VALÈNCIA (EP). El 70% de las entidades locales de la Comunitat Valenciana rindió la información de control interno de sus cuentas del ejercicio 2023 dentro del plazo legal, según un informe de la Sindicatura de Comptes. Ahora bien, este porcentaje alcanza el 83,6% en la fecha de realización de este análisis (31 de octubre de 2024).

La auditoría se centra en la información de control interno correspondiente a 2023 que los órganos de intervención debían remitir telemáticamente a través de la plataforma de rendición de cuentas hasta el 30 de abril de 2024. Se analizan cuatro ámbitos: información sobre el ejercicio del control interno; acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del órgano interventor; acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de fiscalización previa; anomalías en la gestión de ingresos.

Se han analizado estos aspectos en una muestra de 12 municipios del tramo de población comprendido entre 10.000 y 30.000 habitantes: Alboraya, Benaguasil, Benifaió, Benissa, Canals, Castalla, Cocentaina, Monòver, Paiporta, Picanya, Puçol y Riba-roja de Túria.

De la información rendida se han obtenido las incidencias más significativas detectadas. Esto permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto, explica Sindicatura en un comunicado.

Entre las conclusiones, existe un alto grado de provisionalidad en el puesto de intervención reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 47,7% en 2023. Además, un 76,7% de los órganos de intervención consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales.

En general, destaca el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, su remisión al pleno de la corporación y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como la confección del plan de acción. También es relevante la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente.

Solo un 6,7% del total de intervenciones que remitieron información relativa al control interno afirmaba haber realizado auditorías públicas en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas durante 2023. Durante ese ejercicio hubo 203 entidades que comunicaron la adopción de 6.809 acuerdos contrarios a los reparos de la intervención, con un importe total asociado de 272 millones de euros.

Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, expedientes de contratación, gastos de personal, incumplimientos en la prelación de pagos y encargos a medios propios. La causa más común fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno y por la junta de gobierno.

Solo 114 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2023. El número de expedientes ascendió a 3.179, con un importe total asociado de 205 millones de euros. Las causas más frecuentes fueron la falta de tramitación del correspondiente expediente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.

En el ámbito de los ingresos, 30 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 185 expedientes, con un importe asociado de ocho millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.

Recomendaciones

La Sindicatura de Comptes reitera la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido, además de que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos.

La aplicación del principio de enriquecimiento injusto, reconocido por la jurisprudencia, debería ser "totalmente excepcional", por lo que se deben adoptarse acciones dirigidas a evitar que se produzca y depurar las posibles responsabilidades que se puedan derivar.

Por último, pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, con el objetivo de que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.