acusa de "ser consciente" de lo que ocurría con Benavent y permitir que se le pagara "un sueldo público sin asistir al trabajo". Por ello, el juez lo considera presunto autor de un delito continuado de malversación y la Fiscalía pide cinco años de cárcel.
Además, están acusados otros tres empresarios de compañías que resultaron adjudicatarias de los mencionados contratos. Se trata de Carlos Vicente Gil, adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, -aunque vendió su empresa en 2005-, Carlos Turró responsable y hasta el año pasado presidente de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart, y Enrique Aleixandre Chumillas por los contratos de la Mostra. A todos ellos, el juez les atribuye un delito de cohecho y la Fiscalía pide para ellos tres años de prisión.
La vista oral empezará este lunes, 26 de enero, después de que la Audiencia Provincial la aplazara por falta de refuerzos, y se desarrollará hasta el 19 de febrero. En las primeras jornadas declararán tanto el exgerente de la fundación como el empresario Enrique Aleixandre mientras que el resto de acusados declararán al final. Además, en las tres semanas comparecerán múltiples testigos como varios guardias civiles, el exyerno de Benavent o la que fuera portavoz de Esquerra Unida (EUPV) en la Diputación de València, Rosa Pérez Garijo, denunciante del caso Taula.
