VALÈNCIA. Ha sido muy notorio el silencio mantenido por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, hasta su declaración testifical en la causa judicial que investiga la gestión de la Dana. El presidente del organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y uno de las agencias clave en la emergencia, ha adoptado en los últimos once meses un perfil bajo. Una estrategia de exposición pública limitada que, por ahora, va a continuar.
Al menos así lo acredita la decisión de no acudir a la llamada de la comisión de investigación de la Dana de Les Corts Valencianes. Polo ha rechazado comparecer en el parlamento valenciano para responder sobre la gestión de la emergencia el pasado 29 de octubre en lo que iba a ser una comparecencia marcada por la política del regate corto y el partidismo. No hay que olvidar que la mesa de la comisión, controlada por Partido Popular y Vox, se afanó en modificar el listado de comparecientes de la comisión, todavía por estrenar, para introducir el nombre de Polo después de que declarara ante la jueza de la Dana.
Hasta el momento, y tras meses sin concretarse el plan de trabajo, la mesa de la comisión que preside Miriam Turiel (Vox) solo había citado a seis personas, con perfiles técnicos, para comparecer en la primera y única sesión convocada, prevista para este martes. Sin embargo, después de que Polo pasara por el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja el 19 de septiembre, populares y voxistas impulsaron la modificación extraordinaria para añadir al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La declaración ante el juzgado, en calidad de testigo, era la primera oportunidad para escuchar lo que el encargado del organismo de cuenca tenía que decir sobre la fatídica tarde. Y muchas de sus tesis eran las que habían sostenido desde el Gobierno central, y en especial la delegada del Gobierno en la Comunitat, la socialista Pilar Bernabé. Eso sí, desveló por ejemplo que fue el primero en plantear un aviso masivo a la población ante el peligro de desbordamiento de la presa de Forata, que fue conocedor de los datos del caudal del barranco del Poyo -el que provocó la mayoría de muertes- mientras el Cecopi estaba en pausa y que no avisó al no sorprenderle estas cifras en comparación con las recabadas en otros puntos, además de señalar a la Generalitat como responsable de confirmar estos datos por otras vías al estar al frente de la emergencia.
Tras la testifical, la política comunicativa del organismo, controlada por instancias superiores, abrió un poco la mano y el presidente de la CHJ concendió la pasada semana su primera entrevista a eldiario.es, donde achacaba el largo silencio a su voluntad de mantenerse "al margen", a su condición de "técnico" y no de "político" y a la previsión de que fuera citado a declarar en la investigación judicial. "Pensé que lo mejor era esperar a que tuviera esa testificación", aseguró en la conversación, donde ironizó con el hecho de que se haya "querido dar mucha importancia" a sus declaraciones mientras "quien podía hacerlo [llamarlo a declarar], no ha tenido prisa".
Se refería precisamente al Senado, controlado por los populares, donde la comisión de investigación lleva meses en marcha y por donde han pasado numerosos técnicos a prestar declaración. "El Senado todavía no me ha citado", lamentó el presidente de la CHJ en ese sentido. Sin embargo, donde sí ha sido llamado a comparecer, el responsable del organismo ha decidido rehusar el ofrecimiento, aprovechando que no tiene la obligación de acudir al parlamento autonómico, como sí la tiene en las Cortes Generales.
Se desconoce si, con el tiempo, se abrirá a atender a los medios de comunicación públicamente o a responder a las preguntas de periodistas mediante entrevistas. Pero por el momento, el responsable del organismo de cuenca evitará enfrentarse a las preguntas de la cámara valenciana.
