VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha regulado la creación de grupos técnicos asesores permanentes en materia de salud mental y adicciones, concebidos como equipos multidisciplinares de expertos que prestarán apoyo especializado a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones en la planificación, coordinación, evaluación e innovación de las políticas públicas. La medida desarrolla una de las actuaciones contempladas en el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, aprobado por el Consell en julio de 2024.
Tal y como publicaba este jueves el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estos grupos tendrán carácter consultivo y podrán elaborar recomendaciones, informes, protocolos, documentos de consenso, indicadores y propuestas de mejora, aunque sus conclusiones no serán vinculantes. Tampoco tendrán competencias decisorias o ejecutivas ni la consideración de órganos colegiados de la Administración.
Según recoge la resolución firmada por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el objetivo es incorporar de forma sistemática el conocimiento científico, la experiencia profesional y las buenas prácticas nacionales e internacionales al diseño y evaluación de las políticas públicas de salud mental y adicciones. Entre sus cometidos estará favorecer la toma de decisiones basada en evidencia científica, impulsar la innovación organizativa y asistencial, mejorar la calidad y seguridad de la atención y facilitar la coordinación entre recursos y niveles asistenciales.
También podrán elaborar propuestas sobre la planificación y organización de los recursos asistenciales, colaborar en la definición de indicadores de calidad y resultados, revisar programas y estrategias de la Dirección General e identificar necesidades de formación, investigación e innovación. Además, se prevé que sirvan para reforzar la relación con sociedades científicas, universidades, centros de investigación, colegios profesionales y otras instituciones de referencia.
Expertos, profesionales y pacientes
La composición de estos grupos podrá ser especialmente amplia. Sanidad prevé que formen parte de ellos profesionales del Sistema Valenciano de Salud y de otras administraciones públicas, docentes universitarios, investigadores de centros públicos o privados, representantes de sociedades científicas y colegios profesionales, así como expertos nacionales o internacionales.
La resolución abre también la puerta a incorporar a personas con experiencia vivida y representantes de asociaciones de pacientes, familiares o entidades del tercer sector vinculadas con la salud mental y las adicciones. La composición deberá procurar un equilibrio entre perfiles profesionales y ámbitos de conocimiento, con un enfoque multidisciplinar y una presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Los integrantes serán nombrados mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones por un periodo de cuatro años, aunque podrán ser renovados posteriormente. Cada grupo contará además con una presidencia y una secretaría, y la presidencia recaerá, con carácter general, en una persona de reconocido prestigio en el ámbito de actuación correspondiente.
La Dirección General podrá crear, modificar o suprimir estos equipos en función de las necesidades asistenciales, organizativas, científicas o estratégicas. En cada caso deberá fijar su denominación, ámbito de actuación, objetivos, carácter permanente o temporal, composición inicial y unidad administrativa encargada de prestarles apoyo.
Independencia técnica y declaración de conflictos de interés
Los grupos trabajarán con autonomía técnica e independencia de criterio científico, aunque bajo la dirección y coordinación de la Dirección General. Cada uno deberá elaborar un plan de trabajo con objetivos, actuaciones, calendario y resultados previstos, que tendrá que ser aprobado por este centro directivo. Asimismo, podrán constituirse equipos específicos para abordar materias concretas.
Sus miembros deberán guardar confidencialidad sobre la información y deliberaciones a las que tengan acceso y estarán obligados a realizar una declaración de ausencia de conflictos de interés o, en caso de que existan, comunicar aquellos intereses profesionales, económicos, científicos o personales que puedan afectar a su imparcialidad. La existencia de un conflicto no supondrá automáticamente la exclusión del grupo, aunque sí podrá obligar al experto a abstenerse en determinados asuntos.
Sanidad evaluará anualmente la actividad de estos órganos. El informe deberá recoger, entre otros aspectos, los grupos existentes, las reuniones celebradas, actuaciones desarrolladas, documentos elaborados, grado de cumplimiento de los objetivos y propuestas de mejora.
La creación de los grupos no supondrá un incremento del gasto público ni nuevas estructuras administrativas. La pertenencia a ellos tampoco será retribuida, aunque podrán abonarse los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento derivados de la asistencia a reuniones.
