VALÈNCIA. El juicio de la conocida como pieza E del caso 'Taula' transita ya por sus últimos compases después de que en las últimas dos semanas hayan pasado a declarar por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia diferentes testigos. Se juzga un presunto sistema de comisiones a cambio de adjudicaciones en la concejalía de Cultura durante la época de Rita Barberá, cuando dirigía el departamento la concejala María José Alcón, fallecida en 2018. Se trata de varios contratos que habrían sido amañados para favorecer a determinadas empresas, según las investigaciones que han desembocado en el juicio.

El pasado jueves, varios técnicos comparecieron ante el tribunal y defendieron la legalidad de los procesos de contratación. Por ejemplo, en uno de los concursos cuestionados por la investigación, para la limpieza del monumento de La Lonja. El funcionario del Ayuntamiento de València que participó en la redacción de los pliegos negó instrucciones para el diseño de los mismos.

El testigo fue interrogado por el procedimiento seguido y rechazó que recibiera ninguna influencia para la elaboración de los pliegos que regirían la licitación. "Otra cosa es que los revisaran", aseguró en referencia a sus superiores o la mesa de contratación. Y aunque admitió que "es posible que no fueran los que acabó aprobando la mesa de contratación", recalcó que lo habitual es que la mesa los acepte. Asimismo, dejó claro que no tenía ninguna "preferencia" por ninguna empresa y que se siguieron "criterios profesionales" para la adjudicación.

Durante esta semana, también pasó a declarar un perito, encargado por el juzgado de instrucción para realizar varios informes que obran en la causa, y ratificó sus conclusiones sobre los "indicios de fenómenos extraños" en los procesos de contratación investigados, especialmente en el de la La Lonja, donde la UTE encargada ganó el concurso público, dijo, "sobre todo por las mejoras" que presentó, con una "diferencia enorme" respecto a sus competidoras.

Sobre todo, el perito se centró en unas ampliaciones de las actuaciones que se hicieron, una vez adjudicado el contrato, de manera "irregular". "Es un tema un poco extraño o rocambolesco" porque el contrato solo pedía la conservación del monumento pero más tarde los arquitectos propusieron "otros trabajos" que eran "importantes". Y lo hicieron cuando, dos semanas antes, "ya se había presentado y aprobado el proyecto de modificación con cuatro trabajos diferentes". Ese calendario es uno de los motivos de sospecha por parte del perito, según el cual no es "natural" el modo en el que se hizo la ampliación, con unos cirterios "de risa" y un escrito donde los arquitectos incluyeron "cosas que no vienen a cuento para justificar que la empresa siguiera haciendo ese trabajo". "En un informe técnico, que expertos de prestigio digan eso, me produce vergüenza; los arquitectos debemos separarnos del constructor para gozar de independencia", sostuvo.

Dos de los arquitectos que participaron en los proyectos también comparecieron ante la Audiencia Provincial esta semana y enmarcaron los trabajos adicionales dentro de la normalidad. Así, justificaron no solo la "necesidad" de dichas actuaciones sino también que fuera la empresa adjudicataria las que los llevara a cabo. "No van a estar dos empresas diferentes actuando sobre el mismo edificio", justificó uno de ellos ante las preguntas de la sala. Los arquitectos sostuvieron que era un "proyecto complementario" y, aunque el perito aseguró que no encontró ese segundo proyecto, ellos declararon que sí lo elaboraron y que se entregó a la administración, y que incluso "hubo intervención de la Conselleria de Cultura" para validar esos trabajos.