VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad prevé compensar en futuras liquidaciones los desajustes económicos derivados del impacto de la pandemia de la covid-19 en el departamento de salud de Elx-Crevillent, gestionado en régimen de concesión. Así lo apunta el departamento liderado por Marciano Gómez tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que avala la posibilidad de corregir los efectos extraordinarios de la pandemia sobre la prima per cápita sin alterar unilateralmente el contrato.

Desde Sanidad subrayan que la Administración "no tuvo más opción que proceder a liquidar los ejercicios pendientes", al no poder modificar de forma unilateral las condiciones contractuales ni el método de cálculo de la cápita. "La determinación de la cápita que se debe abonar a las concesionarias es un proceso totalmente objetivo, basado en los pliegos, el contrato y datos económicos publicados", señalan fuentes de la conselleria.

La cuestión ha sido señalada tanto por la Sindicatura de Comptes como por la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS), que advierten de un posible enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias como consecuencia del denominado "efecto arrastre" de la covid en el cálculo de la cápita. Este sistema se basa en el gasto sanitario real liquidado del ejercicio anterior y funciona de forma acumulativa, lo que provocó que el incremento excepcional del gasto entre 2020 y 2022 se incorporara de manera estructural a la base de cálculo.

Las últimas liquidaciones, con saldo favorable para la concesionaria

En el caso de Elx-Crevillent, las tres últimas liquidaciones correspondientes al periodo de la pandemia se resolvieron con saldo favorable a la concesionaria, Grupo Ribera. Según los datos recogidos por la Sindicatura, el periodo 2013-2022 se cerró con un resultado acumulado de 34,1 millones de euros a favor del concesionario, pese a que en ejercicios anteriores las liquidaciones habían sido mayoritariamente favorables a la Generalitat.

La Sindicatura ya advertía en su informe de fiscalización de 2024 de las dificultades para evaluar la razonabilidad de las liquidaciones posteriores a la covid, al considerar que el aumento excepcional del gasto sanitario consolidado podía haber sobredimensionado la prima per cápita. Pese a estas advertencias, la Conselleria comunicó el 30 de mayo de 2024 las normas para la reversión del departamento, prevista inicialmente para el 31 de mayo de 2025. Sin embargo, el 22 de mayo de 2025 el Consell acordó prorrogar el contrato por cinco años más, desde el 1 de junio de 2025, en los mismos términos que el contrato inicial.

El nuevo dictamen del Consell Jurídic Consultiu, aprobado por unanimidad el 23 de diciembre de 2025, parte de que el criterio interpretativo fijado en 2012 que vincula la actualización de la cápita al gasto sanitario real liquidado- sigue plenamente vigente. No obstante, el órgano consultivo reconoce que su aplicación automática tras la pandemia puede generar una "distorsión finalista" y señala el reequilibrio económico-financiero como vía para corregirla.

Desde la Conselleria de Sanidad insisten en que todas las liquidaciones practicadas "han sido fiscalizadas favorablemente por la Intervención General" y que se han realizado "siguiendo criterios jurisprudenciales", dictámenes del Consell Jurídic y sentencias firmes". Además, recalcan que fue la propia Conselleria la que solicitó al CJC la revisión del criterio de 2012 "para asegurar que la Administración no pierda ni un solo euro de los valencianos".

Según Sanidad, una vez conocido el nuevo dictamen, la Generalitat tiene la voluntad de compensar los importes que correspondan en liquidaciones posteriores. "A partir del nuevo dictamen del Consell Jurídic, la Conselleria tiene la voluntad de compensar en posteriores liquidaciones", señalan las mismas fuentes, defendiendo que cualquier ajuste se hará "sin chapuzas ni atajos" y dentro del marco jurídico vigente.