VALÈNCIA (EP). La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha lamentado que "miles" de autónomos valencianos afectados por la dana se hayan visto obligados a declarar en la Renta 2024 las ayudas concedidas por la Generalitat por "la inacción" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para declarar exentas de tributación las ayudas autonómicas a empresas y autónomos", algo que sí hizo con las ayudas estatales.

Las ayudas procedentes de la Generalitat Valenciana, de ayuntamientos o de entidades privadas deben computarse como ingresos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, salvo que se hayan formalizado como donaciones exentas y cumplan requisitos muy precisos, por lo que muchos autómos y pequeñas empresas han tenido que destinar parte de las ayudas a pagar impuestos por esas ayudas, lo que ha generado malestar entre los afectados, como publicó este periódico.

Con motivo del cierre de la campaña de la Renta de 2024, Merino ha insistido en un comunicado en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no ha movido ni un dedo para evitarlo a pesar de que se lo pedí hasta en dos ocasiones por carta cuando todavía estaba a tiempo de evitar este sinsentido fiscal".

La consellera, quien ha explicado que Montero ni siquiera respondió a sus dos solicitudes escritas, ha criticado en concreto que el Gobierno central obligue a pagar impuestos por las ayudas autonómicas al no haber garantizado por vía legislativa el tratamiento fiscal previsto en la Disposición Adicional quinta de la Ley de IRPF.

"En lugar de aportar seguridad jurídica y certidumbre a los damnificados, el Gobierno de España ha preferido ingresar vía impuestos parte de las ayudas que la Generalitat, con gran esfuerzo, ha puesto en manos de los afectados para que puedan recuperar cuanto antes sus negocios y sus vidas", ha denunciado la consellera de Hacienda.

Merino ha remarcado que es el Gobierno central el que tiene las competencias normativas para garantizar por ley que las ayudas a empresas y autónomos de la Generalitat tengan el mismo tratamiento fiscal que las del Estado dirigidas a estos mismos colectivos y, por lo tanto, también estén exentas de tributación.

Antes del inicio de la campaña de la Renta que acaba de concluir, la consellera solicitó por carta a la ministra en dos ocasiones que el Gobierno central ejerciese esas competencias normativas, pero la petición no obtuvo respuesta.

Como consecuencia de ello, los beneficiarios de las ayudas autonómicas recogidas en el Decreto 172/2024 de 26 de noviembre (ayudas urgentes dirigidas a empresas y autónomos con trabajadores) y las recogidas en los decretos 176/2024, de 3 de diciembre y 16/2025, de 4 de febrero, dirigidas a las personas trabajadoras autónomas sin trabajadores, han tenido que incluirlas en su declaración anual del IRPF.

"La ministra Montero debe de estar muy ocupada pensando en su futuro como candidata en Andalucía o muy descolocada con esos presuntos casos de corrupción que rodean a esos por los que se ha achicharrado las manos, pero está claro que en quienes no piensa es en los valencianos. El Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Montero no solamente es malo para los ciudadanos de este país, es pésimo para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha concluido Merino.

Compromiso con la atención a la ciudadanía

Por otro lado, la consellera de Hacienda ha informado que los servicios de asistencia al contribuyente prestados por la Generalitat han facilitado la presentación de un total de 30.096 declaraciones en la campaña que ha concluido el 30 de junio, lo que supone un 21 % más que en la campaña anterior.

A juicio de Merino, estas cifras ponen de manifiesto el firme compromiso de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) para "prestar atención a la ciudadanía valenciana en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias anuales".

Los 68 puntos de atención presencial habilitados por la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana han ofrecido desde el pasado 2 de junio un total de 22.977 citas, de las cuales se han solicitado 20.482, lo que supone un 47 % más que en la campaña del año anterior, cuando se solicitaron 13.906 citas.