VALÈNCIA. Aunque parezca complicado, así ha sido: las dos principales administraciones encargadas de la reconstrucción tras la Dana en la provincia de Valencia han elaborado y presentado sus planes sin diálogo ni coordinación. Tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana han trabajado en los últimos meses en sus respectivos proyectos para la prevención de inundaciones y la recuperación material, social y económica de las zonas afectadas, pero lo han hecho de espaldas la una a la otra.

Así, ambas instituciones han diseñado sendos documentos con una mirada independiente, lo cual se refleja en la superposición de materias o directamente, la inclusión de actuaciones que corresponden a la otra administración. Por ejemplo, el plan elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la misistra Sara Aagesen, se centra en medidas vinculadas a las competencias de aguas correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pero también toca algún área de competencia autonómica como la ordenación del territorio. Mientras que el plan autonómico de la Conselleria para la Recuperación, que encabeza Gan Pampols, abarca el ámbito más social y económico, así como infraestructuras, equipamientos y emergencias, pero la mitad de su presupuesto corresponde a obras que ha de hacer el Gobierno.

La administración autonómica presentó el pasado lunes el borrador del Plan de Recuperación Económica y Social en un acto dirigido por el titular del Consell, Carlos Mazón, y Gan Pampols. Cita a la que sólo acudió el comisionado para la Recuperación, José María Ángel, en representación del Gobierno central, lo que da buena muestra de la anomalía institucional que se vive en los últimos meses en la Comunitat Valenciana por la falta de diálogo entre ambos ejecutivos.

El plan completo consta de 700 páginas pero se dio a conocer un primer avance con 339 medidas y una inversión total de 29.000 millones de euros. Y lo cierto es que no ha contado con ninguna aportación ni coordinación con el Gobierno. Sin ir más lejos, este jueves en una entrevista en À Punt, el conseller para la Recuperación lamentó no haber podido debatir el programa con representantes estatales al no haberse atendido su petición de una comisión mixta, formulada en febrero y abril.

Ante la posibilidad de tener que ejecutar el plan sin la colaboración del Gobierno central, el vicepresidente señaló que "el grado de probabilidades bajo" e insistió en que "si se crease un órgano mixto con los municipios, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno al día siguiente se podría empezar a trabajar". También se refirió, a preguntas de los periodistas, a las críticas vertidas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien no acudió a su presentación pero sí lo criticó asegurando que parte de las medidas que son responsabilidad del Gobierno ya se están ejecutando y que al Consell "le quedan unos cuantos millones para llegar a lo que ha dicho".

En ese sentido, Pampols dijo no entender "por qué alguien opina de algo sin leerlo". "La prudencia es importante", agregó, para proseguir asegurando que "hay que entender primero qué elementos del plan le afectan o en cuáles se pide colaboración". "A priori decir que ya se está haciendo o que no importa... Espérese, es lo que digo a quien opina sin leer", sentenció durante su intervención en la radiotelevisión pública.

21 proyectos y el 43% del presupuesto dependiente del Gobierno

Lo cierto, sin embargo, es que 21 proyectos de los previstos por el Plan Endavant -el nombre que recibe- corresponden exclusivamente a la Administración General del Estado mientras que otras 33 son de responsabilidad compartida entre la Generalitat y otras admnistraciones como el Gobierno, ayuntamientos o Diputación de Valencia. En total, contempla medidas por valor de 12.600 millones (más del 43%) que dependen del Ejecutivo central y organismos estatales frente a los 14.500 millones que ha de ejecutar el Gobierno autonómico (50%).

Por ejemplo, el plan exige al Gobierno "definir y desplegar el plan integral frente a inundación" en seis cuencas y barrancos: el barranco del Poyo, el barranco de la Saleta, las cuencas tributarias de la Albufera, la cuenca del Magro, la cuenca baja del Turia y la cuenca baja del Júcar. También reivindica la mejora de los "contenidos" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la coordinación para perfeccionar las alertas meteorológicas, así como mejorar el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que dependen de la CHJ, con nuevos sensores de aforo y sistemas avanzados de medición, entre otras múltiples medidas.

La competencia autonómica del territorio en el Plan del Ministerio

Por su parte, el plan del Ministerio para la Transición Ecológica fue presentado a finales de mayo, primero a las asociaciones de víctimas, más tarde en un acto público celebrado en la Universitat Politécnica de València, y ya en junio a los alcaldes de las localidades afectadas y respresentantes del Gobierno valenciano. Un programa con 335 millones de euros en inversiones, especialmente centradas en obras hidráulicas pero también en adaptación de viviendas y edificaciones a situaciones de inundación.

Así, el plan contempla 14 proyectos de actuaciones en barrancos y ramblas para mejorar la protección frente a inundaciones, aumentar la capacidad de los cauces o prever zonas de inundación 'controlada' que premitan laminar el agua en casos de avenidas. Parte de ellos ya estaban contemplados pero no se habían ejecutado, como el desvío de La Saleta al río Túria -el más avanzado-, por lo que se han actualizado conforme a los registros de inundaciones tras el episodio de octubre

Pero además, el documento completo, que ha salido recientemente a exposición pública, incluye un apartado dirigido a las modificaciones normativas que pretenden endurecer las limitaciones a la implantación de determinadas actividades en zonas inundables. Algo que ha de llevarse a cabo a través de los planes urbanísticos y la ordenación del territorio, competencia de carácter autonómico.

El Gobierno, en ese sentido, reconoce que las leyes estatales de aguas y de dominio público hidráulico no son suficientes para prevenir daños en riadas como la del 29-O, por lo que introducirá cambios en estas normativas que dificulten la construcción de determinados usos en áreas peligrosas. Cambios que serán de aplicación a todo el estado y que se aprueban a raíz de la Dana pero que, sin embargo, no han sido dialogados con la Generalitat Valenciana.