VALÈNCIA. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. Una condonación que beneficia a las quince CCAA de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra-, pero de una forma desigual debido a una fórmula injusta para la Comunitat Valenciana.

Una fórmula que este mismo martes apoyaba en solitario el PSPV y rechazaban el Consell, la CEV, las Cámaras de Comercio y Compromís, partido que, apoyado por Sumar, trató hasta última hora de que el Ministerio de Hacienda incorporara una quita adicional de 7.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana.

No lo consiguió y la propuesta se ajustó al céntimo a la presentada por el Ministerio el pasado mes de febrero, que según el Gobierno se ha discutido posteriormente en reuniones bilaterales con las CCAA, ha recibido aportaciones de estas comunidades, partidos políticos y expertos económicos y ha sido objeto de una consulta pública en la que todo el mundo ha podido opinar.

El cálculo de la quita realizado por el departamento que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero ya fue criticado en su día por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que propuso un reparto más "equitativo" en el que la Comunitat Valenciana aumentaba su quita en 7.000 millones, hasta 18.444.

¿Dónde está el truco?

La fórmula del Gobierno para calcular la quita de cada comunidad autónoma se divide en tres fases. La trampa está en la tercera fase, como se aprecia marcado en rojo sobre el cuadro distribuido este martes por el Gobierno. 

En esta tercera fase se contempla una quita adicional de 10.590 millones para las comunidades que han recibido una financiación autonómica por debajo de la media en el período 2010-2022, requisito que cumple con creces la Comunitat Valenciana al ser, con mucha diferencia, la peor financiada año tras año junto a la Región de Murcia.

El propio Ministerio así lo considera, pero deja a los valencianos con cero euros de quita en este apartado porque después de las fases 1 y 2 la Comunitat Valenciana es la autonomía con más quita por habitante, y Hacienda la pone de tope para el conjunto de las CCAA. Otras pueden aumentar su quita hasta ese tope, pero la Comunitat Valenciana no.

Es decir, el Gobierno excluye de la condonación de deuda motivada por la infrafinanciación a la comunidad más infrafinanciada.

Cabe señalar -aunque el Gobierno no facilitó ese dato por CCAA-, que, debido a ese tope, la Comunitat Valenciana es la última en porcentaje de deuda condonada, con el 19,33%, lejos del 50% que alcanza Canarias.

Según Fedea, habría sido más razonable, "por consideraciones tanto de equidad como de eficiencia", compensar en primer lugar la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022 y distribuir después los recursos restantes en proporción a la población ajustada". Las diferencias serían notables, como se aprecia en el gráfico:

Metodología del Gobierno

La metodología consta de tres fases:

• Fase 1. Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja, según el Gobierno el sobreendeumiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.

Una vez identificado el sobreendeudamiento, el grueso del cálculo de la distribución se realiza a través del criterio de población ajustada, de manera que el 75% del importe de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19,33% de su deuda a cierre de 2023.

• Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,33% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.

• Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la Comunidad Autónoma que presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo se asignan otros 10.590 millones de condonación.

Dentro de esta fase 3, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Esto supone 917 millones más en la condonación. 

De esta manera se alcanza la cifra final de 83.252 millones de euros de condonación. Asimismo, el importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su pasivo a 31 de diciembre de 2023.