ALICANTE. Manuel Pineda (Cox, 1958) dejó atrás 15 años como alcalde de Rafal para convertirse en el máximo representante del Gobierno central en la provincia de Alicante el pasado 23 de marzo. Ya asentado en el cargo, cinco meses después, trata de desplegar los compromisos que adquirió en el discurso de su toma de posesión desde el ejercicio de sus responsabilidades como subdelegado: la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda, y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con las comunicaciones y con la gestión del agua.
Doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia (especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo), sigue obstinado en mantener esa trayectoria profesional y política vinculada al servicio público para seguir esa hoja de ruta, desde la experiencia que supone el conocimiento de la administración, las dificultades que encuentran los ayuntamientos y, sobre todo, "qué esperan los ciudadanos de quienes tenemos responsabilidades públicas", apunta.
Asegura que ser médico "y haber sido alcalde son dos experiencias muy útiles para desempeñar" sus nuevas funciones. "La medicina te enseña a escuchar, a analizar los problemas y a buscar soluciones; la gestión municipal te obliga a estar permanentemente cerca de las personas y a entender que detrás de cada expediente hay una necesidad concreta que precisa solución y que puede cambiar la vida de las personas". En esta conversación con Alicante Plaza, analiza el estado de la provincia y profundiza en las transformaciones que están por venir, sobre todo en conectividad, a través de la gestión de la administración central.
-¿En qué situación cree que se encuentra la provincia de Alicante, una vez que ha podido tomar contacto con buena parte de las ciudades que podía no conocer todavía en el tiempo transcurrido desde su nombramiento?
-Mi responsabilidad como subdelegado es precisamente conocer la realidad de la provincia de Alicante sobre el terreno. No se puede gestionar una provincia desde un despacho. Hay que estar en los municipios, hablar con alcaldes y alcaldesas, con empresarios, agricultores, trabajadores, asociaciones y vecinos. De todas estas reuniones subyacen todas las necesidades socioeconómicas de la provincia. El político recoge necesidades siempre. Y la realidad es que Alicante es una provincia muy dinámica, diversa y con un enorme potencial. Tenemos grandes ciudades, municipios turísticos, zonas industriales, una agricultura muy potente, un sector agroalimentario de referencia, universidades, puertos, aeropuerto y una enorme capacidad para atraer talento, inversión y visitantes.
Pero los retos son muy importantes: vivienda, agua, movilidad, infraestructuras, transporte público, adaptación al cambio climático o el envejecimiento de algunas zonas. La Subdelegación es la puerta de entrada del Gobierno de España en la provincia. Mi objetivo es que esa puerta esté abierta y que exista una interlocución permanente con los diversos sectores socioeconómicos de Alicante. Y hay algo que considero especialmente importante: Alicante no puede ser valorada únicamente por sus grandes ciudades. La provincia tiene realidades muy diferentes y todas deben formar parte de las prioridades de las políticas públicas del Gobierno de España.
-¿Cuáles son sus potencialidades que, a su juicio, no se han explotado todavía de forma suficiente y cómo habría que actuar para sacarles rédito?
-Tenemos una enorme capacidad para generar actividad económica y empleo de calidad. Alicante tiene sectores muy competitivos, desde el turismo y la industria hasta la agricultura, el calzado, el juguete, la innovación, la logística o la economía vinculada al mar. Creo que uno de nuestros grandes retos es conseguir que todo ese potencial esté mejor conectado. Y ahí las inversiones del Gobierno de España están siendo fundamentales. Una provincia competitiva necesita buenas infraestructuras ferroviarias, carreteras, conexiones portuarias y aeroportuarias, agua garantizada y también energía. La modernización del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con el DORA III-IV, el Corredor Mediterráneo y la mejora de las conexiones con el puerto de Alicante y el propio aeropuerto, las inversiones en infraestructuras de energía renovables y en infraestructuras hidráulicas que mejoren el aprovechamiento del agua frente al actual cambio climático, no son proyectos aislados. Forman parte de una misma estrategia: hacer de Alicante una provincia más competitiva y preparada para crecer.
"Alicante tiene sectores muy competitivos [...] Uno de nuestros grandes retos es conseguir que todo ese potencial esté mejor conectado. Y ahí las inversiones del Gobierno de España están siendo fundamentales"
También debemos apostar por la innovación y por retener talento. Tenemos universidades, empresas y sectores productivos con capacidad para generar conocimiento. El reto es conseguir que ese conocimiento se traduzca cada vez más en empresas, empleo y oportunidades para nuestros jóvenes.
-El ministro de Hacienda, Arcadi España, confirmó hace unos días que la intención del Gobierno es presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué necesidades deben cubrir en cuanto a inversiones en el territorio provincial y cómo se va a pelear para conseguir que se tengan en cuenta?
-He tenido contacto directo con el ministro Arcadi España para trasladarle las principales prioridades de la provincia. Y puedo decir que Alicante está encima de la mesa del Gobierno de España. El Gobierno va a seguir avanzando en lo que he comentado antes: el Corredor Mediterráneo, mejorar nuestras conexiones ferroviarias, continuar modernizando el aeropuerto, avanzar en las infraestructuras viarias y garantizar las inversiones hidráulicas que necesita una provincia como la nuestra. Pero también hay inversiones menos visibles y no por ello menos importantes: la seguridad, tanto en número de plazas en catálogo de las fuerzas y cuerpos de seguridad como en la mejora de las infraestructuras, como la comandancia de Alicante son asuntos fundamentales. La vivienda o los servicios públicos, la protección frente a inundaciones y la transición energética o modernización de las administraciones son asuntos básicos a considerar. Y puedo garantizar que el objetivo del Gobierno de España es que cada euro público tenga un impacto real sobre la vida de los ciudadanos. Mi obligación como subdelegado es defender las necesidades de la provincia ante los distintos ministerios y trasladarles las prioridades que plantean nuestros municipios.
-Si hablamos de infraestructuras, se acaba de adjudicar la redacción del proyecto para la ampliación del aeropuerto Miguel Hernández. ¿Para cuándo se podrá contar con su ansiada conexión con el ferrocarril?
-Es importante poner en contexto el enorme esfuerzo inversor que el Gobierno de España está realizando en la provincia. Desde julio de 2023, el Gobierno de España ha licitado en Alicante en torno a 660 millones de euros, frente a los aproximadamente 365 millones licitados por la Generalitat en ese mismo periodo. Y, más allá de la comparación puntual, estamos hablando de un volumen de actuaciones comprometidas que ronda los 5.000 millones de euros. Tenemos el Corredor Mediterráneo, las inversiones en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que superan los 1.150 millones, y la liberación definitiva de la AP-7 en la circunvalación de Alicante.
Respecto al aeropuerto, el Gobierno está realizando una inversión histórica para ampliar su capacidad y mejorar sus instalaciones. Y la conexión ferroviaria ya forma parte de esa visión y por eso el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha desbloqueado y está en redacción del proyecto.
-En una reciente entrevista, el ministro de Transporte, Óscar Puente, dio por cerrada la puerta a corto o medio plazo a la posibilidad de construcción de la segunda pista, lo que no ha aplacado la reivindicación política. ¿Cómo lo ve?
-Creo que aquí hay que escuchar lo que dice el propio ministerio y analizar cuáles son las necesidades reales del aeropuerto. En 2025 han pasado cerca de 20 millones de pasajeros por el aeropuerto. Ahora mismo Alicante-Elche, según Aena necesita más terminal para tener más capacidad de atención a los pasajeros, con más calles de rodaje y más fingers. Con esta ampliación de la terminal el aeropuerto puede llegar a atender hasta 26 millones de pasajeros. El aeropuerto no necesita una segunda pista, no es una demanda de las aerolíneas y sin infraestructura asociada no sería viable. La prioridad debe ser mejorar la capacidad operativa del recinto y la experiencia de los pasajeros.
"Desde julio de 2023, el Gobierno de España ha licitado en Alicante en torno a 660 millones de euros, frente a los aproximadamente 365 millones licitados por la Generalitat"
Además, estamos hablando de un aeropuerto que va a recibir una inversión muy importante dentro del plan de inversiones aeroportuarias del Gobierno. Entre 2027 y 2030 está previsto destinar 13.000 millones de euros a actuaciones en la red aeroportuaria española. Por tanto, estamos ante una planificación que busca anticiparse a las necesidades futuras.
-Otra exigencia histórica es la mejora de la red de carreteras, con actuaciones como el tercer carril de la A-7 entre Orihuela y Crevillent, el desdoble de la N-332 en Torrevieja. ¿Cómo avanzan y qué otros proyectos conoce que vayan a abordarse en breve?
-En materia de carreteras también hay actuaciones importantes en marcha como las que mencionas. El tercer carril de la A-7 entre Orihuela y Crevillent, ya está en marcha, según lo previsto será una realidad en 2029. Es una inversión cercana a los 90 millones de euros del Gobierno de España. Es un tramo de 17 km con alta de densidad de circulación y sobre todo de vehículos pesados.
En el caso del desdoblamiento de la N-332 en Torrevieja, hay que ser consciente de la complejidad de la infraestructura, por una parte propiciada por las actuaciones urbanísticas realizadas en años pasados por el ayuntamiento de Torrevieja, que la dejó encajonada y, por otra parte porque atraviesa un espacio de gran valor medio ambiental como son las lagunas de Torrevieja y la Mata que forma parte de la Red Natura 2000. A pesar de eso, el Gobierno de España ha conseguido desbloquear la situación y aprobar la declaración de impacto ambiental, que es lo más dificultoso en estos proyectos. Estamos ya en fase de redacción del proyecto y posterior licitación tras los trámites administrativos oportunos.
"El aeropuerto no necesita una segunda pista, no es una demanda de las aerolíneas y sin infraestructura asociada no sería viable. La prioridad debe ser mejorar la capacidad operativa del recinto y la experiencia de los pasajeros"
Es una actuación especialmente importante para la Vega Baja, porque hablamos de una zona con una enorme población, una fuerte actividad turística y empresarial y una red viaria que soporta una gran presión durante buena parte del año. La mejora de las carreteras no es solamente una cuestión de comodidad. Es también seguridad vial, competitividad y calidad de vida. Y en paralelo seguimos avanzando en el Corredor Mediterráneo y en las conexiones ferroviarias, porque el futuro de la movilidad pasa por ofrecer alternativas eficientes al vehículo privado.
-También persiste la cuestión del agua. Al margen de la ampliación de la desaladora de Torrevieja, ¿qué otras actuaciones podremos ver a corto o medio plazo para garantizar el abastecimiento y el riego agrícola, en un contexto en el que sigue el temor por posibles recortes del Tajo-Segura?
-En materia de agua hay demasiado ruido político y demasiada simplificación. Y creo que a nuestros agricultores hay que hablarles con seriedad, rigor y soluciones. Lo primero que quiero dejar claro es que ningún Gobierno ha invertido tanto en seguridad hídrica en Alicante como el actual. Estamos hablando de más de 542 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas en la provincia. Ahí está la ampliación de la desaladora de Torrevieja, con una inversión de 190 millones de euros, que permitirá elevar su producción de 80 a 120 hectómetros cúbicos anuales. Además, se incorpora un parque fotovoltaico para contribuir a reducir el coste energético de la producción de agua desalada. También tenemos el convenio del Júcar-Vinalopó, que garantiza el suministro durante la próxima década a unos 22.000 agricultores a un precio asequible. Y hay otro elemento fundamental: la modernización de regadíos, se han movilizado ya 136 millones de euros en actuaciones que benefician a más de 18.000 regantes y alrededor de 23.000 hectáreas. Por tanto, la política hídrica del Gobierno no consiste en enfrentar unas fuentes de agua con otras. Consiste en diversificar recursos. Trasvases, desalación, reutilización, modernización de regadíos y eficiencia tienen que formar parte de la misma estrategia.
Sobre el desdoble de la N-332: "El Gobierno de España ha conseguido desbloquear la situación y aprobar la declaración de impacto ambiental, que es lo más dificultoso en estos proyectos. Estamos ya en fase de redacción del proyecto y posterior licitación"
Lo que tenemos que hacer es garantizar agua para las personas, para la agricultura y para la actividad económica en un escenario de cambio climático. Hay que garantizar agua "para siempre" y eso requiere planificación a largo plazo. Me entristece ver como hay fuerzas políticas que utilizan el agua como arma política y quieren manipular la voluntad de los agricultores. El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para ofrecer soluciones para siempre a la Huerta de Europa. Seguiré trabajando para hacer pedagogía de manera persistente e incansable entre mis paisanos.
-Al margen del problema de la escasez, otra cuestión derivada de los efectos del cambio climático son los episodios de precipitaciones intensas y los reventones térmicos. ¿Cree que la provincia está preparada para afrontar situaciones como la DANA de 2024 o las inundaciones de 2019 que afectaron especialmente a la Vega Baja?
-La experiencia de la Vega Baja en 2019 nos enseñó que la prevención y la coordinación entre administraciones salvan vidas. Y también nos ha demostrado que los episodios extremos van a ser cada vez más frecuentes, por lo que tenemos que estar mejor preparados. En la DANA de 2019 hubo una excelente respuesta de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig al frente y una movilización de recursos que permitió afrontar una situación extraordinariamente complicada, justo lo contrario a lo que hizo Carlos Mazón y el PP con la Dana de Valencia. El plan Vega Renhace fue diseñado para trabajar en este sentido. Pero el PP lo eliminó en cuanto llegó al poder. Las inversiones a realizar formaban parte de un plan que ellos pusieron en la papelera.
"Ningún Gobierno ha invertido tanto en seguridad hídrica en Alicante como el actual. Estamos hablando de más de 542 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas en la provincia. Ahí está la ampliación de la desaladora de Torrevieja, con una inversión de 190 millones"
El Gobierno de España ha reforzado de manera muy importante las políticas de prevención, protección frente a inundaciones y recuperación de las zonas afectadas. La Confederación Hidrográfica del Segura ha desarrollado las medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) para la Vega Baja. Se ha avanzado bastante en planificación y proyectos, en breve, en obras transformadoras sobre el terreno. La ciudadanía espera que las administraciones trabajemos juntas. El Gobierno de España va a estar siempre dispuesto a colaborar con la Generalitat y con los ayuntamientos cuando se trate de proteger a las personas.
-Sin salir de las infraestructuras, ¿cuándo veremos completada la conexión del Corredor Mediterráneo en Alicante y su enlace con el Puerto?
-El Corredor Mediterráneo es una de las grandes apuestas estratégicas para Alicante y para el conjunto de España. No estamos hablando solamente de trenes. Estamos hablando de competitividad, empleo, exportaciones y futuro económico. Alicante tiene un puerto con un enorme potencial, un aeropuerto internacional y un tejido industrial y agroalimentario muy potente. Lo que necesitamos es conectar mejor todos esos elementos. El Gobierno está ejecutando y licitando actuaciones en distintos puntos del Corredor y la prioridad es seguir avanzando hasta conseguir una infraestructura plenamente operativa. La conexión ferroviaria con el Puerto de Alicante es especialmente importante porque permitirá mejorar la salida de mercancías y reforzar la posición de Alicante como nodo logístico.
-Hablemos de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la vivienda. El Gobierno ya ha puesto en marcha las primeras iniciativas de promoción pública en la provincia a través de Casa 47 en Alcoy, Pedreguer o Dénia. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para poner más vivienda en el mercado?
-La vivienda es probablemente el principal reto social que tenemos ahora mismo. Lo es para los jóvenes que quieren emanciparse, para las familias trabajadoras, para quienes viven de alquiler y para muchas personas que, aun teniendo un empleo, no encuentran una vivienda que puedan pagar. El Gobierno de España está impulsando una política de vivienda basada en aumentar la oferta pública y asequible y en evitar que la vivienda se convierta únicamente en un activo especulativo. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 7.000 millones de euros para fomentar la construcción y gestión de vivienda protegida. Además, se apuesta por blindar la vivienda pública para evitar que vuelva a salir del parque público y pueda terminar en manos de fondos especulativos. También es importante actuar sobre los pisos turísticos y sobre el uso fraudulento de los alquileres de temporada.
Pero quiero insistir en una cuestión: la solución a la vivienda pasa por construir más vivienda asequible. Y eso exige que todas las administraciones colaboren. El Estado puede aportar financiación y suelo, pero ayuntamientos y comunidades autónomas tienen también competencias decisivas. La vivienda no puede ser un lujo. Tiene que volver a ser un derecho accesible.
"El empleo sigue creciendo y, además, está mejorando su calidad. Tenemos más afiliación, más contratos indefinidos y una evolución positiva en diferentes grupos de edad y sectores"
-El Consell acaba de revisar el precio del módulo de la vivienda de protección pública con la intención de adaptarla al incremento de costes del sector, según argumentan. El PSPV-PSOE lo ha criticado. ¿Cuál sería la alternativa?
-La vivienda protegida tiene que estar pensada para las personas que necesitan acceder a ella, no para garantizar determinados márgenes de rentabilidad. El problema es que, si incrementamos continuamente el precio de la vivienda protegida, deja de ser realmente accesible para muchas familias. El Consell del Partido Popular elevó el módulo del metro cuadrado que había dejado el Botànic a 2.400 euros y ahora lo ha vuelto hacer hasta 2.568 euros por metro cuadrado. Nuestra posición es clara: la vivienda pública tiene que ser asequible de verdad. Hay que actuar sobre los costes de construcción, facilitar suelo público, impulsar colaboración entre administraciones y utilizar todos los instrumentos disponibles para aumentar la oferta. No podemos solucionar un problema de acceso a la vivienda haciendo que la vivienda protegida sea cada vez más cara.
-Otra de las grandes preocupaciones ciudadanas es el empleo. Julio se cerró con la cifra récord de 815.688 cotizantes a la Seguridad Social en la provincia, aunque el paro aumentó en 2.011 personas. ¿Cómo se espera que evolucionen esas cifras?
-Hay que mirar los datos con perspectiva. Tenemos 815.688 personas cotizando a la Seguridad Social, una cifra récord, y eso significa que nunca habíamos tenido tantas personas trabajando y contribuyendo al sistema. El incremento puntual del paro tiene también una explicación relacionada con los cambios administrativos derivados de la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Hay personas que ya residían y trabajaban en España y que ahora han pasado a tener acceso a las oficinas de empleo y a figurar en los registros oficiales de desempleo, algo que antes no podían hacer. Eso puede tener un efecto estadístico puntual, pero no cambia la tendencia de fondo: el empleo sigue creciendo y, además, está mejorando su calidad. Tenemos más afiliación, más contratos indefinidos y una evolución positiva en diferentes grupos de edad y sectores. Por tanto, creo que debemos ser prudentes con un dato mensual y mirar la película completa.
-Precisamente, una de las causas que han aportado los sindicatos para explicar el incremento del paro en un periodo tradicionalmente bueno para la contratación por el tirón del turismo en el sector servicios, es el proceso de regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. ¿Cómo ha ido ese proceso y por qué era necesario, en concreto, en el caso de la provincia?
-La regularización responde a una realidad que existe y que no podemos ignorar. En España y particularmente en una provincia como Alicante hay miles de personas que ya viven aquí, trabajan aquí y forman parte de nuestras comunidades. Hay un consenso muy amplio en la sociedad civil sobre la necesidad de dar una solución a estas situaciones. Empresarios, sindicatos, Iglesia y entidades sociales llevan tiempo trabajando para que estas personas puedan desarrollar su actividad con derechos y garantías. En Alicante esto es especialmente importante porque tenemos sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados, la construcción o determinados servicios que necesitan mano de obra.
Regularizar no significa regalar nada. Significa ordenar una realidad que ya existe, incorporar a personas a la economía formal y garantizar que quienes trabajan lo hagan con derechos. Además, desde el punto de vista económico, también beneficia a la sociedad en su conjunto porque significa más cotizaciones, más consumo y más contribución fiscal.
-Cerramos un verano de refuerzo en cuanto a plantillas de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué podemos esperar en ese ámbito a corto y medio plazo en cuanto a personal y construcción de nuevas infraestructuras? Seguimos esperando comisarías como la de Benidorm o la nueva comandancia de la Guardia Civil. Y en ciudades como Torrevieja también se piden más medios.
-La seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de España. Y los datos nos permiten afirmar que Alicante es una provincia segura. Estamos reforzando las plantillas y modernizando las infraestructuras. En Torrevieja, por ejemplo, las infracciones penales descendieron más de un 9 % entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el puesto principal de Torrevieja hay asignados 208 agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, además de los equipos de Policía Judicial, agentes en prácticas y la USECIC. Esto demuestra que estamos hablando de una ciudad con una presencia importante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"La regularización responde a una realidad que existe y que no podemos ignorar. En España y particularmente en una provincia como Alicante hay miles de personas que ya viven aquí, trabajan aquí y forman parte de nuestras comunidades [...] En Alicante esto es especialmente importante porque tenemos sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados, la construcción o determinados servicios que necesitan mano de obra"
En cuanto al aumento de las plazas de catálogo, el Gobierno de España es consciente de la necesidad de ir aumentándolas en base al aumento poblacional y para paliar el déficit que el PP en el gobierno de España con la tasa de reposición cero sometió a las plantillas, llegándose a perder 15.000 efectivos en toda la Nación. El esfuerzo del Gobierno de Sánchez ha logrado reponer el déficit, ahora ya estamos en la fase expansiva. Y tenemos también una apuesta muy importante por las infraestructuras. El Consejo de Ministros con el plan PLISE ha autorizado una inversión global de 900 millones de euros hasta 2034 para reformar, rehabilitar o construir nuevas infraestructuras policiales y de seguridad. En Alicante está prevista una nueva comandancia de la Guardia Civil con una inversión de 39 millones de euros. Actualmente en fase administrativa.
-En este mismo contexto de la seguridad: este jueves se perpetró el robo del Tesoro de Villena. ¿Maneja cuál es la última hora de las investigaciones en curso hasta este momento?
-Las investigaciones permanecen cerradas y secretas hasta que estamos cerca de esclarecer el caso. Son muy recientes y, de momento, no disponemos de más información.
-¿Queda esperar, entonces?
-Sí, toca esperar.
Sobre el robo del Tesoro de Villena: "Este tipo de museos tiene una normativa específica en cuanto a seguridad y se siguió perfectamente. Incluso se han hecho auditorías y están todas de forma correcta"
-Se ha abierto cierto debate sobre si el Museo de Villena contaba o no con las medidas de seguridad necesarias. ¿Contaba con ellas? Al menos, así lo ha sostenido el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán...
-Este tipo de museos tiene una normativa específica en cuanto a seguridad y se siguió perfectamente. Incluso se han hecho auditorías y están todas de forma correcta. Este debate es superfluo porque nadie abre un museo con un tesoro de estas características para que pudiese ser sustraído. Esto nos ha sorprendido a todos. Cuando se hace una obra de este tipo, se hace con el objetivo de que sea inexpugnable.
En el plano personal, ha sido un golpe duro. Cuando asumí el cargo, sabía que podía esperar de todo: inundaciones, incendios... pero un robo de un tesoro patrimonial de estas características, que tiene más de 3.000 años... Todo se puede recuperar, salvo las vidas humanas. Pero si esto no se puede recuperar, no recuperamos parte de nuestra historia. Pensar que en Villena había un poblado hace 3.000 años, con una riqueza impresionante, que tuviera la capacidad de tener ámbar de los Balcanes; que tuviera hierro meteorítico; y que con eso hicieran eso tipo de joyas, que serían muchas más las que fabricaron en aquella época... hace pensar que aquí vivía un poblado importante. Que los vestigios de esa civilización se hayan ido y que unos indeseables lo hagan perder de esa manera, es algo muy duro. Dicho esto, la seguridad no puede estar en debate. Existe una normativa y se siguió de forma escrupulosa.
-Entremos en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la administración. ¿Confía en que veremos un nuevo modelo de financiación autonómica en este 2026?
-Soy optimista porque veo el trabajo que está realizando el Gobierno de España y, especialmente, el ministro Arcadi España. La Comunitat Valenciana necesita un sistema de financiación que responda a su realidad y que garantice que los valencianos reciban los recursos que necesitan para mantener unos servicios públicos de calidad. La propuesta planteada por el Gobierno permitiría a la Comunitat Valenciana disponer de 3.669 millones de euros adicionales. Yo creo que en este asunto tenemos que dejar a un lado la confrontación partidista.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene una reunión importante el 4 de septiembre y espero que todas las comunidades autónomas acudan con voluntad de diálogo. No me gusta el bloqueo permanente, el no a todo. Los ciudadanos nos piden que resolvamos problemas. Y en financiación autonómica hay que hacer precisamente eso: sentarse, negociar y buscar un acuerdo que beneficie a los ciudadanos.
-Procede de la gestión municipal. Presupongo que se suma a los que consideran que la administración local no está suficientemente dotada. ¿Qué habría que hacer para solucionar esa situación?
-Lo digo desde la experiencia de haber sido alcalde durante 15 años: los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, pero muchas veces son también quienes tienen que afrontar los problemas con menos margen de actuación. Un alcalde recibe directamente las demandas de sus vecinos. Si hay un problema de limpieza, de vivienda, de seguridad, de movilidad o de servicios sociales, el ciudadano acude al ayuntamiento. Y también hay que reconocer algo: durante estos años, muchas de las políticas impulsadas por el Gobierno de España han tenido una traducción directa en los municipios.
"Veo al PSOE con mucha fortaleza y, sobre todo, con un proyecto progresista muy claro. Confío plenamente en Pedro Sánchez y en Diana Morant, y creo que tenemos que salir a explicar lo que se está haciendo [...] Me preocupa el avance de los discursos de la ultraderecha, del negacionismo y de quienes pretenden convertir cualquier problema en una confrontación entre ciudadanos"
Los fondos europeos, las inversiones públicas, las políticas de empleo, vivienda, servicios sociales o infraestructuras llegan finalmente a los ciudadanos a través del territorio. Mi experiencia como alcalde me hace valorar especialmente esa colaboración entre administraciones. La Diputación Provincial de Alicante es esencial para el desarrollo de los proyectos municipales pero su forma de proceder no deja que las corporaciones desarrollen su propios proyectos. Manejan presupuestos que son del Estado y, sin embargo, a veces bloquean la colaboración con los municipios. Un ejemplo manifiesto es el Fondo de Cooperación Municipal que el president Puig trató de blindar por ley y el PP se opuso.
-Entramos en ciclo político electoral a tres niveles: municipal, autonómico y estatal. ¿Cómo ve a la marca PSOE para enfrentarlos?
-Veo al PSOE con mucha fortaleza y, sobre todo, con un proyecto progresista muy claro. Confío plenamente en Pedro Sánchez y en Diana Morant, y creo que tenemos que salir a explicar lo que se está haciendo. Al final los ciudadanos valoran aquello que afecta a su vida: si tienen empleo, si pueden acceder a una vivienda, si tienen mejores servicios públicos, si sus carreteras y trenes funcionan, si tienen pensiones dignas o si sus hijos tienen oportunidades. El Gobierno de España está impulsando políticas que están transformando muchas de esas realidades. Y tenemos que defender también una forma de hacer política basada en los derechos, en los servicios públicos, en la convivencia y en la igualdad.
Frente a eso, me preocupa el avance de los discursos de la ultraderecha, del negacionismo y de quienes pretenden convertir cualquier problema en una confrontación entre ciudadanos. Yo confío en que la ciudadanía sepa distinguir entre quien trabaja para solucionar problemas y quien solamente busca generar conflicto, digamos que busca que "el río esté revuelto". Ahora, la ciudadanía ha de recordar el dicho de: "A río revuelto, ganancia de pescadores". Que piensen quienes son los pescadores y quienes son los peces.
