VALÈNCIA. El decreto que marcará las nuevas reglas para el taxi y VTC en la Comunitat Valenciana encara su aprobación este viernes. Y es que el pleno del Consell prevé dar luz verde a esta norma que tiene en pie de guerra al sector desde hace un año. Sin embargo, aunque el decreto aspira a poner fin al conflicto mediante una fórmula que permita la convivencia entre ambos modelos de transporte, el propio conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ya ha reconocido en más de una ocasión que será complicado que satisfaga por completo a ambos bandos. 

Para empezar, el nuevo marco regulatorio nace ya ensombrecido por las acusaciones de falta de transparencia por ambas partes debido al estricto recelo administrativo con el que se ha desarrollado. "El sector del taxi no sabe nada. Nos hemos enterado de que se va a aprobar el decreto por la prensa. Nos parece una falta de respeto que no nos hayan comunicado nada y nos tengamos que enterar por la prensa. Un sector del que vivimos más de 9.000 familias en la Comunidad Valenciana", lamenta Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, las patronales de las VTC (Unauto VTC y Movva), expresaron este jueves su "profunda preocupación" ante las informaciones de que el decreto-ley se aprobaría en el pleno de este viernes, puesto que no han sido informados sobre el proceso del mismo, según indican. "Si el Consell no ofrece de forma inmediata visibilidad sobre el proceso y el texto regulatorio, el sector estudiará la convocatoria de movilizaciones en Valencia durante los próximos días", advirtieron ayer desde este sector, conocido especialmente por las firmas de Uber y Cabify.

Más allá del malestar por el hermetismo de la conselleria, el verdadero pulso comenzará una vez se publique el contenido del texto. Sobre la mesa de Martínez Mus se han acumulado durante meses varias líneas rojas insalvables para ambos operadores.

"Esperamos que cumpla su promesa de proteger al servicio público del taxi y que desde luego no se permita a las VTC realizar servicios urbanos en la Comunitat Valenciana. En caso de que lo permitan, estoy convencido de que el sector se volcará a denunciar al conseller y a la conselleria y pedirá indemnizaciones", advierte Del Molino. Mientras, las patronales de los vehículos con conductor también amenazan con movilizaciones si finalmente el texto les retira la posibilidad de realizar trayectos urbanos. 

En definitiva, se trata de un pulso normativo. El principal dilema del Consell pasa por definir hasta dónde pueden operar las VTC dentro de las ciudades y bajo qué condiciones, sin provocar un nuevo choque judicial. Estos son los grandes puntos de fricción donde chocan frontalmente los intereses de ambos servicios.

El examen del servicio urbano: ¿quién opera en la ciudad?

Es el núcleo de la disputa. El taxi exige una delimitación perimetral estricta que expulse de facto a las VTC de la operativa puramente urbana (el día a día dentro de las ciudades), alegando que el espíritu original de esas licencias de VTC era el transporte interurbano, es decir, entre ciudades.

Las patronales de VTC (Unauto y Movva) advierten que el Consell "no puede legislar bajo presión ni adoptar decisiones que supongan, directa o indirectamente, la expulsión de las VTC del ámbito urbano" y se amparan en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminara que carece de fundamento sostener que las VTC no puedan prestar servicios urbanos en la región. Además, también defienden que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la obligación de establecer 30 minutos de precontratación y prohibió el uso de geolocalización previa de los VTC.

Al respecto, los taxistas aseguran que estas sentencias no son firmes y están recurridas ante el Tribunal Supremo. El Consell busca un equilibrio para mantener la actividad de las VTC bajo condiciones severas, algo que no termina de convencer a ninguna de las dos partes.

La barrera del tiempo: el regreso de la precontratación

En regulaciones previas de otras autonomías, se impuso la obligación de contratar las VTC con una antelación mínima (habitualmente 15 minutos) para evitar que compitan por la "inmediatez" de la captación en la calle, un derecho exclusivo del taxi aún a día de hoy.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y varios tribunales superiores españoles han ido tumbando estas restricciones temporales por considerarlas desproporcionadas. La Generalitat se enfrenta al reto de buscar fórmulas de diferenciación (como limitar la geolocalización en las apps para que el usuario no vea los coches libres en un mapa cercano) sin incurrir en ilegalidades que tumben el decreto en los tribunales.

Autorizaciones sin control y ratios de proporción

Una de las principales quejas del sector del taxi es el aumento constante de autorizaciones VTC "sin ningún control". Según trasladan, actualmente habría más de 5.000 solicitudes en trámite, mientras que en el último año ya se han concedido más de 800 licencias en la Comunitat. 

Dichas autorizaciones son concedidas por la Generalitat y es aquí, de nuevo, donde reside el núcleo del problema: las VTC están realizando trayectos urbanos en Valencia pese a que las licencias son regionales, mientras que el taxi, para hacer servicios urbanos, requiere de licencias municipales.

Pero, además, el conflicto arrastra el debate histórico sobre la proporción entre licencias VTC y taxi, después de años de litigios en torno a la regla estatal que limitaba las VTC a una por cada 30 taxis. 

Modelo empresarial

El conflicto enfrenta también dos modelos empresariales opuestos: el taxi tradicional, sujeto a tarifas y licencias limitadas, frente a plataformas digitales con estructuras de flota y precios flexibles.

El taxi defiende su modelo tarifario regulado frente a la libertad de precios de las VTC. Critican que estas plataformas puedan aplicar precios dinámicos y modificar sus tarifas en función de la demanda.

Sin embargo, el debate sobre el precio fijo también divide al sector. Mientras la Administración estudia posibles cambios, la Confederación de Taxistas Autónomos se muestra contraria y temen que publicar precios cerrados facilite que las VTC ajusten sus tarifas para competir directamente.

La amenaza judicial 

La Generalitat afronta además el riesgo de aprobar un decreto parcialmente inviable si los tribunales vuelven a tumbar algunas de las restricciones más duras contra las VTC. Buena parte de las regulaciones impulsadas en otras autonomías durante los últimos años han acabado recurridas ante los tribunales por las plataformas y patronales del sector.

De hecho, el temor a una nueva cascada de litigios condiciona parte de la estrategia jurídica del Consell, que busca blindar el texto para evitar que medidas como la precontratación obligatoria, las limitaciones de geolocalización o las restricciones al servicio urbano puedan ser anuladas posteriormente.

Las asociaciones del taxi, sin embargo, reclaman al Ejecutivo valenciano que no rebaje las limitaciones por miedo a futuras sentencias y exigen una regulación contundente que proteja su condición de servicio público.

El impacto sobre usuarios y movilidad

Más allá del choque entre operadores, el decreto también tendrá consecuencias directas sobre los usuarios y sobre el modelo de movilidad urbana de las ciudades valencianas. El endurecimiento de las restricciones a las VTC podría afectar a la disponibilidad de vehículos en momentos de alta demanda, eventos o franjas nocturnas, mientras que el taxi insiste en que una mayor presencia de plataformas termina generando competencia desregulada.

El debate también alcanza a espacios especialmente sensibles como estaciones y aeropuertos, donde históricamente se han concentrado buena parte de las tensiones entre ambos servicios por la captación de viajeros y la operativa de recogida.