VALÈNCIA. Este miércoles tendrá lugar una declaración clave en el seno de la investigación judicial sobre la gestión de la Dana. El que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, ahora retirado, es una de las figuras fundamentales que estaban presentes en el Cecopi aquella tarde. No solo porque era el jefe operativo de la emergencia sino también porque era el máximo responsable del organismo cuyos bomberos fueron retirados de la vigilancia del barranco del Poyo y, sobre todo, porque fue uno de los participantes en el largo debate interno sobre el envío de la alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert.

La jueza de la Dana ya ha llamado a declarar a decenas de testigos entre peritos y expertos; varios dirigentes políticos como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Diputación, Vicent Mompó; los responsables de agencias estatales como el presidente de la CHJ, Miguel Polo, o el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; así como otros cargos de Emergencias y diferentes técnicos del servicio del 112 y la sala de mando anexa al Cecopi o bomberos del Consorcio Provincial. Todos han aportado su testimonio, incluso la propia Vilaplana, el dueño de El Ventorro, el exsíndic del PP y ahora jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y hasta el líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Así pues, la magistrada dejó como último plato fuerte de las testificales a Basset, que junto a Suárez constituía la primera fila técnica en la gestión de la emergencia. Sobre ellos descargaron la responsabilidad los dos investigados en la causa, tanto la exconsellera Salomé Pradas, como el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes recalcaron que las decisiones de aquella tarde partieron siempre del personal técnico. Entre otras, la del envío del ES Alert, que la jueza considera tardío y erróneo y es, de hecho, el núcleo de la investigación.

En un escrito presentado por Pradas a la causa, relató cómo aquella tarde "se enzarzaron en un debate" Suárez y a Basset, "quien en la comisión de investigación de la Diputación llegó a admitir que puso objeciones al envío por el posible efecto estampida". Un debate en el que participaron "todos", según el escrito, desde el presidente de la CHJ, Miguel Polo, hata el representante de la Aemet, José Ángel Núñez, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así "como la consellera atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones".

La discusión interna fue también relatada por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quien planteó una primera idea de alerta masiva pero "no triunfó". Según él, hubo "un debate" y "tensión" porque Basset advirtió de que había que tener "cuidado con no generar alarmismo" y pidió que "algunos expertos validaran el contenido del mensaje". Suárez achacó esta postura a que los bomberos "siempre han tenido un miedo a una situación de estampida". En ese contexto de desacuerdo, sobre las 18h de la tarde, Pradas, que se mostró insistente con la necesidad de un consenso en el seno del Cecopi, decidió suspender la reunión telemática del Cecopi para tomar una decisión.

En su entrevista en 'Salvados', la exconsellera aseguró que "había que escuchar al jefe operativo de la emergencia". "Es quien debe adoptar las medidas en cada momento. Si el jefe de emergencias de mayor rango y el jefe operativo entran en un debate, sería un contrasentido que un mando político dijera sí o no, o pusiera la balanza de un lado o de otro. Tenía que escucharlos y todo el Cecopi tenía que escucharlos", relató al respecto. La videoconferencia se reactivó a las 19h, cuando se abrieron más interrogantes sobre cómo iba a llegar a las zonas sin cobertura o sobre el amparo jurídico de un confinamiento. El mensaje, que inicialmente iba dirigido a los municipios aguas abajo de la presa de Forata, en peligro de colapso, tuvo que modificarse al constatarse que las inundaciones se vivían en muchos puntos de la provincia.

Este largo proceso de decisión es una de las principales vías de investigación de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, por lo que el interrogatorio a Basset girará, sobre todo, por lo ocurrido en aquellas horas y sobre los motivos del retraso en el envío de la alerta masiva. Pero no solo eso porque, además, Basset era el máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos bomberos fueron movilizados por Emergencias para vigilar el Poyo pero de cuya retirada nadie en el centro de l'Eliana se enteró.

La retirada de los bomberos del Poyo

Ante la incapacidad de disponer de los agentes medioambientales, los técnicos de Emergencias pidieron movilizar a las 12.43h al Consorcio Provincial de Bomberos para vigilar in situ tanto el río Magro como el barranco a la altura de Torrent, Picanya y Paiporta, pues eran los puntos "más delicados", en palabras de uno de los trabajadores de Emergencias. El Consorcio movilizó a las 13.05h a una unidad, que a la altura de Ribarroja vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura, pero a las 14.40h se reportó que el nivel había bajado a la mitad, por lo que la unidad se retiró. En un primer momento, Basset declaró en la comisión de investigación de la Diputación que él había ordenado esta retirada pero más tarde se descubrió que fue el sargento coordinador el que lo hizo.

Así pues, cuando llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla. Y los funcionarios de Emergencias y el cuerpo de bomberos han mantenido relatos opuestos porque mientras los primeros insisten en que no se les avisó de la desmovilización -uno de los técnicos autonómicos reconoció que tampoco insistieron-, los segundos defienden que sí avisaron a través de un canal de radio llamado UVE-Valencia y achacan a la Generalitat que no ordenara una vigilancia permanente del barranco.

En ese sentido, el subdirector de Emergencias apuntaló la postura de todos los técnicos de su departamento e insistió en que no se marcó un "tiempo de fin" para la movilización de los bomberos, si bien admitió que, debido a la "complicada" situación que vivía la sala técnica anexa al Cecopi, se esperó "un reporte" pero "no se hizo seguimiento" de esa vigilancia de barrancos. Con todo, recalcó que, cuando encomiendan una tarea a los bomberos, solo se da un "horizonte temporal" cuando "son cosas puntuales".

El reporte por parte de los agentes movilizados debía ser o por el 'chat interno' de Emergencias, la plataforma Coordcom, o a través de una emisora de radio "con control 2". Lo primero no ocurrió, como reconoció el propio sargento de los bomberos. Y sobre lo segundo, aseveró Suárez, "si [los agentes] hubieran dicho 'control 2', se habría escuchado" porque en la sala había dos técnicos y un operador. El caso es que allí nadie recibió esa información, según ratificó Suárez. El exjefe de los Bomberos deberá responder también sobre todo esto.