VALÈNCIA. La vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero anunció este lunes por enésima vez un inminente inicio de la reforma del sistema de financiación autonómcia (SFA), asignatura pendiente de la política española principios de 2014. Un modelo, el vigente desde 2009, que perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana y a la Región de Murcia.

El compromiso de presentar una propuesta a finales de enero o principios de febrero lo trasladó a los representantes de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en Madrid, y posteriormente en rueda de prensa.

El anuncio de la también ministra de Hacienda hay que cogerlo con cautela porque anuncios parecidos, con plazos de meses, los hizo en 2020, 2021 y 2022, y luego no cumplió.

En este caso hay una novedad que hace albergar cierta esperanza, y es que Montero adelantó las líneas basicas de un modelo que, según afirmó, presentará "en una sola vez" y no por partes, como intentó hace algunos años con lo que llamó un "esqueleto" que solo se centraba en fijar el criterio de población ajustada. Esto significa que en el modelo irán implícitas todas las modificaciones sobre las variables que lo componen, de manera que cada territorio pueda ver cómo se comporta globalmente el sistema de financiación para su territorio.

Las ocho líneas básicas

Las líneas principales del nuevo modelo en el que está trabajando el Gobierno son las siguientes: 

–Ninguna comunidad saldrá perjudicada.

–El sistema autonómico contará con más recursos, es decir, con más fondos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia.

–El nuevo modelo será aplicable a las quince CCAA de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra-, además de Ceuta y Melilla, "lo que no impedirá tener en cuenta y respetar singularidades o particularidades territoriales", según la ministra.

–Recogerá la solidaridad interterritorial de forma "explícita, transparente y basada en criterios objetivos".

–Aumentará la capacidad normativa de las CCAA "en un marco de corresponsabilidad fiscal, pero también de respeto a su autonomía". Aquí la ministra apuntó que es partidaria de que se contemplen desincentivos para el llamado dumping fiscal. "No está definido todavía y es algo que tendremos que discutir mucho con las comunidades autónomas", afirmó.

–Con el nuevo sistema se reducirán las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado. Una "brecha" que cifró en 1.005 euros por habitante ajustado entre la mejor y peor financiada que, según dijo, "no está justificado en ningún modelo".

–Se avanzará en el despliegue de un nuevo modelo de gestión en red del sistema tributario entre las administraciones tributarias de los territorios autonómicas y la Agencia Tributaria estatal. Esto significa que las CCAA de forma progresiva puedan asumir mayores competencias en la gestión tributaria, sin que esto impacte en la implantación total de la política fiscal en el conjunto del territorio.

–Se incrementará el porcentaje de cesión de algunas de las figuras tributarias que actualmente están en la cesta de impuestos: IRPF, IVA e impuestos especiales.

Objetivo: que entre en vigor en 2027

La idea del Gobierno es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica, para a continuación llevarlo al Consejo de Ministros, que lo aprobaría mediante ley orgánica, y de ahí al Congreso.

"Mi idea es que antes de que acabe la legislatura esté aprobado", señaló la ministra, para que entre en vigor en el año 2027.

Montero afirmó que para ello "todo el mundo tiene que poner de su parte" y mostró su desconfianza en la voluntad del PP. "Yo la actitud que he visto en el Consejo de Política Fiscal, no sé la impresión que han dado los consejeros luego de la salida, no me permite ilusionarme en relación con que el Partido Popular quiera siquiera discutirlo", manifestó.

Sin fondo de nivelación

De lo que no habló la vicepresidenta es del fondo transitorio de nivelación que la Comunitat Valenciana y otras regiones le vienen reclamando para evitar seguir infrafinanciadas mientras no se apruebe un nuevo sistema de financiación. Por tanto, la Generalitat valenciana volverá a estar infrafinanciada en 2026, como viene ocurriendo al menos desde 2002.

Tras la celebración del CPFF, la consellera valenciana de Hacienda y Economía, Ruth Merino, lamentó la ausencia de avances en la reforma del SFA y reclamó al Gobierno "una propuesta seria y concreta, que no sea una imposición y que esté sujeta a negociación".

Así lo señaló en un comunicado después de participar en el CPFF. Merino urgió a la ministra Montero a aclarar, como primer paso antes de presentar su propuesta de reforma del modelo, cuántos recursos adicionales va a aportar el Estado a ese nuevo sistema y cómo piensa garantizar que se repartan con criterios de equidad y suficiencia.

Además, reiteró que, mientras se aprueba un nuevo modelo, es imprescindible activar un fondo transitorio de nivelación que permita situar la financiación efectiva por habitante de las comunidades autónomas infrafinanciadas, al menos, en la media del sistema. Para la Comunitat Valenciana, este mecanismo supondría cerca de 1.800 millones de euros anuales adicionales.

Merino defendió que la reforma debe abordarse desde el consenso multilateral, con rigor técnico y lealtad institucional. "Esto no va de territorios ni de siglas. Va de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos dignos. Lo demás es ruido", agregó.