VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha defendido en el último año que la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo en la provincia de Valencia motivó la tardanza en la actuación de la administración autonómica o el hecho de que el president, Carlos Mazón, mantuviera su agenda aquel día hasta después de la comida con la periodista Maribel Vilaplana. La jueza que lleva la instrucción sobre la gestión de la catástrofe considera que había información "sobrada" por muchas vías, también por los medios de comunicación. Por ello cobra especial importancia que la Generalitat contara precisamente con un servicio de seguimiento en tiempo real de prensa, radio y televisión.

La propia Presidencia había contratado este servicio en mayo de 2024, cinco meses antes de la tragedia, para las "recopilaciones diarias de noticias" en los periódicos, medios digitales, cadenas radiofónicas y de televisión. Pero no era un mero compendio de informaciones de interés como un clipping de prensa al uso sino que incluía también "el seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión" y hasta un "inmediato envío de alerta" al teléfono móvil de alguien del gabinete de Mazón sobre "información" que fuera "de interés" para la Dirección General de Comunicación y Promoción Institucional, dirigida por Paco González.

Según las condiciones que regían el contrato, la empresa adjudicataria -Hallon Intelligence ganó este lote- debía enviar un mensaje en un lapso de tiempo máximo de cinco minutos desde que se emitiera la noticia o mención y de manera simultánea a todos los destinatarios designados. En él, debía figurar el canal y el programa, la hora exacta de emisión, un resumen de la noticia o mención, así como las declaraciones que se hubieran hecho al respecto y quién las había realizado, además del corte sonoro o audiovisual.

Para ello, la empresa hacía el seguimiento íntegro de todos los programas informativos y de los programas con contenido informativo como los magazines, aunque era la Dirección General la que debía consensuar la parrilla definitiva a monitorizar. Entre los canales de televisión a seguir figuraban las públicas À Punt y RTVE, además de las grandes cadenas privadas (Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro), Trece TV y las locales La Ocho Mediterráneo y Levante TV. En radio, además de À Punt Radio y RNE, entraban la Cadena Ser, la Cope, Onda Cero, Es Radio y Plaza Radio.

El seguimiento se debía hacer con especial énfasis en la figura del president, Carlos Mazón, hasta el punto de que la empresa adjudicataria debía enviar una alerta "de aquellas informaciones emitidas por televisión en las que, aunque no se mencione el nombre de la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, sí que aparezca en imagen".

Este servicio, que estaba vigente el día de la Dana, ha centrado la mirada de una de las acusaciones personadas en la causa de la Dana, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), precisamente por las informaciones que la adjudicataria pudiera haber trasladado aquel día al gabinete del president de la Generalitat acerca de la catástrofe que, ya desde por la mañana, estaban retransmitiendo cadenas como À Punt o RTVE. De ahí que el abogado que representa a Acció Cultural, Manolo Mata, haya pedido a la jueza que requiera a Presidencia un informe donde explique cómo y quién recibía las alertas no solo el 29 de octubre sino también el día anterior.

La acusación popular pide a la magistrada, por otro lado, que requiera a la Generalitat para que entregue una copia de "todos los mensajes recibidos" en el marco de este servicio durante aquellos dos días y que informe sobre las palabras clave a las que la compañía debía prestar atención para realizar el seguimiento de medios aquellos días