VALÈNCIA. Las lluvias torrenciales de esta semana en la Comunitat Valenciana han traido a la 'zona cero' de la Dana los ecos de la catástrofe. Es casi inevitable para muchos pensar en aquella fatídica tarde cuando la Aemet lanza un aviso rojo. Así, casi un año después, las precipitaciones han hecho que muchas miradas se hayan fijado en la actuación de las administraciones para evitar daños y proteger a la población: no solo la Generalitat Valenciana, cuya previsión ha contrastado con la respuesta del pasado 29 de octubre, sino también de otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y que dirige Miguel Polo, es el encargado de la mayoría de embalses y presas, además de ser una de las fuentes de información fundamentales para la gestión de emergencias. Así lo ha revelado la investigación sobre la última Dana y por eso las tormentas de esta semana y el resto de otoño, de alguna manera ponen a prueba también su óptimo funcionamiento: desde la operatividad de los sensores hasta la implantación de sistemas de aviso o la gestión que se hace del personal en momentos de alerta.

Precisamente una de las debilidades de la demarcación del Júcar frente a otras como la del Ebro cuando llegó la Dana era la ausencia de un sistema de alerta temprana (SAT). Se trata de una herramienta que permite prever riadas para que los responsables de la emergencia puedan tomar las decisiones con la mayor antelación posible. El 29 de octubre no existía en la CHJ y tras la catástrofe, su implantación fue una de las prioridades, incluída precisamente en el plan de obras hidrológicas del organismo.

Sin embargo, como publicó Valencia Plaza, el ente ha llegado a estas lluvias con los trabajos a medias. En las obras de emergencia acometidas justo después de la catástrofe, la Confederación instaló un primer sistema de alerta temprana "en las áreas más afectadas por la Dana, lo que podría facilitar la emisión de avisos hidrológicos", según expuso el organismo en un informe presentado a Les Corts Valencianes. Se ha implantado en el barranco del Poyo, el Río Magro y la cuenca vertiente al embalse de Buseo.

Desde el mes de junio, se ha estado probando este sistema piloto, que debía ser "completado posteriormente mediante un contrato ordinario", tal como reflejó en su momento aquella adjudicación de urgencia. Fue a mediados de septiembre cuando la Confederación lanzó el concurso para contratar la implantación completa y explotación de este sistema. La licitación, por un valor inicial de 1,5 millones de euros, contempla un plazo de ejecución del contrato de tres años, con una posible prórroga de dos años más. Aunque este será el tiempo de explotación del sistema, se espera que se empiece a usar a partir de los dos años, y se irá extendiendo de forma progresiva a lo largo y ancho de la red.

El temporal de esta semana también ha revelado fallos en varios caudalímetros de la red de la Confederación, encargados de transmitir la situación de cauces y barrancos casi en tiempo real a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Hasta seis sensores no aportaban información este lunes, en plena alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana a partir del aviso de Aemet. Por ejemplo, las gráficas de los sensores de Agua Potables en Manises, de Requena, y de los Frailes en la provincia de Albacete, estaban vacías "por motivos técnicos o de comunicaciones". Otros tres, en las provincias de Albacete y Cuenca, aducían un "error de medición".

Desde el ente han defendido en reiteradas ocasiones, como lo ha hecho su presidente ante la jueza de la Dana, que los caudalímetros de la red de la Confederación son una herramienta de observación y no de previsión y sus datos deben ser corroborados por otros medios como, por ejemplo, la vigilancia in situ por alguno de los cuerpos de seguridad y emergencias previstos en la normativa. Con todo, el SAIH no deja de ser uno de los 'ojos' más rigurosos con los que cuenta la administración a la hora de conocer la situación de cauces y barrancos.

El despliegue de agentes medioambientales por parte de la CHJ ha sido otro foco de atención, habida cuenta de que en la última Dana, los miembros de su Policía de Aguas cumplieron estrictamente con su horario hasta las 15.30h o hasta las 17h como tarde, por lo que no pudieron detectar la riada. Así lo expuso el propio organismo en su informe remitido al parlamento autonómico valenciano, donde especificó que en este ámbito cuenta con una plantilla de 55 empleados repartidos por toda la cuenca, de los cuales una decena correspondía a la zona afectada por la Dana.

Esta semana, la Generalitat Valenciana quiso incidir en la respuesta de la Confederación en este plano y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, afeó al organismo "la falta de respuesta" sobre cuántos agentes medioambientales habían participado en la vigilancia de cauces y barrancos durante el episodio de lluvias. Según Valderrama, el silencio hacía "pensar" que la CHJ no había movilizado "a ninguno". El organismo salió al paso de las insinuaciones para aclarar que "todos los agentes medioambientales [...] disponibles se desplegaron sobre el territorio y cumplieron, como siempre, con las funciones de inspección y vigilancia de cauces".

En este sentido, la CHJ subrayó que "no es un servicio de intervención ni tiene competencias en la gestión de emergencias". "La función de los agentes medioambientales de la CHJ es la atención de las solicitudes de actuación e información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación en lo referido a la vigilancia del Dominio Público Hidráulico", apuntaron las fuentes del organismo, para incidir en que "ni los agentes medioambientales de la CHJ ni los datos suministrados a tiempo real a través del SAIH suplen en ningún caso la vigilancia que deben llevar a cabo los servicios de intervención desplegados en el territorio, dependientes de las autoridades que sí son competentes en la gestión de emergencias".