VALÈNCIA. "De los 100.000 euros que he recibido en ayudas privadas, tengo que devolver 23.000. ¿Eso es ayudar al comercio local?", se pregunta Rafa Hoyo, propietario de la Pastelería Selví de Aldaia. Este joven es portavoz de la Asociación de Afectados por la Dana en el municipio y uno de los muchos autónomos valencianos que, ocho meses después de la catástrofe, ha logrado recuperar parte de su actividad económica gracias al esfuerzo personal, las donaciones de entidades privadas y algunas ayudas públicas.

Pero, al hacer números con su gestoría para la declaración de la renta, la sorpresa fue inmediata: debe tributar por la práctica totalidad de esas ayudas. De hecho, solo las que ha recibido del Gobierno central están exentas. Aunque se concedieron con carácter excepcional, estas ayudas deben incluirse como ingresos en la base imponible del IRPF o del Impuesto de Sociedades. Es decir, tributan como si fueran beneficios ordinarios. 

La campaña del IRPF 2024 ha concluido este lunes 30 de junio. Era la fecha límite para que las personas físicas presentasen su declaración. Las sociedades mercantiles, como muchas de las pymes afectadas por la Dana, disponen hasta el 25 de julio para liquidar el Impuesto de Sociedades. En ambos casos, las ayudas procedentes de la Generalitat Valenciana, de ayuntamientos o de entidades privadas deben computarse como ingresos, salvo que se hayan formalizado como donaciones exentas y cumplan requisitos muy precisos. 

Estos criterios los establece la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según detalla el Colegio de Registradores, para que una donación de dinero esté exenta o se beneficie de  una reducción del 100%, debe constar en escritura pública, destinarse a reparar daños vinculados a la Dana y justificarse de forma adecuada ante la administración. En la práctica, no ha sido lo habitual.

"Entre ayudas privadas, como las de la Fundación José Andrés o el crowdfunding, hemos recibido cerca de 100.000 euros. Pero Hacienda me exige 23.000. A eso, debemos sumar el IVA de maquinaria, hornos y amasadoras. Todavía no hemos podido reabrir y ya nos están cobrando como si estuviéramos en plena actividad", denuncia Hoyo.

Confusión generalizada y falta de claridad

El desconcierto es generalizado. Silvia Muñoz, gerente de la Asociación de Comerciantes de Paiporta (Acopa), reconoce que "la campaña de este año ha sido especialmente caótica". Muchos de sus asociados, comerciantes y autónomos en proceso de recuperación, ni siquiera tienen claro si han tributado por las ayudas recibidas. "Nuestros asesores han tenido dificultades para interpretar la normativa", explica. 

La confusión, añade, se debe a la descoordinación entre administraciones. "La Generalitat llegó a decir que sus ayudas estarían exentas, pero no tiene la competencia para tomar esa decisión. Solo el Gobierno puede hacerlo y la Agencia Tributaria no ha aclarado nada hasta última hora", asegura Muñoz. 

Uno de los pocos ejemplos de buena gestión ha sido el de las ayudas privadas de Juan Roig. Se tramitaron como donaciones y Mercadona asumió su liquidación en el marco del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. "Esas no tributan porque se formalizaron correctamente y la Generalitat estableció su exención mediante una orden", matiza Muñoz. Pero, las ayudas directas de organismos públicos no estatales se computan como ingresos. 

"Es una tomadura de pelo", añade Muñoz. Más allá del desconcierto normativo, la gerente de Acopa considera que todas las ayudas vinculadas a la Dana deberían quedar exentas de tributaciones. "No se puede equiparar una ayuda de emergencia a un ingreso corriente. No se pidieron por capricho, sino por necesidad", concluye Muñoz.

"No nos dejan sacar la cabeza del barro"

En Picanya, la situación difiere de la de otros municipios. Nany, propietaria de la tienda de ropa y complementos Nany & Vani, no solo ha tenido problemas para reconstruir su negocio, sino que apenas ha accedido a las ayudas públicas habilitadas tras la Dana. "Solo recibí la ayuda de Juan Roig. Del resto, ni rastro", explica a este diario.

La falta de acceso a subvenciones le ha obligado a endeudarse para continuar con su actividad económica. En enero, solicitó una ayuda del Gobierno de España para rehabilitar su local, pero todavía no ha obtenido respuesta. Mientras tanto, Nany ha tenido que pedir un préstamo de 17.000 euros para abonar el IVA de las obras de reforma.

"Estoy trabajando sin puertas ni ventanas. No tengo ni un espacio digno para atender. Pero si no sigo, me hundo", reconoce. Además, hace apenas unas semanas recibió una notificación de la Seguridad Social, en la que le reclamaban 1.800 euros correspondientes a ayudas del Covid-19. "No nos dejan sacar la cabeza del barro; al contrario: nos la hunden más", lamenta Nany. 

Las pymes también luchan por sobrevivir

La carga fiscal no solo recae sobre los autónomos. Muchas pequeñas y medianas empresas, constituidas como sociedades mercantiles, también deben tributar por las ayudas de la Dana. Es el caso de Lola Pitarch, propietaria de una empresa de ventilación industrial en el polígono La Estación de Paiporta, uno de los ejes empresariales más afectados por la riada.

Su empresa recibió una subvención de la Generalitat, que ahora debe declarar como ingreso en el Impuesto de Sociedades. "Recibimos la indemnización hace apenas un mes, pero estamos lejos de haber recuperado lo perdido. ¿Y ahora tenemos que devolver una parte de lo poco que nos han dado?", se cuestiona Pitarch, indignada.

Su testimonio enlaza con el de Rafa y Nany: la ausencia de un marco fiscal protector, el desgaste acumulado y la indignación por una administración que, en su opinión, ha estado ausente. "Nos obligan a cumplir con todo, pero ellos no son capaces de mover un papel. Es una injusticia total y lo peor es que no es solo un agotamiento económico, sino también emocional", denuncia.

Pitarch califica de "falta de sentido común" el tratamiento de estas ayudas: "El dinero se usó para reparar maquinaria, volver a producir y que nuestros trabajadores pudieran seguir. No es una subvención para digitalizar la empresa, es para sobrevivir".

La situación de su polígono, que califica como el "más abandonado" de Paiporta, agrava aún más la percepción de aislamiento. "Parece el día de la marmota. Seguimos igual o peor que en noviembre", asegura Pitarch.

Una exención parcial

Los casos se repiten en los municipios afectados por la Dana. Negocios que recibieron ayudas idénticas en forma y finalidad, pero que tributan de forma diferente según quién las haya entregado. La Generalitat denunció esta desigualdad como una "injusticia fiscal" y reclamó al Ministerio de Hacienda una solución normativa para eximir todas las ayudas.

Sin embargo, esa respuesta no ha llegado. Mientras concluye la campaña del IRPF y el Impuesto de Sociedades se aproxima, cientos de empresas intentan salir a flote asumiendo una carga tributaria que consideran "desproporcionada". 

Los autónomos y pymes consultados por Valencia Plaza coinciden: las ayudas que les permitieron mantenerse en pie se han convertido en obligaciones fiscales inesperadas. Y eso, lejos de favorecer la reconstrucción, la complica aún más.