VALÈNCIA. El seguimiento mediático de las investigaciones judiciales acostumbra a ser exhaustivo, especialmente en casos de corrupción o aquellos más impactantes y que afectan a mucha gente, como es de la Dana. El derecho constitucional a una información veraz sustenta las informaciones que día tras día aparecen en los medios de comunicación pero las personas investigadas o acusadas y, especialmente, sus abogados, lamentan el viacrucis que supone, más si cabe cuando la causa acaba en archivo. Es lo que se llama coloquialmente la 'pena del telediario'.

Las largas instrucciones judiciales, la politización de la justicia, la creciente polarización y el desconocimiento de cómo funciona el sistema judicial, en ocasiones por falta de pedagogía mediática, son el abono de estas quejas, agravadas todavía más en un contexto de consumo masivo de información parcial o interesada a través de las redes sociales. Por eso, el pasado martes la Fundación Coso y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia decidieron meter en una misma sala a abogados y periodistas para ver si llegaban a algún acuerdo en un ordenado y sosegado debate sobre el tratamiento de las investigaciones más mediáticas.

La cita contó con una primera conferencia sobre la cuestión de Roberto Ruiz, consultor de comunicación de crisis, profesor y exredactor de medios como El Confidencial, Cadena Ser, ABC y Expansión, y más tarde se sumaron a la mesa los periodistas de tribunales Laura Ballester (Levante-EMV), Rosana Crespo (El Español) y Alberto Rallo (Las Provincias). Mientras que el primero defendió la postura de los investigados y abogó por dar más espacio a sus versiones para evitar esa 'pena del telediario, los segundos, que no negaron su existencia, minimizaron la influencia de la prensa en las decisiones judiciales y señalaron como problema la reticencia de los propios abogados e investigados a hablar. 

"A veces las noticias hacen daño a las personas o las empresas”, señaló el consultor, quien admitió que la responsabilidad “no es tanto de una desmedida difusión de noticias judiciales” sino que en muchas ocasiones “no se escucha la otra versión”, la del acusado. En términos comunicativos, el que fuera periodista de varios medios, alegó una suerte de desigualdad de armas entre la administración judicial y el investigado: "El TSJ tiene su gabinete de prensa, los fiscales pueden hablar con la prensa, ¿y el imputado no tiene derecho?”. A su juicio, a diferencia del código penal, en la opinión pública hay "una desproporción". "Robar unas cremas te puede provocar la muerte civil aunque te absuelvan", lamentó.

Según Ruiz, lo habitual es que las noticias sean “correctas” y los periodistas hagan “bien su trabajo”, aunque destacó que “en ocasiones los titulares buscan lo más llamativo”. En todo caso, dijo, el problema vendría “después, cuando hay gente que se queda con el titular, se mezcla todo en redes sociales y los tertulianos juzgan con rapidez”. “El recorrido de las noticias es vertiginoso”, señaló, para considerar que “estamos en un proceso de involución” porque la ‘pena del telediario’ “no requiere de una sentencia, y todos estamos involucrados en su construcción, desde periodistas hasta jueces, abogados, fiscales y los comentaristas, incluso los que están en su casa compartiendo las noticias”.

Tras citar casos conocidos como el de Kevin Speicy, Dani Alves, Sandro Rosell o incluso Francisco Camps, Ruiz expuso que “no es fácil calcular el daño” que se provoca. “Hasta ahora se ha calculado trasladando las apariciones en prensa de una persona a términos publicitarios, pero creo que no tiene nada que ver con la realidad”, dijo, al considerar que “una sola columna en un periódico de poca difusión puede arruinar la vida de una persona”. Por lo que, explicó, está empezando a hacer informes “con metodología forense” para poder hacer cálculos más próximos a la realidad, teniendo en cuenta muchos otros factores como el aislamiento social y las repercusiones en la salud mental.

"Quien no entienda la parte mediática de una investigación tiene un problema"

Los tres periodistas que intervinieron en la mesa posterior defendieron el papel de la prensa en el seguimiento de determinadas investigaciones. "En realidad nosotros no imputamos ni investigamos a nadie, nosotros solo contamos lo que le está pasando a esa persona judicialmente", explicó en ese sentido Laura Ballester, quien dijo entender que la gente "envuelta" en casos de corrupción se "pueda ver afectada" por las informaciones pero señaló que en algunos casos "la mejor opción es que hablen". Asimismo, explicó que "lo primero" que hace su diario cuando hay un archivo es contarlo "con la misma importancia" y ofrecer a las personas abuseltas una entrevista. Al final, concluyó, "el mejor antídoto es hacer periodismo con honestidad y también reconocer los errores".

La colaboración de la parte investigada en la comunicación del caso fue un aspecto señalado también por Rosana Crespo, quien dejó claro que los periodistas de tribunales no buscan "cebarse con un investigado" e insistió en que "un abogado accesible tiene una capacidad de diálogo permanente con el periodista para ayudar a una mejor interpretación o a ver cosas que a un periodista, a lo mejor a primera vista, se le escapa". Una estrategia que, dijo, también ayuda para "humanizar" a la persona investigada, algo que "siempre ayuda".

El problema, para Alberto Rallo, es que "en ocasiones los investigados no quieren hablar" por su personalidad o por recomendación de los abogados, quienes pecan de "un punto de cierta soberbia". "Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para la opinión pública, todos los procedimientos tienen una doble vertiente: la judicial y la mediática", aseveró, para indicar contundente que quien "no quiera entender que la mediática es, durante la investigación, igual de importante casi que la instrucción, tiene un problema". "La mejor forma de aprovechar las reglas del juego es la posibilidad de ofrecer la versión del investigado", reiteró.

Pastor planteó que la 'pena del telediario' se agrava habitualmente por "el uso político de los procedimientos judiciales", el "efecto de las redes sociales" y la polarización "cada vez mayor" y por el "desconocimiento de cómo funciona un procedimiento judicial" por parte del público, algo en lo que tienen "bastante responsabilidad los periodistas". Pero además, las "largas instrucciones judiciales" extienden este calvario. Y cuando acaban en absolución, añadió, los medios deberían "darle la misma importancia" que a la propia investigación.

La influencia de los medios en jueces y fiscales también salió a relucir. Una abogada de la sala aseguró convencida que la presión mediática tiene repercusiones en la actuación de los magistrados, por ejemplo, manteniendo la condición de investigada de una persona para evitar críticas de la opinión público. Los tres redactores negaron la mayor. "No hay ningún poder de los medios en la investigación judicial", aseveró Rallo. "Estoy radicalmente en contra de la idea de que los medios ponemos sentencias", apuntó Ballester, para argüir que los jueces han de "motivar" sus decisiones más allá de la opinión mediática. En opinión del consultor, Roberto Ruiz, sí hay una influencia, aunque dijo que "a veces son cuestiones de matices".