VALÈNCIA (EFE).  La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la muerte del exalcalde de Gandia (Valencia) Arturo Torró, aunque cobra más fuerza la que relaciona el crimen con las importantes deudas que tenía el que fuera regidor de ese municipio.

Así lo han señalado a EFE fuentes próximas a la investigación, que han indicado que el arma con la que fue disparado es una pistola del calibre 6,35, de pequeño tamaño y poco habitual. Las mismas fuentes han confirmado que el exalcalde fue agredido en África en 2023, como adelantó el martes El País, y han recordado que la víctima había tenido negocios de importación de aceite en Kenia y en Colombia.

De todos modos, a Torró no le iba muy bien en los negocios, como subrayan las fuentes, que los califican de "ruinosos" y "en la cuerda floja", hasta el punto de que generó muchas deudas. Por ello, los agentes encargados del caso, que tienen abiertas varias líneas de investigación, centran también sus pesquisas en un posible ajuste de cuentas.

Sobre la agresión en África, las fuentes consultadas por EFE han explicado que una de las personas a las que se ha interrogado ha contado que tras esa agresión, Torró estuvo en el Reino Unido, donde le curaron, y que después ya en la Comunitat Valenciana denunció los hechos a la Policía Nacional.

El cadáver de Torró fue hallado la noche del pasado día 19 sobre las 22:30 horas tras recibirse en la Policía Local el aviso de que había un vehículo averiado en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura del municipio de Xeresa (Valencia), en sentido Gandia.

La mujer del alcalde fue quien avisó a los servicios de emergencia, que encontraron el cuerpo del exalcalde varios metros del vehículo, un Mercedes, que estaba a nombre de su mujer, de nacionalidad letona, y aún tenía el motor encendido cuando llegaron los agentes.

Arturo Torró, de 62 años, fue alcalde de Gandia entre 2011 y 2015 por el PP. Fundador del Grupo MasVisión y de Hidrosalud, fue condenado en abril de 2023 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de Gandia de 2012 a 2015.

Según la sentencia, en el caso de Torró "concurría la condición de autoridad o funcionario con facultad decisoria y capacidad para disponer de caudales públicos". Arturo Torró había abandonado, en febrero de 2016, el cargo de presidente del PP de Gandia para "no generar polémica" y negaba entonces que su decisión estuviera motivada por su citación, al mes siguiente como investigado por el cierre de la televisión municipal.

Una semana antes ya había anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento, por motivos, aseguró, personales, tras una sentencia del Tribunal Supremo sobre Bankia que le era favorable, y por el compromiso que había adquirido con sus hijos antes de las últimas elecciones de que si este hecho se producía abandonaría su actividad política municipal.