VALÈNCIA. La reformulación de la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana tras la Dana ha dado esta semana un paso importante tras la salida a consulta pública del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales. El documento, elaborado por la Consellería para la Recuperación que dirige Francisco José Gan Pampols, revisa los protocolos de actuación ante una situación como la vivida el pasado 29 de octubre y, entre otras cosas, da un papel jerárquico al titular del Consell, además de adelantar los avisos a la población.

Pero además de la fase inicial de la emergencia, el plan también se centra en los protocolos a seguir durante una catástrofe natural. Y aquí destaca, por ejemplo, el mayor peso que el documento busca darle a la parte técnica de la administración a la hora de tomar algunas decisiones. También pretende que la Generalitat Valenciana actúe con una mayor anticipación en el despliegue de su estructura administrativa, donde destaca el ya conocido Cecopi, o que se revisen los umbrales de las alertas con la inclusión de un nuevo nivel 'negro'.

Es el director técnico el que ha de valorar si se activa la fase de emergencia y recomendar al conseller del ramo -quien tiene la última decisión- cuál de los tres tipos de emergencias tipificados se debería declarar según la gravedad del suceso y los recursos que hagan falta para gestionarlo. Si basta con recursos ordinarios, la gestión recae en el director técnico (nivel 1). Si hacen falta recursos extraordinarios, la competencia pasa al conseller como director del Plan (nivel 2). Y si se considera de interés nacional (nivel 3), se solicitaría que asumiese el mando el Ministerio del Interior.

El Plan reconoce "el impacto directo que esta fase tiene en la protección a la población y frente a la propia emergencia", por lo que plantea "una serie de mejoras operativas destinadas a optimizar la gestión de la emergencia", la responsabilidad de cuya definición e implementación "recae sobre la conselleria". Y la primera es, precisamente, el "despliegue anticipado de la estructura operativa e interoperable" para agilizar la reacción ante la catástrofe.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, el órgano de decisión para la gestión de la emergencia, el Cecopi, no se constituyó hasta las 17h de la tarde tras una convocatoria dos horas antes. En ese sentido, el documento señala que se debería "activar parcialmente la estructura operativa incluso antes de la declaración formal de la emergencia, especialmente ante indicios de agravamiento". Una anticipación que permitiría "acelerar los tiempos de reacción y aumentar la capacidad de respuesta". Para ello, el nivel jerárquico superior debe mantenerse informado y estar "preparado para activarse de forma inmediata si la evolución del fenómeno lo requiere".

Otra cuestión importante es el papel de los técnicos. La idea es implementar un "refuerzo competencial" del director técnico de la emergencia, el que está justo por debajo del conseller en la jerarquía a la hora de gestionar la catástrofe. "Dotar al director técnico de mayores competencias operativas en la gestión de la emergencia y dentro del ámbito de sus responsabilidades", recoge el protocolo, puesto que esa figura "concentra el mayor conocimiento técnico sobre el riesgo y los recursos disponibles". Con ello se buscan decisiones "más ágiles sin necesidad de recurrir constantemente a instancias superiores, especialmente en situaciones de rápida evolución".

No hay que olvidar, sobre la gestión de la Dana, que el papel de dos de los técnicos de mayor rango aquella tarde está bajo lupa en la investigación judicial. Su testifical todavía pendiente, la del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y la del entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, será clave después de que las declaraciones de la cúpula política de Emergencias y los técnicos de menor rango hayan dejado incógnitas que sólo ambos responsables pueden resolver.

El documento apunta también la necesidad de una definición "clara y pública" de los criterios para los cambios de fase de la emergencia. Para ello, plantea que se expliciten los indicadores técnicos y operativos en los que basar esta decisión. "Esta información debe ser pública y trazable, no solo para garantizar la transparencia y la coherencia de las decisiones, sino también para reforzar la confianza de la ciudadanía y de los organismos intervinientes en el sistema de protección civil", apunta al respecto. Asimismo, asegura que se ha de "definir y concretar el territorio afectado por la emergencia, ya que la declaración oficial de dicha área conlleva implicaciones normativas de obligado cumplimiento".

Una alerta 'negra'

Como contaba Valencia Plaza este jueves, el protocolo que diseña el plan fija la alerta masiva a la población antes incluso de que el director técnico valore qué nivel de emergencia se ha de activar, algo muy diferente a lo que ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando el aviso masivo no llegó a la ciudadanía hasta las 20.11h, cuando ya habían fallecido decenas de personas a causa de la riada que anegó l'Horta Sud.

El documento apunta, como posible mejora, la unificación del sistema de niveles de alerta: "Establecer un sistema homogéneo de colores (verde, amarillo, naranja y rojo) aplicable a todos los riesgos, independientemente de su tipología y situación operativa, con el fin de facilitar su comprensión universal tanto por parte de la ciudadanía como de los servicios de emergencia". El texto va más allá y plantea también actualizar los umbrales de riesgo a la nueva realidad del cambio climático e incluso la incorporación de un nivel de alerta superior. "Introducir un nivel adicional (color negro) por encima del rojo para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático", asegura el plan elaborado por la Conselleria para la Recuperación.

En cuanto al aviso, el plan señala que se ha de adaptar el canal "según el nivel de alerta y el tipo de riesgo natural", identificando el público objetivo -población general, colectivos vulnerables, etcétera- y asignando los canales de comunicación más adecuados entre los previamente establecidos, y que van desde campanas, megafonía o drones hasta paneles LED o mensajería móvil, entre otros. "El objetivo es asegurar que la información se transmita de forma accesible, comprensible y eficaz, especialmente en contextos de alta gravedad donde una respuesta rápida resulta crítica", asegura el plan.

El plan también aconseja una "vinculación automática entre nivel de alerta y medidas concretas" como la suspensión de actividades al aire libre o la restricción del tráfico no esencial (privado y público) en caso de alerta roja, "evitando que estas dependan de decisiones o criterios subjetivos". Además, plantea la "estabilización de niveles de alerta" para "evitar fluctuaciones constantes" por ejemplo entre el nivel rojo y naranja, todo ello mediante umbrales fijos de riesgo que mantengan activas las medidas mientras persista el peligro, y durante un tiempo determinado de forma cautelar incluso si la probabilidad del fenómeno disminuye.

Por otro lado, propone "mejorar los protocolos de redacción y envío de alertas" para facilitar la coordinación entre los organismos oficiales de predicción y el personal técnico de emergencias, "asegurando la correcta recepción y comprensión de los mensajes, así como la actualización periódica de una biblioteca de textos predefinidos que agilice su difusión y garantice su claridad".