VALÈNCIA. Este lunes se conoció la sentencia de un juzgado de Valencia que avalaba la concesión, por parte del Ayuntamiento de València, de la licencia de obra para la construcción del Nou Mestalla. El tribunal desestimaba así un recurso presentado por la asociación Libertad VCF en un fallo contra el que todavía cabe recurso. Pero más allá de este proceso sobre el permiso municipal, sigue sin resolverse otro litigio, relativo al plan urbanístico que ha amparado la reactivación de las obras en el coliseo de Cortes Valencianas.
Desde el pasado mes de septiembre está visto para sentencia en la Sección Primera de la Sala de lo contencioso del TSJ el conflicto presentado también por Libertad VCF contra las fichas urbanísticas aprobadas por el consistorio del Cap i Casal y que afectan no solo a los terrenos del Nou Mestalla sino también a los del antiguo estadio, sito en la avenida de Aragón. La asociación sostiene que hay varios incumplimientos en el plan urbanístico, extremos que niegan tanto el Ayuntamiento como el Valencia CF. Todavía no hay fecha para la votación y fallo.
Una de las cuestiones en litigio tiene que ver con el hotel icónico de la avenida de Aragón al que el Valencia CF se comprometió en la ATE pero que nunca se ha llegado a construir. El hito parece que se 'diluye' en el actual plan urbanístico puesto que unos y otros se achacan la responsabilidad de esa falta. El club che y el consistorio señalan al propietario de la parcela, la firma HCG Levante, que es quien debe pedir las licencias, mientras que esta cuestiona su obligación de llevar a cabo el hotel prometido en su momento por el Valencia.
La asociación, por su parte, insiste en que la resolución anticipada de la ATE, aprobada por la Generalitat Valenciana por los incumplimientos del club, no solo caducó la herramienta urbanística sino que también "determinó ciertas condiciones de gestión de necesaria observancia", entre ellas la edificación de este establecimiento hotelero. Se trata de unas condiciones que, recalca Libertad VCF, "simplemente se pretenden evitar a través del establecimiento de una fichas de gestión que no se adecúan al acuerdo del Consell, pese a que se defiende lo contrario". "El VCF dice una cosa y hace la contraria" mientras que, a juicio de la asociación, el Ayuntamiento "se lo permite".
Otro de los puntos del conflicto gira en torno a la reserva de vivienda protegida. La asociación asegura que el plan no tiene en cuenta la obligatoria reserva en los casi 76.000 metros cuadrados de edificación residencial contemplada. Al respecto, el Ayuntamiento defiende que cuando se aprobó la ATE, la herramienta urbanística aprobada en 2012 y que se ha modificado, no era "exigible" esta reserva por parte de la normativa, mientras que el Valencia CF asegura que en la modificación aprobada por el consistorio no afecta a esta cuestión, por lo que no es recurrible ahora, y que en todo caso, tampoco sería exigible la mencionada reserva porque la ATE tenía una finalidad "ajena al uso residencial" y estaba centrada en la construcción del nuevo estadio.
Sobre esto último, la asociación defiende que "una cuestión es el uso predominante del suelo (y este indudablemente es residencial [...]) y otra bien distinta es el objetivo del planeamiento". "Pareciera ahora que no se pretende edificar ni una sola vivienda en el ámbito, insólito", llega a ironizar al respecto. Además, recuerda que según el Tribunal Supremo, la obligación de la reserva existe "con independencia" del instrumento urbanústico que se apruebe. Y recalca que el hecho de que la "ilegalidad" ya existiera en la ATE es "intrascendente" porque no debe "mantenerse" en los planes posteriores, que -insiste- deben cumplir la normativa.
El contencioso apunta también a las dotaciones de aparcamiento cuyos mínimos incumpliría el plan urbanístico denunciado por la asociación. El Ayuntamiento defiende que el plan de movilidad de la ATE fijó una reserva mínima que arrojaba un total de 1.094 plazas, pero la asociación insiste en que, para la modificación del plan, "no se redactó un estudio de aparcamientos como exigía el propio acuerdo plenario" y que en el expediente no queda acreditado el cumplimiento de los estándares, "como ya reflejaron los servicios técnicos municipales". El club reconoce el incumplimiento sobre las plazas de carga y descarga si bien asegura que se pueden ubicar "en un momento posterior", y que las plazas en el subsuelo de colegios están permitidas siempre que no dificulten el uso educativo.
En cuanto a los informes de viabilidad económica, la asociación denuncia incumplimientos de la normativa porque estos estarían vacíos de "contenido material y real", y en el caso de la memoria de sostenibilidad, era "mera literatura", "simplista y estereotipada", y por tanto "no es válida". Apreciaciones que a juicio del Ayuntamiento son subjetivas. La asociación pone de relieve, por ejemplo, que los costes de mantenimiento de las dotaciones públicas se mantengan invariables en los cálculos de 2014 y los de 2024. Libertad VCF tampoco considera suficiente la memoria de viabilidad financiera al considerar que el apartado de ingresos "carece de rigor" por no contemplar la reserva de vivienda protegida exigible y no recoger este impacto -sus precios son limitados-.
