VALÈNCIA. La jueza de la Dana sigue intentando recuperar los mensajes que se cruzaron en las horas críticas de la catástrofe el que fuera president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su entonces jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, quien devolvió su teléfono móvil a la Generalitat reseteado y con los datos borrados una vez abandonó su cargo a finales del año pasado. El ex alto cargo dio su permiso para acceder a sus conversaciones, así que la magistrada ordenó a la Guardia Civil que tratara de averiguar si es posible pero parece difícil.

Al menos es lo que se deduce por la contestación del Equipo de Investigacion Tecnologica (EDITE) de la Unidad Organica de Policia Judicial, que según la Guardia Civil es el grupo que tiene "la capacitacion técnica para este tipo de solicitudes". En la respuesta, los expertos aseguran que se puede enviar una solicitud a Whatsapp aunque señalan que la empresa borra los datos de sus usuarios, según las directrices que poseen las fuerzas de seguridad

"WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados. Ademas, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores despues de 30 dias", recogen las mencionadas directrices, según el documento al que ha tenido acceso Valencia Plaza, donde también se especifica que, cuando un usuario elimina su cuenta, la compañía "elimina la información conservada".

Este proceso de conservación "puede tardar hasta 90 dias y las copias de la información del usuario pueden conservarse durante un periodo de tiempo más largo como copia de seguridad para recuperar los datos perdidos en caso de desastre, error de software u otro evento de pérdida de datos". En tales casos, aclara, "las copias de algunos materiales, como los registros de actividad, pueden permanecer en la base de datos de la empresa, pero se desvinculan de los identificadores personales".

Los expertos explican así que, teniendo en cuenta todo esto, el medio para solicitar los mencionados datos sería una Comisión Rogatoria Internacional dirigida a obtener aquellos datos que pudiera tener en su poder la empresa.

En el caso de Telegram, hay mucha más incertidumbre: "En las directrices que esta unidad posee para Fuerzas y Cuernos de Seguridad y Autoridades Judiciales redactadas en el marco del Proyecto Sirius de Europol no se indica la posibilidad de solicitar contenido de las conversaciones, por lo que se desconoce si atienden a dichas peticiones", dice el documento. Con todo, la única forma "viable", dicen los expertos, sería , en todo caso, la expedicion de una Orden Europea de lnvestigacion dirigida a Telegram, a Bélgica.

Móvil reseteado

En su momento, la magistrada había pedido a la Generalitat Valenciana que dijera si era factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Cuenca y Mazón. Así, en el informe de respuesta de la Dirección General exponía a requerimiento de la jueza que el terminal está bajo custodia de la administración autonómica y que está "a disposición" de la instructora por si lo requiere. Pero el móvil, un iPhone 14 Pro, el último de los cuatro que tuvo Cuenca, "ha sido reseteado antes de su entrega a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

Esto implica, según el informe, que "todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". De hecho, abunda el documento entregado a la jueza, el terminal "tiene ahora la configuración de inicio del fabricante". Asimismo, el informe explica que el teléfono estuvo activo hasta el 9 de diciembre "aunque no se puede determinar su uso", y que tuvo la aplicación Whatsapp instalada en el móvil pero, recalcaba, "no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación”.

Cabe recordar que Cuenca, en sus dos declaraciones ante la jueza de la Dana, aseguró que esos mensajes con Mazón los perdió tras su cambio de terminal, del que no hizo copia de seguridad. En ese sentido, dijo que no puede "recuperarlos" porque "no tenía copia de seguridad". De ahí el requerimiento que hizo la magistrada a la administración autonómica, que ahora parece cierra la puerta a poder acceder a esos mensajes.